NOTICIAS

NO ES LA INFLACIÓN EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES PUBLICAS.

Jon Gorrotxategi está en Zarauz.

Las últimas noticias en la prensa nos presentan una situación dramática respecto a las pensiones publicas, en base a la evolución de la carestía de la vida, para ofrecernos sus conclusiones nada novedosas. Vuelven a la carga con la idea de que las cuentas de la Seguridad Social están amenazadas por la subida de la electricidad y los carburantes. La inflación que alcanzará como mínimo un 2,5% este año echará por tierra el dato del 0,9% establecido en las previsiones del Ejecutivo.En definitiva, las Pensiones Publicas serán impagables.El mantra al que nos tienen acostumbrados para convencernos que se necesitan más recortes, ya que la subida de la inflación obligará al Estado a gastar 4.900 millones más en pensiones el próximo año.Son los análisis de distintas casas ( que siempre son gestoras de Fondos Privados, o ejecutivos de equipos de estudio de la Banca ), y eso por el doble efecto de vincular las pensiones al IPC y por que el IPC no será del 0,9% sino que rondará en el 2,5%.Bien saben estas casas que no hay mejor manera de tergiversar la verdad que contando solo una parte de la verdad. Bien saben que no es cierto que el Estado está obligado este año a realizar la actualización de las pensiones como si fuera una nueva política, porque la actualizacion de pensiones siempre se ha realizado sin crear tales alarmas. Otra cuestión es el dinero que supondrá el pago de la actualización que depende evidentemente del nivel de la subida del IPC. Cuando más suba la inflación el desembolso será mayor, no cabe la menor duda, pero con esto seguimos contando sólo la verdad a medias. Y, como bien se sabe, las verdades a medias son informaciones falsas.La inflación implica alzas en los precios de mercado de los productos, pero conlleva también alzas en el mercado del trabajo. Esto significa que el Estado desembolsa más en las pensiones, pero también ingresa más vía cotizaciones e impuestos. Hablar sólo de gastos y nunca de ingresos es una práctica muy común en los ejecutivos del “establishment” y políticos conservadores porque es un modo de mantener a raya el gasto social y apelar a la austeridad ciudadana. Ahora bien, este alarmismo ha de ponernos en guardia, puesto que la subida de los salarios y las cotizaciones seguirán teniendo serios obstáculos. Las leyes laborales limitan la libertad y el derecho de los Sindicatos a la negociación colectiva, y el Gobierno no ha sido capaz aún de derogar la reformas laborales. Tampoco de elevar el salario mínimo por encima de los 1.100 euros, lo que está mermando los ingresos por cotizaciones a la SS., en relación a la riqueza. Tampoco ha sido capaz de ordenar el mercado energético y de las eléctricas que manipulan al alza los precios de sus suministros.Es cierto que se tomarán algunas medidas como la mejora del salario mínimo, o la inversión en tecnología en pro de la productividad, pero no serán la solución si ese salario no sube por encima de la inflación además de incorporar el ajuste prometido para alcanzar los 1.200 euros y si no se deroga la reforma laboral. Tampoco se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones si perdura la idea de sustituir el factor de sostenibilidad por otro de equidad generacional, y no se invierte una mayor proporcion en gasto publico que en el 2020 en relación con el incremento de la riqueza.La inflación puede ser absorvida por sueldos y pensiones elevándolas por encima del incremento del IPC, porque la subida de precios ayuda a crear más valor a las empresas y esas mejoras deberían también llegar a la gente.No es por lo tanto la inflación un problema si es controlada, como es el caso. Nuestro problema son esos ejecutivos que promocionan las pensiones privadas pidiendo incentivos fiscales para ellas, a la vez que afirman que no hay dinero.Los que reclaman recortes porque consideran que los 1034 euros de pensión media habida en Julio es demasiado alta.Los mismos que nos dan noticias alarmistas que expuestas en el modo en que lo hacen son falsas.A esos hay que decirles basta. Y al Gobierno que sea valiente porque aun hay un horizonte de esperanza.

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Retrasar la jubilación: El ‘cheque Escrivá’ de hasta 12.000 euros no es la mejor opción

El ‘cheque Escrivá’ es casi 3 veces menos del valor del 4% de una vida en jubilación, según expertos

El Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021, establece nuevos incentivos para la jubilación demorada, con el propósito de ir acercando voluntariamente la edad efectiva de jubilación (ahora, en torno a los 64 años) a la edad legal, que serán los 67 años en 2027.

Entre las medidas diseñadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que cuentan con el respaldo de los agentes sociales, figuran la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, la propuesta estrella es el refuerzo de los incentivos, que podrán ser de tres tipos:

-Un porcentaje adicional del 4% de pensión por cada año que se demore el retiro. 

-Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, el conocido como cheque único o, coloquialmente, cheque Escrivá, que sería de casi 11.000 euros por año de demora para las carreras inferiores a los 44 años y medio; y de algo más de 12.000 euros para carreras que superen esa extensión.

-Una combinación de ambas opciones.

¿Qué opción sería la más beneficiosa para los futuros pensionistas?

Con el 4% se ganaría más

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá (Europa Press)

“El 4% de bonificación por cada año que se retrase la jubilación me parece tan justo, tan justo, que tampoco incitará demasiado a la gente, entre otras cosas porque los empleadores no ven con buenos ojos que se demore el retiro”, puntualiza José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones, socio fundador de LoRIS. En cuanto al cheque Escrivá, considera que “los 12.000 euros son como el refrán del pájaro en mano, los coges y te los puedes meter en tu bolsillo, ya son tuyos… aunque eligiendo el 4% de incentivo se ganaría más. Por poner un ejemplo: con una pensión de 2.000 euros, aplicando el 4% tendrías derecho a 80 euros más al mes durante toda tu vida de jubilado; una vida que en términos medios dura más de 20 años, con lo cual, supondría más de 30.000 euros”, calcula Herce. “Claro, que también te puedes morir en un par de años, y entonces el cheque te habría salido más rentable”.

Según Enrique Devesa, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, doctor en Economía y actuario, “el anteproyecto de Ley de pensiones mejora la pensión demorada, al elevar la bonificación al 4% por año (anteriormente, fluctuaba entre el 2% y el 4%) y hacerla independiente de los años cotizados, pero se mantiene muy por debajo del nivel actuarialmente justo”.

En cuanto al cheque único, “todavía beneficia menos al trabajador, ya que las cifras indican que supone una reducción respecto de la cantidad que sería equivalente y muestra inequidades acusadas entre hombres y mujeres”. Y pone el siguiente ejemplo: “Para una pensión media mensual de 1.455 euros, el cheque único sería de 7.565 euros, mientras que lo más equitativo actuarialmente es que fuera de 13.878 para los hombres y de 16.480 para las mujeres. Es una opción económicamente adversa”, detalla Devesa en un análisis realizado para el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson.

Asimismo, para el Foro de Expertos del Instituto BBVA de las Pensiones, la propuesta de premiar el retraso de la jubilación con un cheque, de hasta más de 12.000 euros por año, es desequilibrada y poco rentable para el trabajador, que cobraría menos que si optara por el incentivo del 4%. “Mientras el valor de ese incentivo para los trabajadores serían esos 12.000 euros del cheque o unos 33.000 del 4% de por vida, el ahorro para el Estado por la pensión del año que no se jubila es de casi 38.000 euros (tras la edad legal tampoco pagarían cotizaciones por contingencias comunes). El nuevo incentivo resulta muy desequilibrado para los trabajadores”, argumenta este organismo en su artículo de análisis.

Medidas con poco efecto, dicen los expertos

Los futuros jubilados podrán elegir entre tres incentivos para retrasar su retiro (Europa Press).

El director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó (@scarboval), asegura que hacen falta más incentivos para alargar la carrera de trabajo. “Y además sería bueno que se permitiera que se pudiera trabajar a tiempo parcial, aunque te jubiles, como se hace en otros países. Es una de las soluciones más importantes. Creo que los incentivos que se han creado son un paso en la dirección correcta, pero hace falta algo más: por supuesto, señalizar más claramente que es necesario trabajar durante más años, y permitir una mayor flexibilidad para trabajar a tiempo parcial”.

Estos incentivos diseñados por el ministro Escrivá van en la dirección adecuada, pero tendrán un efecto escaso para retrasar la edad efectiva de jubilación, a juicio de Rafael Domenech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, quien recuerda que, al ritmo actual, en las próximas tres décadas la esperanza de vida aumentará 4,5 años o más. “El Gobierno sólo espera compensar dos años con la jubilación demorada, por lo que son insuficientes para hacer frente al aumento del gasto que supondrá esa mayor esperanza de vida. Retrasar un año la edad efectiva de las personas que accedan a la jubilación con la demorada supone un menor gasto en pensiones del 2,2% para cada cohorte, una vez descontado el incentivo del 4%”, detalla este experto. “Incluso suponiendo que ese 2,2% afectase a todas las cohortes sobre un gasto en pensiones por encima del 12% del PIB, apenas representa unas pocas décimas del PIB de menor gasto. Lo más efectivo es indexar la edad legal de jubilación al aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años”, afirma con rotundidad.

Para José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), doctor en Economía, subdirector de Fedea y catedrático, “la teoría del comportamiento nos dice que los humanos prefieren recibir una cantidad elevada de una vez (sea dinero, productos, regalos…) porque eso lo ven como un premio, antes que cobrar una cantidad pequeñita cada año, aunque esa opción del pago único resulte menos rentable”. En ese sentido, considera posible que dicho incentivo “tenga un efecto psicológico motivador y algunos trabajadores se decidan a posponer la jubilación un año o incluso dos, pero en todo caso, el impacto será pequeño para lograr la meta de retrasar la edad efectiva del retiro”.

Asjubi: “¿Atrasar el retiro? Con más de 50 no te contratan”

La intención del Gobierno es bonificar a las personas que deseen alargar su vida laboral, para así lograr un retraso voluntario de la edad efectiva de jubilación en España, y aligerar el fuerte aumento del gasto de la Seguridad Social que llegará en cuanto empiece a jubilarse la generación del baby boom, a partir de 2025. Una iniciativa que algunos colectivos de pensionistas les parece inviable. 

“Creemos que Escrivá vive en un mundo paralelo, porque en la realidad es casi imposible que las personas mayores sigan trabajando pasada una cierta edad, salvo en algunas profesiones liberales, catedráticos, médicos, etc. porque las empresas se lo impiden o, si están en el paro, a los mayores de 50 años ya nadie los contrata”, asegura Santiago Menchero, portavoz de la asociación Asjubi40, que lucha para que el Gobierno suprima las penalizaciones al retiro anticipado con 40 o más años cotizados.

“Y mientras tanto, el propio Gobierno aprueba expedientes de regulación de bancos y grandes empresas donde se recogen prejubilaciones”, remacha el portavoz de Asjubi40. 

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Entrevista a nuestro compañero Llorens de iaioflautas Vilanova en Canal Blau TV. copiar URL PARA VERLO

https://canalblau.alacarta.cat/obert-x-vacances/capitol/obert-x-vacances-14-07-2021

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DE LA JUBILACIÓN A LA TUMBA

Los planes de la Unión Europea

El día 27 de enero de 2021, la Comisión Europea editaba un panfleto que lleva por título “Libro verde sobre el envejecimiento”. Un amasijo de declaraciones, recomendaciones, verdades, mentiras, todo ello con un lenguaje aparentemente humanista y benévolo utilizado para encubrir el trasfondo real del mensaje (…).

      El día 27 de enero de 2021, la Comisión Europea editó un panfleto que lleva por título “Libro verde sobre el envejecimiento” (*). Un amasijo de declaraciones, recomendaciones, verdades, mentiras, todo ello con un lenguaje aparentemente humanista y benévolo utilizado para encubrir el trasfondo real del mensaje, el cual hay que buscarlo en unos breves párrafos. Mensaje que de forma clara dicta el presente y futuro de las pensiones, con el objetivo de aumentar el trasvase de rentas de la clase obrera hacia la burguesía.

   Ya al inicio del panfleto, en la página 2 afirma: “Los Estados miembros abordan estas repercusiones del envejecimiento mejorando los sistemas educativos y de capacitación, fomentando una vida laboral más prolongada y plena e impulsando reformas en los sistemas de protección social y de pensiones”.

   Tres elementos que se mantienen en todo el texto: trabajar más años, reforma del sistema de pensiones cuya traducción a lenguaje común es igual a recortes, y extensión de los fondos de pensiones complementarios.

   En la página 13 vuelve a la carga con el siguiente texto: “Para garantizar que estas (las pensiones) siguen siendo adecuadas teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, la gente, tendrá que trabajar durante más tiempo en el futuro” .

   La responsabilidad no recae en las partidas presupuestarias dedicadas a multimillonarias subvenciones al capital privado, ni las políticas fiscales que permiten no pagar apenas impuestos a la clase dominante, ni el océano de corrupción con el cual viven los partidos políticos y centrales sindicales mayoritarias, ni de las fortunas gastadas en armamento y despliegue militar neocolonial por todo el mundo.

    No, la responsabilidad recae en el aumento de la esperanza de vida de hombres y mujeres de la clase obrera. Suya es la responsabilidad de vivir demasiados años, suya es la responsabilidad del desequilibrio presupuestario, suya es la responsabilidad de no saber morir antes. Aunque, siendo malpensados, tal vez la extensión pandémica que se ha cebado casi exclusivamente en personas jubiladas, haya sido una estrategia no escrita ni publicada para “solucionar” en parte el problema de la esperanza de vida. Del capital podemos esperar lo más inverosímil.

   A los actualmente jubilados, difícilmente les van a quitar la pensión actual, aunque no puede desecharse la idea de que ésta sufra recortes como ya sucedió en Grecia como exigencia de la Comisión Europea, la misma que hipócritamente habla de envejecer con salud en el libro verde sobre el envejecimiento.    Continúa el panfleto aludido en su página 15: “Se ha puesto de relieve en diversas ocasiones el desafío de mantener unas pensiones adecuadas, justas y sostenibles en una sociedad que envejece y la necesidad de las personas de acumular ahorros adicionales. No obstante, a falta de otras reformas, es probable que el mayor número de pensionistas y la menor cantidad de personas en edad laboral lleven a unos porcentajes de cotización más elevados y a unas tasas de sustitución de las pensiones inferiores con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

   “Acumular ahorros adicionales” pagando un fondo de pensiones, “aumentar las cotizaciones obreras”, es decir rebajar el salario real, a la par que se propone disminuir las cotizaciones patronales. Y el juego de palabras de las “tasas de sustitución” que no es otra cosa que el porcentaje cobrado por jubilación respecto al último salario, que según el informe “Pensions at a Glance” editado por la OCDE en 2019, en España la pensión representa un 72,3 % del salario medio, cuando en Francia es de un 60%, Alemania un 38,7% y en Gran Bretaña un 21,7%.

   Casi podemos afirmar que la pretensión de la Comisión Europea, como portavoz del capital europeo, no es otra que homogeneizar las tasas de sustitución de todos los países para llevarlas a los porcentajes de Alemania. La banca, las entidades financieras, los fondos de inversión, los fondos de pensiones se están frotando las manos ante el “humanitarismo” reflejado en el citado libro verde.

    Todo y que un parte importante del proletariado europeo, sobre todo el ubicado en las grandes empresas y funcionariado público paga ya una cuota complementaria a diversos fondos de pensiones, la voracidad del capital no tiene límites y la pretensión es que la casi totalidad de trabajadores europeos se desprenda de otra parte del salario para engrosar las arcas de las entidades financieras.

   Aún queda por robar a una parte importante del proletariado, por ello, en la página 16 del citado libro verde señala que: “Se debe concienciar a los ciudadanos acerca de la situación de sus derechos de jubilación. Unas pensiones complementarias de calidad, seguras y rentables, incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales, que complementen los regímenes de pensiones pueden ofrecer ahorros de jubilación adicionales”.

   A los que actualmente están ya jubilados, tal vez les repercuta en algo sus ingresos, pero a los que todavía no han alcanzado la edad de jubilación, el descalabro puede ser brutal. Aunque parece ser que no importe mucho, puesto que las grandes protestas contra los atentados al sistema de pensiones, han ido de la mano de las personas jubiladas, con escasa o nula participación de los obreros en activo, con lo cual en ningún momento han hecho peligrar la producción ni los beneficios y como consecuencia han dejado vía libre a cualquier atentado sobre las pensiones avalado, sin ningún tipo de escrúpulo, por las centrales sindicales subvencionadas.

     La perspectiva no es nada halagüeña, ya que el pretendido milagro europeo de la transición digital y la industria 4.0, con sus perspectivas de grandes incrementos de la productividad y beneficios empresariales, pretende emular los milagros orientales de Corea, Japón, China, Indonesia o India, países en los cuales el porcentaje de personas que continúan trabajando a partir de los 65 años hasta los 69, es del 35 al 50% según los datos facilitados por Statista y que se pueden visualizar en el gráfico adjunto.

   Aviso para navegantes: si el joven proletariado europeo no enfrenta decididamente estas constantes agresiones, deberá exprimir a sus padres y abuelos para llegar a fin de mes, mientras éstos estén vivos y cuenten todavía con una pensión decente. ¿O, tal vez, este joven proletariado piensa vivir de los ahorros acumulados con el sudor de sus progenitores?

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El Gobierno Progresista, Iceta y el lobby sindical CCOO, UGT Y CSIF consuman su traición a los trabajador@s temporales de las administraciones

Después de las noticias referentes al “Acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones Públicas” entre el PSOE y el Lobby sindical CCOO, UGT y CSIF desde CGT País Valenciano y Murcia mostramos nuestro absoluto rechazo al denominado “ICETAZO” y exigimos que “QUIENES ESTÁN SE QUEDAN” como sanción por el abuso de la temporalidad en la contratación fraudulenta tal y como ha exigido el TJUE en su doctrina más reciente, las sancionadas no pueden ser las trabajadoras/es víctimas de abuso de temporalidad.

CGT País Valenciano y Murcia muestra por tanto su total oposición al acuerdo entre Iceta y las centrales sindicales del régimen, puesto que no se está teniendo en cuenta ni escuchando al conjunto de personas afectadas (Interinas e Indefinidas) que están en situación de abuso de temporalidad y fraude en la contratación ni nuestras reivindicaciones como Sindicato de Clase que está apoyando y denunciando esta problemática en pro de unos Servicio Públicos de Calidad. Por este motivo ya hicimos una Huelga General en todo el Sector Público de País Valenciano el pasado 18 de junio (Admon Gral. del Estado, Admon. Autonómica, Diputaciones, Admon. Locales, Agencias Públicas, Universidades, contratas y subcontratas de cualquiera de las Administraciones o empresas públicas).

“QUIENES ESTAN SE QUEDAN”: Seguiremos defendiendo la consolidación de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude de ley en la contratación, haciéndonos eco de lo dictaminado en el TJUE sobre las convocatorias de OPEs, fijando que no puede ser un elemento sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido el abuso y la contratación fraudulenta con la pérdida de su empleo no se ajusta a derecho. Por lo que rechazamos totalmente la propuesta del Ministro de indemnizar con 20 días por año con tope de 12 mensualidades, al personal en abuso que no superé los procesos de estabilización.

Denunciamos la desigualdad manifiesta que supone que cualquier empresario privado tenga la obligación de cumplir la Ley y que la Inspección de Trabajo tenga facultad sancionadora si la incumple y que para las Administraciones se mantengan al margen de la LEY con total impunidad, actuando sin ninguna vergüenza, saltándose la directiva europea 1999/70 desde hace más de 20 años y sin temor a sanción por la Inspección, por lo que desde CGT insistimos en la necesidad de habilitar por Ley a la Inspección de Trabajo para que pueda sancionar a las administraciones Públicas por incumplimientos de las normas de contratación y normativa laboral y de prevención de riesgos en general.

Denunciamos igualmente que se está sometiendo a las/os trabajadoras/es a unos mal llamados procesos de estabilización que para nada resuelven el problema, ya que, tanto en el País Valenciano como en otras comunidades, vemos como la media de aprobados no supera el 15%, por lo que la mayoría de plazas quedan vacantes y las bolsas de empleo quedan también vacías, provocándose el mayor ERE encubierto de la historia.

Exigimos el establecimiento de sanciones severas hacía los responsables políticos que como gestores del ámbito público contraten en fraude de ley y/o contrataciones temporales para puestos estructurales, que deberán abonar con patrimonio privado e inhabilitación para el desempeño de cargo público.

Reclamamos que se haga una reforma del TREBEP acorde con la normativa europea para el personal en abuso y fraude de Ley en todas las administraciones públicas para consolidar este personal “Quienes están se quedan” o en su defecto que se cumpla el artículo 61.6 del actual TREBEP “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.”.

CGT llama a la organización y movilización permanente de todas las personas afectadas hasta hacer modificar este nocivo “acuerdazo”.

Las cuotas de afiliación a CCOO, UGT y CSIF son las palas que cavaran las tumbas del futuro laboral de la clase trabajadora en España.

Convocatoria Concentración CGT “Contra el Icetazo, por la Consolidación del personal temporal e interino de las Administraciones Públicas”

Jueves 8 Julio de 11 a 12 h.

València: Plaça del Temple nº 1
(Frente a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana)

Castelló: Plaça Maria Agustina nº6
(Frente a la Subdelegación del Gobierno en Castelló)

Alacant: Plaça de la Muntanyeta nº6
(Frente a la Subdelegación del Gobierno en Alacant)

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DEBATE
El «pensionazo progresista” ya tiene el aval de la
burocracia sindical
Con un 16% de paro y 4 de cada 10 jóvenes desempleados, el gobierno
“progresista”, la patronal y las direcciones de CCOO y UGT firman un
acuerdo para potenciar para alargar la edad real de jubilación.
Por Santiago Lupe Publicado el 4 Jul, 2021
Los recortes de pensiones en el Estado español tienen marca
“progresista”. No es que la derecha no haya hecho los suyos. De hecho
el último “pensionazo” lo aplicó Rajoy en 2013, con la congelación del
0,25% que ha supuesto una importante rebaja en los últimos años.
Pero las reformas de calado, esas que se dirigen a que nos muramos
trabajando, las que en países como Francia generan huelgas y
movilizaciones que mantienen en jaque al gobierno de turno… esas
aquí las aprueban los gobierno “progresistas” con el aval de las
direcciones de los grandes sindicatos.
El gobierno de coalición del PSOE y Unidad Podemos no ha
defraudado estas expectativas. Zapatero, el por entonces presidente
del “gobierno más progresista de la historia”, logró sacar adelante una
reforma que alargaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Lo
hizo en enero 2011, cuando la cifra de desempleo ya desbordaba el
20% y uno de cada 2 jóvenes estaba en el paro. Lo hizo entonces con
el apoyo de Toxo y Méndez, los secretarios generales de CCOO y UGT
respectivamente.
Ahora es el gobierno Sánchez-Díez, con el ministro de Seguridad
Social, Escrivá, a la cabeza, los que acaban de conseguir el aval
sindical a un nuevo ataque a las pensiones. No hay en lo acordado
algo que se pueda vender como una conquista o ampliación de
derechos sustancial, y sí varios puntos que, igual que en 2011,
pretenden encadenar a los trabajadores mayores el mayor tiempo
posible a la cadena de montaje, el escritorio o el andamio.
Un punto importante en la negociación ha sido el llamado “factor de
sostenibilidad”. Un mecanismo incluido en el “pensionazo” de Rajoy
que ha mantenido ligada la cuantía de las pensiones a la esperanza de
vida. Finalmente será derogado y en principio se recupera la
indexación de las pensiones al IPC – que suban tanto como suben los
precios que marcan en índice oficial, que poco tiene que ver con los
precios reales -.
Ahora bien, esta aparente mejora ya tiene la contraparte que la licue.
La cuantía de la pensión a percibir estará ligada a un nuevo índice, el
“Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional”. Un indicador que se
negociará más adelante, pero que deberá cumplir con las indicaciones
que exige Bruselas. Las anunciadas intenciones de Escrivá, en
consonancia con la UE y la patronal bancaria, de fomentar la
contratación de fondos de pensiones privados para paliar la
“necesaria” merma de la partida de pensiones, deja claro en que
sentido irá la flecha del mueco MEI.
El punto más problemático para las y los trabajadores lo encontramos
en las fórmulas para potenciar el que ha sido el objetivo principal del
gobierno “progresista” desde el principio: lograr el alargamiento de la
edad efectiva de jubilación.
En un país con una economía donde abundan las actividades de mano
de obra intensiva, con enormes esfuerzos y desgaste físico, como la
industria, la construcción o la hostelería, que la edad legal vaya a
situarse en los 67 en los próximos años, hace que muchas y muchos
trabajadores opten por acogerse a los regímenes de jubilación
anticipada.
Esto, que ya estaba penalizado, se pretende castigar todavía más. Por
cada mes que se adelante la edad de retiro habrá una penalización que
podrá alcanzar hasta un total de un 21% menos de cuantía. Por el
contrario, aquellos que alarguen su vida laboral, serán “bonificados”
con hasta un 4% más de pensión. Una medida que,
contradictoriamente, alentará a que quienes tienen trabajos más
precarios, más duros físicamente, alarguen su carrera profesional –
dejándose aún más su salud en el tajo – para tratar de mejorar en algo
las pensiones de miseria.
Como en 2011, el actual “gobierno más progresista de la historia”,
trabaja porque trabajemos hasta la vejez en un país que mantiene un
desempleo del 16% y del 37% si hablamos de las y los trabajadores
jóvenes.
El periodo de cómputo para calcular la pensión, que Escrivá quiere
alargar, ha quedado para posteriores negociaciones. Sobre la
financiación del sistema de pensiones, se acuerda una transferencia
equivalente al 2% del PIB en los Presupuestos Generales, aunque se
excluye toda medida que permita extraer de las ganancias
empresariales esos cerca de 21 mil millones anuales. Como en la
“rebaja” de la factura de la luz a costa de reducir el IVA, la cuenta la
paga el Estado a fin de no tocar ni un euro a las grandes empresas.
Las otras reivindicaciones de las mareas de pensionistas quedan por
supuesto fuera del acuerdo. No se suspenderán las penalizaciones en
las jubilaciones anticipadas forzadas por las empresas, ni para
aquellas y aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 40 años.
No hay aumentos de las pensiones mínimas, que siguen por debajo del
SMI, en 851 euros, y muy lejos de los 1.084 que exigen los
movimientos de pensionistas. Y por supuesto, no se deroga el
aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 de 2011.
El papel de los “progresistas” en el gobierno no puede sorprender a
nadie. El PSOE es tan campeón en contrarreformas laborales y de
pensiones como el PP. Lo nuevo es que ahora lo hace de la mano de
IU, el PCE y Podemos, que asumen, otra vez, medias social-liberales. El
rol de la burocracia sindical de CCOO y UGT tampoco es ninguna
novedad.
Una legión de jóvenes parados, subempleados y precarios, por un lado,
y millones de trabajadores cada vez más mayores que se dejan su
salud en el curro, en condiciones también cada vez peores. Este es el
proyecto de pensiones que nos quieren imponer, y que es condición
para recibir los 140 mil millones destinados a aceitar las cuentas y
beneficios de las grandes empresas.
Contra este panorama sombrío es necesario que las mareas, junto a la
izquierda sindical, los sectores de los grandes sindicatos que no
comulgan con el nuevo “pensionazo” firmado por Sordo y Álvarez y la
izquierda anticapitalista, plantemos caras. Exijamos a la burocracia
sindical su retirada del acuerdo, e impongamos asambleas en los
centros de trabajo, en los barrios, para llenar las calles junto a las y los
pensionistas, para tumbar esta nueva contrarreforma e imponer
pensiones dignas de al menos 1.084 euros, una sostenibilidad
garantizada con impuestos a los beneficios empresariales y un plan de
reducción de la edad de jubilación hasta los 55 años que permita
combatir el desempleo masivo y garantizar un descanso en las
mejores condiciones físicas posible.

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La generación del baby boom sí financió sus pensiones futuras

El Sistema de Pensiones Públicas ha generado un superávit acumulado en el periodo 1977/2017, que, alcanza, nada menos, que 843.290 millones de euros. Esa es la consecuencia de capitalizar con el rendimiento medio de la deuda pública de cada año, la diferencia entre las cotizaciones y los pagos por pensiones contributivas incluidas en las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social. Ese es también el saldo actual de las aportaciones históricas de la generación del baby boom, suficientes para financiar los déficits futuros de la Seguridad Social.

Se trata de una imagen rotundamente opuesta a las tesis de su inviabilidad y que avala la justa oposición a los recortes de la Reforma de 2013. Significa que el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones está sustentado por sus cotizaciones además de ser de pura justicia social.

Para entender la situación económica del Sistema de Pensiones y de las aportaciones de la generación del “baby boom” hay que analizarlo viendo su historia completa incorporada en el cuadro 1. En el inicio de su plena implantación (R. D. Ley 36/1978), coincidente con la entrada al trabajo de las generaciones del máximo número de nacimientos en nuestra historia, años 1958 al 1978, con gran aportación de efectivos y relativamente pocos compromisos derivados de los regímenes anteriores, generó cada año importantísimos superávits (en torno al 15% de los Presupuestos Generales del Estado).

En sentido inverso, en la fase final de su ciclo de vida, cuando entre 2023 al 2045 se complete su jubilación ciertamente, se producirá el efecto contrario acentuada por su mayor esperanza de vida y la importante caída de la natalidad en los años 80 y 90. En este periodo se incrementará en torno al 50% el número de pensionistas y también su proporción con los activos, por tanto, se tienen que producir déficits anuales, lo mismo que produjeron superávits anuales en la primera etapa.

Pero si contemplamos el ciclo completo de vida de esta generación los déficits futuros son totalmente financiables con los excedentes generados entonces. Ocurre que, como el Fondo de Garantía (Hucha de Pensiones) se creó muy tarde, en el año 2000, solo capitalizó una mínima parte de los superávits generados, menos del 8%, agotando su saldo en esta primera contingencia. Se olvida con ello que los superávits del Sistema de Pensiones, fueron utilizados indiferenciadamente para financiar los Presupuestos Generales, de modo que ahora, por pura simetría, es lógico reclamar que sean los mismos presupuestos los que deban aportar al Sistema de Pensiones lo que este les anticipó con sus superávits.

Limitar el análisis a esta parte final del ciclo, desde que se inicia la crisis económica, como hacen quienes califican de insostenible el sistema, no es nada neutral, sino una forma interesada de predeterminar un resultado: la inviabilidad de las pensiones sin los recortes de la Reforma. Por tanto, es un planteamiento tendencioso, de medias verdades, que esconde las mayores falsedades.

El superávit generado permitiría financiar las necesidades futuras del Sistema.

De cara al futuro, este superávit acumulado, capitalizado a un modesto tipo de interés real del 2%, estaría en condiciones de financiar los déficits anuales previstos del sistema, como mínimo, hasta 2046 (Cuadro 2), cuando el gasto en pensiones se empieza a reducir de forma importante por el fin de las jubilaciones del “baby boom” y las provenientes de la fuerte inmigración de los años 2000-2010, que coinciden en el tiempo.

Las previsiones demográficas y económicas a más largo plazo están sujetas a tal nivel de incertidumbre, que, más que previsiones razonables, son traslación de ideas preconcebidas y de parte. El propio presidente de la AIREF tuvo que defender este criterio recientemente en el Congreso, frente a las posiciones más catastrofistas.

En los cálculos se han tenido en cuenta:

La previsión del gasto expresada en el Cuadro 2 se ha calculado, excluyendo los recortes de la Reforma, considerando la evolución prevista del número de pensionistas (mayores de 65/67años del INE, en base a la población existente y su esperanza de vida) y el número de pensiones (pensionistas con más de una pensión), así como el efecto del mayor coste de las nuevas pensiones respecto de las que salen del sistema (factor de sustitución).

Las cifras resultantes son similares a las estimaciones efectuadas por la OCDE antes de incluir los efectos de la Reforma (Pensions at a Glance 2013,).

Para calcular los ingresos previstos, se parte de un crecimiento del PIB real igual a la media de los últimos 40 años (datos INE), que incluye tanto años de crisis como de expansión y un porcentaje de cotizaciones/PIB igual a una media, con escasas oscilaciones, observada en el periodo 2000-2016 (Presupuesto Seguridad Social 2018).

Si cumpliendo estas exigentes condiciones, el superávit generado, permitiría asumir los compromisos de las pensiones como mínimo hasta el año 2046, y la aportación presupuestaria necesaria es una evidente obligación, no hay razón alguna para justificar los recortes de las pensiones. Solo falta arbitrar la forma en que se deba concretar esa financiación que retorna los fondos anticipados en el comienzo del ciclo de vida de los babyboomers: con cuotas sociales, impuestos o una mezcla de ambos.

Los compromisos presupuestarios necesarios, además de obligatorios, son posibles.

Las previsiones expuestas de gasto en pensiones llegan al 13,5% del PIB en el año 2047, disminuyendo desde este año. Este porcentaje está en línea o por debajo, del de algunos de los principales países de la UE para los años 2013/15, como Austria, Finlandia, Francia o Italia, que adelantaron su expansión demográfica, (OCDE, Pensions at a Glance 2017 y Comisión Europea, The Ageing Report 2015) sin que esto impidiese su desarrollo económico, como todos sabemos.

Obviamente el esfuerzo será importante, pero, con un nivel de recaudación fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y un gasto publico 5,7 puntos por debajo de la media de la Zona Euro (41,9 frente a 47,6 en 2016, según Eurostat), no cabe duda que hay margen para incrementar los recursos y poder asumir el gasto en pensiones sin los recortes de la Reforma de 2013.

Abordar esta tarea implica, eso sí, un importante cambio de prioridades en política económica, respecto a lo marcado en el Plan de Estabilidad, enviado el pasado abril por el anterior gobierno a Bruselas, que fija el objetivo de equilibrio presupuestario manteniendo el nivel del ingreso público y a base de disminuir aún más el gasto público respecto al PIB (del 41,8% de 2008 al 38,7% en 2021) lo que ensancharía la brecha con nuestros vecinos europeos y disminuiría gravemente la capacidad del sector público para asumir el nivel de gasto social comprometido y que este vaya acercándose al estándar que debe ser nuestra referencia.

En conclusión, defender la capacidad adquisitiva de los pensionistas es una obligación esencial, forma parte de cualquier política frente a la creciente desigualdad y, como se ha evidenciado, es un derecho avalado por sus propias cotizaciones.

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DEFENDAMOS LAS PENSIONES PÚBLICAS
NO A LA REFORMA DE LOS RECORTES Y LA PRIVATIZACIÓN 

Lo que se venía anunciando va tomando forma, y el gobierno PSOE-UP, de la mano del ministro banquero José Luis Escrivá, ha llegado a un pacto con los mal llamados “agentes sociales”, es decir la patronal y la burocracia sindical de CC.OO. y UGT, para aplicar una nueva “reforma” (la tercera en una década) contra el Sistema Público de Pensiones, siguiendo la pauta del “pacto de Toledo”.

En el caso de los dirigentes sindicales es un pacto contra natura, antisocial, del cual no han informado a su propia afiliación, ni mucho menos consultado, como ya hicieran con la firma de la nefasta reforma de 2011. No olvidemos que esos personajes se lucran desde hace décadas de la gestión de fondos privados de pensiones, junto a la banca, en la actualidad suponen más de 30.000 millones. 

Bien leído, y a pesar de todas las dificultades, algo estamos haciendo bien, cuando les obligamos a este tipo de maniobras. La conclusión es clara: debemos instalar en la sociedad otro relato más veraz, que los cuentos que nos cuentan. Debemos seguir movilizándonos y cogiendo fuerza, de cara al #OtoñoCaliente. 

 

Unidad Coespe

Grupo Impulsor

La solución de la economista jubilada Miren Etxezarreta al problema de las pensiones

La catedrática en Economía defiende que “el sistema de pensiones es sostenible”. Sin embargo, para Etxezarreta, el problema está en “los planteamientos que se hacen sobre él”.

https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/solucion-economista-jubilada-miren-etxezarreta-problema-pensiones_2021070260df885cf02596000124d280.html?fbclid=IwAR3ootjLRSKa2UQUToN3W8S8pmkUPjreSV843yAA3CHT7-fdSXVhNYeIch4

La solución de la economista jubilada Miren Etxezarreta al problema de las pensiones

Miren Etxezarreta, catedrática jubilada en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha afirmado en Más Vale Tarde que “no es el sistema de pensiones el que no es sostenible, sino los planteamientos que se están haciendo sobre él”. En este sentido, la economista ha criticado que “todo el tema está planteado deliberadamente de forma errónea, por lo que es muy difícil discutir”.

“¿Quién ha dicho que dentro de 25 años van a hacer falta más personas para producir cuando realmente hoy nos sobran las personas? Tenemos tres millones de personas que quieren trabajar y no pueden”, ha recordado, en referencia a los datos del paro, tras lo que ha señalado que “los grandes poderes económicos tienen intereses creados en torno a las pensiones que les lleva a conducirlo en una dirección”.

Sin embargo, Etxezarreta ha dicho que “el tema de las pensiones no es solo del Estado español”. “De hecho, el Gobierno español ni siquiera tiene mucha libertad para hacer lo que quiere con las pensiones. No sé qué quiere hacer, porque es de lo más confuso lo que plantea, pero dentro de eso vemos que es la UE la que dice que tiene que resolver el problema de pensiones en una dirección determinada, disminuyendo las pensiones públicas para que se hagan más pensiones privadas”, ha lamentado.

En lo referente a las palabras de Escrivá, que declaró que los ‘baby boomers’ (nacidos entre 1958 y 1977) tendrán que elegir entre “un ajuste pequeño” en su pensión o “trabajar algo más”, la catedrática en Economía ha afirmado que el ministro “dijo lo que de verdad pensaba, lo que pasa es que se le escapó”.

“La pensiones en el futuro tendrán que ser o menos o habrá que trabajar más porque se hace un planteamiento deliberado en esa dirección”, ha señalado al respecto, insistiendo en que se trata “de un plan deliberado”, y defendiendo que “la crisis de las pensiones no es una crisis, porque hay capacidad de producción de la Economía“. “Siempre hablan del número de trabajadores, cuando trabajadores no nos faltan”, ha apostillado.

Por último, la economista jubilada ha dado la que cree que es la solución para el problema de los impuestos: que se financien con los impuestos. “Hay muchísimos gastos en una Economía que se tienen que pagar. Todos los gastos colectivos se financian con impuestos, pero las pensiones no, cuando se trata de un gasto social. Al igual que la educación, sanidad, ejército o carreteas, las pensiones se tienen que financiar con la riqueza social que se maneja a través de impuestos“, ha defendido.

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La Mesa de diálogo social. Consumada la infamia de Gobierno y sindicatos contra las pensiones

Los movimientos de Pensionistas van a tener mucho que decir y hacer en los próximos meses en defensa de sus legítimos derechos

Luis Ortiga – Economista y miembro de ASJUBI40

Se ha cumplido el presagio. Los sindicatos anuncian, con enorme satisfacción, el acuerdo alcanzado con el Gobierno en materia de Pensiones. Es de vergüenza ajena. Una vez más, los sindicatos ejercen su función de lacayos del Gobierno, actuando como “estómagos agradecidos”. Nada nuevo bajo el sol. Una pena para sus bases honestas tener que soportar a ese cuadro directivo tan alejado de los problemas reales de trabajadores y pensionistas.
Ese acuerdo es una traición a los movimientos de pensionistas y a algunas recomendaciones del Pacto de Toledo.

Anuncian, sin ningún rubor, que han logrado básicamente tres grandes avances:

1-Garantía de poder adquisitivo
2-Derogación del factor de sostenibilidad
3-Garantía de financiación del Sistema

Ocultan que esa “garantía de poder adquisitivo” no incluye ninguna cláusula para que se pueda participar de aumentos superiores al IPC en supuestos de una buena evolución de la Economía. Inaceptable!

Respecto al factor de sostenibilidad ocultan que va a ser sustituido por un eufemismo denominado factor de equidad intergeneracional ¿creen que somos idiotas?

En cuanto a la garantía de financiación del Sistema, desaprovechan la oportunidad de EXIGIR una auditoría sobre los gastos impropios cargados indebidamente a las cuentas de las Pensiones, y por supuesto su RESTITUCIÓN así como la depuración de responsabilidades. Recordar que hay fuentes que evalúan en más de 500 mil millones de euros el dinero de las Pensiones que se “desviaron” a otros menesteres. Es una actItud deleznable!

Entre lo acordado, también destacar la doble penalización que sufrirán las personas jubiladas de forma anticipada y que han cotizado por bases máximas. El cambio de aplicar los coeficientes reductores sobre la pensión en lugar de sobre la base reguladora supondrá ENORMES reducciones en sus pensiones. Han acordado su aplicación gradual en varios años pero eso no puede ocultar su gran impacto económico en poco tiempo.

Respecto a la jubilación anticipada “voluntaria “ en largas carreras de cotización, simplemente un ejemplo para plasmar lo injusto e indigno de la absurda situación acordada por Gobierno y Sindicatos:

1-Persona con 44 años cotizados que se jubila 24 meses antes de la edad ordinaria. Actualmente penalizada (de por vida) en un 14%. Pasará a estar penalizada en un 17%.

2-Persona con 25 años de cotización recibe actualmente premio en su pensión (de por vida) del 2% por año de demora en su jubilación. Pasará a recibir premio del 4%

Este ejemplo anterior es demostrativo de la inequidad del sistema.

Pero es que además podemos ver más discriminaciones:

a) Clases pasivas del Estado. Jubilación anticipada con 60 años de edad, con 35 cotizados, sin coeficiente reductor alguno.
No hay cambios previstos. Confirmado por Ministro y Pacto de Toledo.

b) 8 regímenes especiales de la Seguridad Social con tratamiento preferencial en jubilación anticipada.

c) Diputados y Senadores anteriores a 2011 y Ministros con tratamiento diferencial y preferente en jubilación anticipada. No hay cambios previstos. Mantienen sus prebendas, como no podía ser menos!
Como siempre, predican con el ejemplo… ¡que vergüenza!

Las largas carreras de cotización DEBERÍAN ser consideradas como el noveno régimen especial de la Seguridad Social. ¡Es de justicia y equidad! Deberían anularse los coeficientes reductores que penalizan su pensión injustamente.
¡Los ejemplo anteriores son SANGRANTES!

Respecto a las medidas acordadas sobre jubilaciones anticipadas, demoradas y forzosas, la Gaceta Sindical 458 de CC.OO tiene la desfachatez de afirmar “mejora la capacidad individual de elección”.
Es inadmisible esta frase. Es un insulto a la clase trabajadora. ¿Creen que una persona desempleada de 50 años de edad puede elegir? ¿Creen que una persona trabajadora con problemas físicos/psíquicos puede elegir? ¿Creen que una persona con larga carrera de cotización puede elegir?

¿No conocen el desempleo en mayores de 50 años? ¿No son conscientes del paro juvenil? Viven en un mundo irreal. Parece que no saben de la existencia de los contratos basura, de la precariedad laboral, de los falsos autónomos, etc. Insisto, una frase inaceptable, pero que es un claro ejemplo de la forma de pensar de los Sindicatos.

Hasta aquí lo acordado entre Gobierno y Sindicatos (¡todo inaceptable!). Pero es que se han dejado lo más grave para el año próximo. El factor de equidad intergeneracional, planes de pensiones de empresa, destope de bases máximas, cotización de autónomos, años para el cálculo de la pensión, largas carreras de cotización, mochila austriaca….

A la vista de la sumisión mostrada y demostrada por los Sindicatos con las órdenes que emanan del Gobierno, puestas de manifiesto en el presente acuerdo, intuyo que los movimientos de Pensionistas van a tener mucho que decir y hacer en los próximos meses en defensa de sus legítimos derechos. ¡Seguro que ellos no nos van a defraudar!

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CGT considera que el acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones es un nuevo ataque contra el Sistema Público de Pensiones y las clases populares

CGT acusa al Gobierno de hacer leyes para continuar desmantelando, de forma progresiva, el Sistema Público de Pensiones


CGT llama a la movilización para frenar las reformas contra pensionistas y trabajadores

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado, tras conocerse finalmente el acuerdo al que han llegado el Gobierno de PSOE-UP con los “agentes sociales” CEOE, CC.OO. y UGT sobre el Sistema Público de Pensiones (SPP), en el que acusa a todos los Gobiernos de legislar contra la gran mayoría social que se verá afectada por este nuevo pacto que atenta contra los derechos fundamentales de miles de personas pensionistas actuales y futuras.

La organización anarcosindicalista analiza los puntos más negativos de este acuerdo. En este sentido, el mismo supondrá un nuevo recorte que aumentará los coeficientes penalizadores a quienes decidan optar por la jubilación anticipada voluntaria. También se incentiva la jubilación demorada, se busca favorecer la permanencia en el trabajo con la jubilación activa, -compatibilizando jubilación y trabajo-, en un país donde la tasa de paro juvenil es de las más altas, se revaloriza el IPC y se crea un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional para que el importe de la pensión se calcule en función de la esperanza de vida de las personas. Por otra parte, este pacto de la vergüenza también contempla la regularización de los planes de empleo a través de la negociación colectiva, que irá acompañado de “comisiones” para las grandes entidades gestoras y los sindicatos del “diálogo social”.

Para los anarcosindicalistas todas estas “nuevas medidas” se resumen en nueva alianza para continuar retrasando la edad de jubilación, bajando los salarios, recortando las cotizaciones empresariales, ampliando o endureciendo los requisitos para acceder a una pensión digna, congelando las pensiones o permitiendo que los ricos no coticen por todo lo que ingresan.  Es por ello que desde la CGT ha realizado un llamamiento a toda la sociedad en este mismo comunicado, para retomar la calle y participar en cuantas movilizaciones y acciones se convoquen en defensa del SPP en las próximas semanas y meses, e incide en que solo la protesta organizada desde la calle logrará echar abajo las reformas contra la clase trabajadora. CGT recuerda que es el momento de exigir un reparto justo del trabajo, la jubilación a los 60 años, una pensión mínima de 1.084 euros para todas las personas y el sostenimiento del SPP a través de los Presupuestos Generales del Estado.

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Gobierno y agentes sociales cierran el primer gran acuerdo sobre la reforma de pensiones

  • M. VALVERDE

28 JUN. 2021 – 20:53

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Europa Press

El Ejecutivo facilita el acuerdo al comprometerse a derogar completamente las normas del PP sobre la revalorización de las pensiones y el cálculo de la prestación con la esperanza de vida.

El Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT cerraron este lunes un acuerdo sobre la primera parte de la reforma pensiones. El pacto social, el primero que se consigue sobre las prestaciones de la Seguridad Social diez años d

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ECONOMÍA

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La lista completa de los 3.869 morosos que deben 14.100 millones a Hacienda

  • EXPANSIÓN.COM

28 JUN. 2021 – 13:58

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Europa Press

El número de morosos que adeudaban a la Hacienda pública española más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2020 era de 3.869, un 1,6 % menos que un año antes, y debían un total de 14.100 millones, un 1 % menos.

Según los datos facilitados este lunes por la Agencia Tributaria, el número de grandes deudores se ha reducido en un 20% con respecto al primer listado, publicado en 2015. La mayor parte de los deudores que aparecen en el séptimo listado son personas

Los agujeros negros del inminente acuerdo de las pensiones: Alertan de los riesgos de la reforma

Fedea, Mapfre o Unespa señalan que el plan de Escrivá es insuficiente y podría generar más déficit

Nadie dijo que fuera fácil, pero el próximo acuerdo en pensiones que se prevé alcanzar este lunes entre Gobierno y sindicatos está llamado a ser un foco de críticas. Ya lo ha sido antes de la aprobación de su primer paquete, debido a las polémicas surgidas por algunas medidas como la ampliación del periodo de cómputo a 35 años –que finalmente no se envió a Bruselas–, pero promete seguir ocupando portadas en las próximas semanas e incluso meses. 

Justo en la recta final para que el primer acuerdo vea la luz, han sido varias las voces que se han lanzado a señalar los déficits del texto, que aún se está negociando en la mesa de diálogo social pero que se espera llegue pronto al Congreso de los Diputados para su aprobación en el últimos trimestre del año. Desde patronales aseguradoras, secciones sindicales, a balances elaborados por economistas independientes señalan que la reforma tiene puntos positivos, pero resaltan sus deficiencias.

Fedea cree que garantiza la suficiencia pero hay riesgo de insostenibilidad

El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ha apuntado este jueves que el acuerdo de pensiones que el Gobierno pretende cerrar próximamente garantiza la suficiencia de las pensiones, pero que “quizás pone en riesgo la sostenibilidad” del sistema. Así lo ha señalado durante la presentación del estudio socieconómico ‘El futuro de las pensiones en España’. También critica que la reforma se haga en dos fases, dejando las medidas más traumáticas para el final.

“Como punto de partida, me parece bien que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero una vez que haces esto tienes que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida”, ha alertado Conde-Ruiz. De hecho, ha resaltado que vincular las pensiones al IPC va a suponer un aumento del déficit estructural de la Seguridad Social de entre 3 y 5 puntos del PIB, es decir, entre 30.000 y 50.000 millones. Desde su punto de vista, “es insostenible hacer una reforma de este calado sin un gran pacto por las pensiones”.

Mapfre pide “soluciones más agresivas” e ir “más allá” del Pacto de Toledo

El presidente de Mapfre (@MAPFRE_ES), Antonio Huertas, ha llamado este jueves en Santander a “ir más allá” de lo contemplado en el acuerdo de pensiones alcanzado en el Congreso en el marco del Pacto de Toledo y abordar “soluciones más agresivas” para el sistema público de pensiones. Así, ha señalado que el retraso previsto en la jubilación con las reformas ya aprobadas “no es suficiente” y ha defendido que será necesario realizar una mayor aportaciones al sistema.

Sin abundar en detalles, ha planteado cambios en el cálculo de la pensión y facilitar una jubilación activa para compatibilizar pensión y trabajo, con el fin de “compensar una reducción real de la tasa de sustitución que se irá produciendo en los próximos años”. En todo caso, la principal apuesta planteada por el presidente de la aseguradora es facilitar e incentivar planes complementarios, ya sean a través de planes de empresa o de fondos de pensiones privados. “El acuerdo en el Pacto de Toledo es una buena referencia, pero es un punto de partida para ir trabajando en soluciones más agresivas o profundas”.

Unespa critica el fondo de pensiones de empresa planteado por Escrivá

La presidenta de la patronal Unespa (@UNESPA), Pilar González de Frutos, ha asegurado también este jueves en Santander que no cree que el fondo de pensiones de empresa planteado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, vaya a suponer “un especial impulso” a este sector, y ha señalado la conveniencia de acompañarlo con cambios en la regulación laboral y financiera

González de Frutos ha apuntado que el sistema británico, en el que a su juicio se inspira este fondo, funcionó porque anteriormente se basó en reformas de este tipo. “El desarrollo de fondos de pensiones de promoción pública y gestión privada pueden ser magníficos instrumentos, estupendos vehículos, pero no son el impulso al segundo pilar”, ha señalado, apostillando que ello “exige otras cosas”.

La Plataforma Sindical Plural exige que se paralice la reforma

La Plataforma Sindical Plural (formada por USO, Fetico, Satse, ANPE, Gestha, CCP y CSL) ha solicitado en una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que paralice de manera inmediata la reforma de pensiones “ante las informaciones ambiguas y confusas al respecto que han ido apareciendo estos meses”. La Plataforma ha mostrado su malestar porque un tema “de tal envergadura” haya sido tratado “desde el oscurantismo y el veto a la participación de otras organizaciones durante todo el proceso”.

“Los documentos de trabajo y el contenido de las reuniones han sido ocultados intencionadamente, lo que evidenciauna falta de transparencia impropia de una democracia y no respeta el pluralismo sindical que afortunadamente existe”, ha denunciado. Además, la Plataforma Sindical Plural cree que las medidas que contendrá la reforma de pensiones “van a empeorar seriamente el acceso y el importe de las futuras pensiones y perjudicarán gravemente las prestaciones de próximas generaciones” y ha señalado que debería ir acompañada de medidas de fomento del mercado laboral o de transformación industrial. 

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(Vídeo): «El gobierno cuenta con CC.OO. y UGT para imponer la contrarreforma de las pensiones»

Con el más absoluto secretismo, el Gobierno español y las cúpulas de los sindicatos CC.OO. y UGT están manteniendo en estos momentos negociaciones para pactar una nueva «reforma» del sistema público de pensiones.

De acuerdo a la información que ha trascendido a los medios de comunicación, el Ejecutivo, estos «agentes sociales» y las organizaciones patronales estarían cerca de a alcanzar un acuerdo.

  Eduardo Luque, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y analista político, desvela la razón por la que dichos encuentros se están desarrollando con esa opacidad.

(DURACIÓN DEL VÍDEO: 5 MINUTOS)

ALGUNOS TITULARES DE LA ENTREVISTA:

«CC.OO Y UGT necesitan ofrecer alguna migaja a las clases populares, para vender el plan de recortes y privatización de las pensiones»

«El Gobierno está siendo frenado por la presión popular y de COESPE»

«El Ejecutivo necesita el apoyo de las grandes centrales sindicales para intentar desarmar al movimiento pensionista»

«Las direcciones de Comisiones y UGT necesitan que el Gobierno les dé algo para justificarse ante sus militantes y la ciudadanía»

Los ministros Yolanda Díaz (Trabajo) y José Luis Escrivá (Seguridad Social), los secretarios generales de CC.OO. y UGT Unai Sordo y Pepe Álvarez y el presidente de la patronal Cepyme Gerardo Cuerva

https://canarias-semanal.org/art/30804/el-gobierno-cuenta-con-ccoo-y-ugt-para-imponer-la-contrarreforma-de-las-pensiones-video

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Bruselas aprueba el plan español para los primeros 69.500 millones de los fondos europeos

Aprobado. El plan español ha sido aprobado este miércoles, junto con el portugués, en un claro mensaje de que, en esta crisis, Bruselas sí quiere priorizar la salud económica del sur de Europa. Para ello ha viajado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Lisboa y Madrid este miércoles. El aprobado de Bruselas implica que da vía libre a los 69.500 millones en transferencias solicitados por España hasta 2023 –la otra mitad, en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, y tiene hasta 2026 para hacerlo– y, para empezar, a 9.000 millones de prefinanciación por planes comenzados en febrero de 2020 que podrían llegar a partir de julio. De hecho, el Ejecutivo comunitario ya ha captado 20.000 millones en los mercados en la primera emisión de deuda comunitaria emitida este martes en los mercados.

“Es un día histórico”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Se abre la puerta a una nueva forma de entender la Unión”.

“Esperamos ahora que dentro de menos de 4 semanas el Consejo se pronuncie del mismo modo y anuncio que convocaré una conferencia de presidente autonómicos para hablar del plan de recuperación con ellos, que también son protagonistas, como los millares de alcaldes”, ha dicho Sánchez, quien se ha referido a las reformas: “Es normal que haya interés por la reforma de las pensiones y el mercado del trabajo, pero sin la transición energética no vamos a ser competitivos, y sin mejorar la reforma de la formación profesional no vamos a mejorar el futuro de los jóvenes. Vamos a hacer el mayor impulso reformista en 30 años”.

En el calendario de la Comisión Europea, al final prevé entregar a España en 2021 una cifra inferior a la presupuestada por el Gobierno. En los presupuestos para 2021se incluyen 26.634 millones de proyectos de transformación con cargo a dinero comunitario. De ellos, 2.436 millones provenientes del programa React-EU de la Comisión Europea que salen del Marco Financiero Plurianual, y 24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, en lugar de estos 24.198 provenientes de los fondos vinculados al plan aprobado este miércoles, Bruselas prevé entregar 19.000 millones.

“Es la primera vez que la Comisión sale a mercados financieros”, ha dicho Pedro Sánchez: “Hemos tenido que aprobar los planes en los parlamentos nacionales, hemos hecho una negociación con la Comisión Europea y hemos llegado a la partida de 19.000 millones que nos parece suficiente. Estamos hablando de una diferencia que es perfectamente asumible por el Gobierno de España”.

Esos 9.000 millones llegarán después del visto bueno del Consejo (los Gobiernos), para el que disponen un mes, y el próximo 13 de julio hay Ecofin, que podría ser el día en que se libere el dinero. Un dinero que se irá desembolsando en la medida en que cada país vaya cumpliendo los hitos y objetivos a los que se ha comprometido: sin objetivos cumplidos, no hay dinero.

“El plan ha sido fruto de mucho esfuerzo”, ha dicho Ursula von der Leyen, “pero hay que hablar de llevarlo a la práctica. Hemos conseguido atravesar juntos esta horrible pandemia, hemos pasado por momentos muy tristes, pero hemos estado juntos al pie del cañón hasta que ha empezado la vacunación y ahora las cosas se están encarrilando”. 

El análisis de Bruselas constata que “el plan representa una respuesta equilibrada a la situación económica y social de España”, y que “contiene medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reducir aún más la tasa de abandono escolar prematuro. También propone una simplificación de los contratos para reducir el abuso de la contratación temporal”.

La Comisión Europea destaca que “hay inversiones sustanciales para formar a los trabajadores y modernizar el sistema de educación y formación profesional. El plan también prevé acciones concretas en el ámbito de las políticas activas del mercado laboral, incluida la reforma del sistema de incentivos a la contratación, el desarrollo de vías individuales de asesoramiento, el refuerzo del sistema de aprendizaje de adultos y la modernización de los servicios públicos de empleo”.

En relación con las reformas, Bruselas explica que “el plan español incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar eficazmente los desafíos económicos y sociales descritos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a España por en el Semestre Europeo de 2019 y en 2020”.

En este sentido, “el plan aborda las recomendaciones en las áreas de inversión en las transiciones verde y digital, sectores estratégicos e investigación, desarrollo e innovación. El plan incluye medidas para mejorar el clima empresarial, con acciones importantes para mejorar la regulación, la reducción de la morosidad y la reforma del marco concursal”.

“El plan aborda las recomendaciones específicas por país en el ámbito de las finanzas públicas, incluida una reforma del sistema de revisión del gasto, una reforma para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, una reforma del marco de contratación pública y del sistema fiscal”, enumera Bruselas: “El plan incluye una reforma del sistema de pensiones con el objetivo de preservar su adecuación y sostenibilidad a medio y largo plazo y apoyar una vida laboral más larga. El diseño final de la reforma está sujeto al resultado del proceso de diálogo social”.

Además, Bruselas aborda la reforma del mercado de trabajo: “Propone varias reformas del mercado laboral, incluido un mecanismo de estabilización y flexibilidad que permitiría a las empresas hacer frente a los ajustes en caso de crisis económicas, basándose en el esquema de trabajo de jornada reducida existente. El plan también incluye un conjunto de medidas previstas para abordar el problema persistente relacionado con la dualidad y la precariedad del mercado laboral. El plan prevé acciones para reducir los contratos temporales en los sectores público y privado. El diseño final de varias reformas del mercado laboral está sujeto al resultado del proceso de diálogo social. Además, el plan incluye medidas para mejorar las políticas activas del mercado laboral”.

“El plan también contribuye a la cohesión social y territorial, con medidas en salud, educación, competencias profesionales y política social”, añade la Comisión Europea.

Transición ecológica y digital

Según la evaluación de la Comisión Europea, “la contribución a la transición verde del plan español asciende al 40% de su asignación de 69.500 millones”, lo cual “excede el mínimo del 37% requerido por el reglamento del instrumento de recuperación y resiliencia”.

El Ejecutivo comunitario destaca que las medidas para ayudar a asegurar la transición verde de España “incluyen 3.900 millones para el desarrollo de energías renovables y 3.400 millones para apoyar la renovación de más de medio millón de edificios residenciales para mejorar su eficiencia energética”.

Además, “incluye medidas para promover la movilidad sostenible; descarbonizar la industria; reducir la dependencia energética y ayudar a mitigar los efectos adversos del cambio climático mediante la preservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad”. Por último, Bruselas detalla que el plan “promueve la economía circular mejorando la gestión del agua y los residuos en el país”.

Además de cumplir los objetivos de transición ecológica, Bruselas afirma que el plan de recuperación y resiliencia de España “contribuye eficazmente a la transición digital”. Así, destaca que “la contribución del plan español a la transición digital asciende al 28% de su dotación total de 69.500 millones de euros, lo que excede el mínimo del 20% requerido”.

En concreto, relata la Comisión Europea, las “medidas para apoyar la transición digital en España que 3.600 millones para la formación digital y 4.300 millones para la transformación digital de los sistemas de administración pública, salud, justicia, empleo, educación y servicios sociales”.

“También incluye inversiones de 4.600 millones de euros para promover la digitalización de la industria y las pymes, inversiones en inteligencia artificial, digitalización de sistemas turísticos y culturales, y 4.000 millones de euros para apoyar la conectividad fija y 5G y el ecosistema relacionado”, relata Bruselas.

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CC.OO festeja el «buen acuerdo» en el BBVA que supone la desaparición de 2.725 empleos

9 junio 2021 in POLÍTICAShare on FacebookShare on Twitter

Los sindicatos (¿LLAMADOS MAYORITARIOS?) y BBVA han firmado un acuerdo para llevar a cabo su expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a en 2.725 empleados. El acuerdo también incluye el cierre de 480 oficinas.

La entidad que preside Carlos Torres ya explicó que una parte de los 9.600 millones de euros obtenidos por la venta de su filial en EE UU y ya recibidos, irían destinados a este ajuste de plantilla. Este proceso generará unos ahorros estimados de 250 millones de euros anuales antes de impuestos a partir de 2022, de los que unos 220 millones corresponden a gastos de personal. En 2021 los ahorros estimados serán de 65 millones brutos, según ha comunicado BBVA a la CNMV.

Fuentes de CC OO aseguran que “se ha logrado un muy buen acuerdo, pese a lo elevadas de las cifras de salidas propuesta inicialmente por el banco el 13 de abril, así como por el número de afectaciones, que también se ha reducido. También se ha mejorado considerablemente la mala oferta económica”.

Recordemos que el BBVA confirma unos beneficios de 1.210 millones y que sus altos directivos cobrarán un bonus de 158 millones.

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Las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo

El presente Resumen no sustituye al texto auténtico de las recomendaciones originales, que puedes leer íntegramente al final de esta noticia en el PDF original.

Recomendación 0: Defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones

— Rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización.

— La financiación del sistema de la Seguridad Social debe adecuarse a la naturaleza de la protección, de modo que las prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado.

Recomendación 1: Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero

Separación de fuentes:

— Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas.

— La financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado.

Existen gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que deben ser asumidos por el Estado con financiación tributaria (con cargo a sus Presupuestos Generales), según un calendario que permita superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023.

Recomendación 2: Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones

La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema.

Recomendación 3: Fondo de reserva

— La disminución del Fondo obedece al persistente desequilibrio financiero que ha deteriorado las cuentas de la Seguridad Social durante sucesivos ejercicios presupuestarios, siendo conveniente establecer un remanente mínimo sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.

— Una vez que se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, debe retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva, así como que la disposición de sus activos debe ajustarse estrictamente al pago de prestaciones de naturaleza contributiva.

— El Fondo de Reserva puede ser una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, pero no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural.

Recomendación 4: Integración y convergencia de regímenes

Se requiere un análisis de convergencia de los diferentes regímenes hasta reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Se debe continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del Régimen General. Deben promoverse, en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

Recomendación 5: Adecuación de las bases y periodos de cotización

— Evaluación de la ampliación de la progresiva del período de cálculo de la base reguladora de las pensiones.

— Evaluación de la ampliación del periodo cotizado exigible, por Ley, para alcanzar una pensión del cien por cien de la base reguladora.

— Resulta adecuado el mantenimiento y mejora de las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven la cotización.

Recomendación 6: Incentivos al empleo

El sistema de incentivos debe concentrarse en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial. A este respecto, solamente debe priorizarse con este tratamiento preferente a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género; asimismo, deben adoptarse medidas de fomento de la contratación de los parados de larga duración, y de los jóvenes, así como incentivarse el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años.

Recomendación 7: Modernización e información al ciudadano

Debe darse cumplimiento a las obligaciones de información de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

Recomendación 8: Gestión del sistema

Potenciar la mejora de la gestión, a través de la creación de una agencia de la Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, con arreglo al marco competencial establecido en la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía.

Abordar de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social.

Recomendación 9: Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Es necesario completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de las Mutuas, así como dotarlas de un cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos, compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

Recomendación 10: Lucha contra el fraude

— Debe favorecerse que todas las Administraciones implicadas puedan cruzar la información existente en sus bases de datos.

— Deben reforzarse los medios de la Inspección de Trabajo y el régimen sancionador a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Recomendación 11: Contributividad

Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema.

Recomendación 12: Edad de jubilación

Es necesario reforzar dos líneas básicas de actuación:

— Fomentar la permanencia de los trabajadores en activo.

— Atender a las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral pueda generar en determinados colectivos.

Recomendación 13: Prestaciones de Viudedad y Orfandad

Debe llevarse a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia —en especial la de viudedad— manteniendo su carácter contributivo.

Recomendación 14 Suprimida

Recomendación 15: Solidaridad y garantía de suficiencia

En relación con el concepto de suficiencia, es preciso:

— Fijar una referencia adecuada, que podría ser la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los trabajadores ocupados)

— Establecer un ámbito territorial de medición comparada, en concreto el de los países más avanzados de la Unión Europea.

Recomendación 16: Sistemas Complementarios

Es necesario impulsar los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociación colectiva. En cuanto al tercer pilar, su gestión debe ser más transparente.

Recomendación 17: Mujeres y Seguridad Social

Se deben adoptar medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, y potenciar la corresponsabilidad entre géneros.

Recomendación 17 bis: Juventud y Seguridad Social

Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones. Estas circunstancias determinan el descrédito de nuestro sistema de seguridad social entre la juventud. Un objetivo básico es que los jóvenes recuperen la confianza en el sistema.

Recomendación 18: Personas con discapacidad

Deben intensificarse las medidas dirigidas a su activación, favoreciendo su acceso al empleo. En particular, se propone la compatibilidad de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.

Recomendación 19: Trabajadores migrantes

Deben apoyarse los puentes de inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral español. A tal fin, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

Recomendación 19 bis: Seguridad Social y economía digitalizada

Debe actuarse frente a realidades relacionadas con las características de las actividades que se desarrollan a través de plataformas digitales, como son la economía informal, los falsos autónomos y la infracotización.

Recomendación 20: Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo

El Gobierno debe comparecer anualmente ante la Comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. Transcurridos cinco años, el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones, así como evaluar a su grado de cumplimiento.

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Cuánto se queda Hacienda del plan de pensiones

Los impuestos del plan de pensiones dependerán de la forma de rescate que elijas. Lo que no cambia es el tipo de renta que el plan de pensiones es en el IRPF. En otras palabras, dónde lo debes incluir y eso es dentro de las rentas del trabajo y no de las rentas del ahorro.

A efectos prácticos, esto implica que se aplicará una escala fiscal diferente en cada caso al hacer la declaración de la renta.

Aquí puedes ver la diferencia para la renta 2020, que es por la rendiremos cuentas en 2021:

Tramos IRPF 2020Tipos a aplicar
Desde 0 hasta 12.450€              19%              
De 12.450€ a 20.200€             24%
De 20.200€ a 35.200€             30%
De 35.200€ a 60.000€             37%
Más de 60.000€             45%

Esta tabla se aplica de forma progresiva, de manera que sólo pagarás el tipo máximo del 45% (será mayor dependiendo de la comunidad autónoma) para lo que supere los 60.000 euros y ahí está precisamente el problema para los planes de pensiones.

En 2021 (cuando se haga la declaración de la renta en 2022) con la subida de IRPF los tipos a aplicar cambian. En concreto, se suma un nuevo tramo de IRPF al 47% para las rentas superiores a 300.000 euros.

Las siguientes tablas de cazadividendos.com muestran cuánto pagarías en cada caso y cómo dependiendo de los ingresos. El resultado es meridiano y la balanza se inclina del lado de las rentas del ahorro claramente.

Rentas del trabajo en el IRPF - Cuantos impuestos pagas
Rentas del Ahorro en el IRPF - Cuantos impuestos pagas

Que el plan de pensiones tribute como renta del trabajo en la declaración de IRPF tiene una consecuencia más. Toda renta del trabajo está sujeta a retenciones de IRPF y la de los planes de pensiones también. A efectos prácticos esto quiere decir que deberás comunicar a la gestora tu situación personal y familiar para que determine el tipo de retención sobre el rescate del plan de pensiones.

Además, la fiscalidad del rescate de los planes de pensiones tiene un truco adicional. Y es que, pagarás impuestos por todo el dinero del plan, que incluye los posibles beneficios más el dinero que hayas aportado. Por el contrario, con un fondo de inversión no pagarás dinero a Hacienda por las ganancias. La diferencia es enorme. 

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‘Corason loco’

  •  Vilanova i la Geltrú
  •  07-06-2021 09:58

Resulta curiós que ofereixin als seus aquells mateixos productes financers que critiquen en públic

Avui estava rumiant per escriure un article sobre les pensions d’empresa, tinguin o no aquest nom, i sobre les reivindicacions que els sindicats CCOO i UGT fan contra aquest tipus de pensions privades. I de cop m’ha vingut a la memòria una cançó de Bobby Capó que posteriorment va fer seva la Trinca. Però anem per feina…

Tant CCOO com UGT es manifesten, obertament, clara i a tot volum, a favor de les pensions públiques i en contra de la banca i els plans de pensions privats. Sovint se’ls veu darrere les pancartes dels jubilats defensant la Seguretat Social i en contra de la privatització del sistema. Aquesta privatització, diuen, beneficiaria les entitats financeres, asseguradores, i aniria en contra dels pensionistes.

Però la realitat és tossuda, i ens diu que des de 1989 CCOO té en marxa un sistema d’estalvi privat “Plan de Pensiones Asociado de CCOO”, que cada any ofereix als seus afiliats la possibilitat de fer noves aportacions al pla. I la UGT fa el mateix: “El Plan de Pensiones de UGT, Nuestro Plan”. I diu que “…és una oferta de servei flexible, que s’ajusta a les possibilitats econòmiques de cada afiliat (…) amb una excel·lent rendibilitat”. 

Aquests fons no pertanyen als sindicats ni els gestionen, sinó que estan associats a una entitat, el BBVA. Són serveis externs als sindicats que ofereixen als afiliats avantatges en quant a costos, estalvi, i que tenen, diu la propaganda, un caràcter social clar. Se’ls demana que facin una aportació mínima de 240 euros cada any, però amb la seguretat que “…aquest estalvi té beneficis fiscals…” perquè “les aportacions que es fan als plans de pensions es desgraven de la base imposable a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. Que una persona opti per fer-se un pla de pensions privat no és cap problema, hi té dret. Però la incongruència apareix quan uns sindicats que verbalment diuen que estan en contra d’aquests plans de pensions, ells mateixos l’ofereixin als seus afiliats i, com a sindicat, en treguin profit econòmic i serveixin de falca d’entrada als plans de pensions d’empresa, l’avantsala de la Motxilla Austíaca.

Vol dir això que les pensions públiques tenen els dies comptats? No!, tenen vida assegurada si no es desvien milions com a despeses impròpies, si es persegueix el frau fiscal, si es deslliga de dependre únicament de les aportacions laborals i empresarials i es relaciona també amb l’augment del PIB, de la generació de riquesa.

Resulta curiós que ofereixin als seus aquells mateixos productes financers que critiquen en públic.         

Però no acaba aquí la hipocresia, em sembla…

Fullejant diaris trobo algunes notícies relacionades amb aquests sindicats.

El Periodico, 1 de juny de 2021. UGT de Catalunya fa un ERE per acomiadar 45 dels seus treballadors.

OK Diario, 11 de desembre de 2020. Les retribucions de la Comissió Executiva Confederal, de CCOO, van augmentar un 46% entre 2018 i 2019. En aquests mateix període els sous dels treballadors van pujar un 2%.

El Independiente, febrer de 2021. L’any 2021 el Gobierno ha augmentat un 56% la partida destinada a sindicats. Entre CCOO i UGT s’emporten el 74%.  Bé, cada un pot fer les consideracions que vulgui…

Bé, però, per què he pensant en la cançó de Bobby Capo i la reinterpretació de la Trinca?

Veureu, la cançó original diu:

” Yo no puedo comprender

Como se pueden querer dos mujeres a la vez

Y no estar loco…”.

I la Trinca:

“Jo tampoc no veig gens clar

com es poden

mantenir dues “pàtries”

i no estar: Tocat de l’ala!…

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Los pensionistas se movilizan contra los bancos que están eliminando la atención presencial en oficinas

“Un día estaba lloviendo y conté 18 personas esperando en la calle, una en silla de ruedas, otra en taca-taca…”, cuenta Paquita, vecina de 85 años de Vitoria

La movilización semanal  de los pensionistas dirigía su atención este lunes a las entidades bancarias. Colectivos de pensionistas del País Vasco comienzan así una campaña para denunciar, entre otras cuestiones, el cierre de oficinas y la eliminación de los servicios presenciales en favor de las tramitaciones digitales, medidas que están perjudicando especialmente a las personas mayores. 

Colectivo de pensionistas en la manifestación de este lunes en la antigua sede de la Caja Vital / Cadena Ser

“Mostraremos ante los grandes bancos nuestra preocupación por
las colas que mes a mes se producen en las sucursales de las entidades bancarias“, denunciaba en un comunicado el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. 

En Vitoria, por ejemplo, Kutxabank tiene previsto cerrar 1 de cada 4 oficinas. Hay malestar en varios barrios de la ciudad en los que se han recogido firmas o emitido comunicados para reclamar a las entidades bancarias que no sigan restringiendo la posibilidad de hacer trámites de forma presencial. 

Es el caso del barrio de Zaramaga donde Paquita, una vecina de 85 años, relata que en la oficina de Kutxabank del barrio ya sólo queda una ventanilla abierta. “Un día estaba lloviendo y conté 18 personas esperando en la calle, una en silla de ruedas, otra en taca-taca, varios con bastón, me pareció una falta de respecto muy grande a los mayores”. 

Los pensionistas vascos denuncian: “Año tras año el servicio bancario se deteriora y cada vez nos ponen más difícil el acceso a nuestro propio dinero; vemos así mismo que con ocasión de la pandemia se han incrementado las dificultades; se están cerrando sucursales que en muchas ocasiones son la única posibilidad de atención directa en barrios y pueblos; se está reduciendo personal de atención a las personas usuarias” , 

“Estas son decisiones que se están cronificando y que generan humillación,
desatención y riesgos para las personas que pacientemente hacen cola en las
entidades financieras”.

Los colectivos de pensionistas denuncian además el “aumento de las comisiones con el objetivo de aumentar los dividendos de las personas accionistas de las entidades financieras”. También van a poner el acento en las cláusulas abusivas. 

“Como servicio esencial nos hemos dirigido por carta y entregaremos la misma personalmente en las entidades financieras para demandarles adoptar medidas al respecto; demandamos a las entidades financieras que acaben con las colas, restableciendo los servicios, abriendo sucursales, ampliando plantillas, que abran ventanillas específicas para pensionistas y personas mayores, que reduzcan las comisiones a nivel de 2015…”

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SOBRE LA UNIDAD DE ACCIÓN Y EL GRUPO “TÉCNICO”
A finales del pasado 2020, el Movimiento Andaluz MADPP, convocó a una reunión al conjunto del movimiento pensionista de todo el Estado. En su circular del 7 de diciembre decía: “…se trata de unirnos en torno a nuestra oposición común a las recomendaciones emitidas por el Pacto de Toledo y a su implementación por el Gobierno, y acordar la coordinación de un plan de actuaciones inmediatas en todo el Estado, con la mayor fuerza y unidad posible.”
La convocatoria por videoconferencia tuvo un notable éxito, porque conectó con un sentimiento de alarma generado en el movimiento pensionista, ante las amenazas de nuevos y severos recortes que se ciernen sobre las pensiones públicas, y también porque respondía a una demanda mayoritaria de unidad para la movilización, después de las divisiones y desencuentros acontecidos a lo largo de
2020.
Así, y con no pocas dificultades y mucho trabajo, se fue avanzando en la concreción de los puntos comunes de la tabla reivindicativa, y en torno a ellos la organización de tres jornadas de movilización pensionista estatal: los pasados 25 de enero y 1 de marzo, y el próximo 17 de abril de 2021.
Con el objetivo de dar forma a la movilización, y como espacio de cooperación, se formó un grupo “técnico” de trabajo, formado por representantes de buena parte de las plataformas y coordinadoras presentes, en el que Unidad COESPE nos integramos y venimos colaborando con el resto para el buen fin de la unidad de acción pensionista.
Pero no todo son buenas noticias, por desgracia. Las dudas sobre la definición de las funciones del grupo “técnico” de trabajo, fueron aparentemente resueltas en un documento. Sin embargo, en la última reunión del pasado martes día 6 de abril, algunas entidades (COESPE autoproclamada “oficial”, MODEPEN, MADPP, Móstoles, Badajoz, Coord. Euskadi y Vizcaya) vetaron la presencia de dos coordinadoras y una plataforma, que habían solicitado formar parte del grupo. Unidad COESPE,
Cantabria, León y Segovia defendimos que no se vetara a nadie.
Ese veto nos parece no solamente un error, sino que además entendemos que esa actitud rompe con el espíritu unitario con el que se nos convocó en diciembre, y frustra las esperanzas de muchas mujeres y hombres pensionistas de que, por fin, estábamos en el buen camino, en el de aparcar las diferencias personales o particulares, para desarrollar la movilización suficiente, y parar los recortes
y la privatización que se ciernen sobre el Sistema Público de Pensiones.
Entendemos que el GT debe ser un espacio de encuentro, de consenso, de sumar “…con la mayor fuerza y unidad posible.” . Por lo tanto no es un foro para votar (porque no es un cuerpo orgánico), ni para vetar, porque todas las plataformas, u organizaciones pensionistas que compartan la Tabla Reivindicativa, deben de ser bien recibidas en él, con los únicos límites de la operatividad (que no es el caso) y el respeto mutuo.
Por todo ello, desde Unidad COESPE queremos hacer un llamamiento a la cordura y reflexión. No podemos permitir actitudes excluyentes y sectarias, que generen nuevas divisiones. Con altura de miras, comprendamos que aquí nadie sobra, especialmente en estos momentos.
Una vez más, recordemos a Mario Benedetti “ la unidad que sirve es la que nos une en la lucha”.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, CON LA UNIDAD DE ACCIÓN LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.
9 de abril de 2021.

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2021-03-24

LA INFORMACIÓN

La agonía de la Seguridad Social… retiro a los 60 y plantilla con 56 años de media

22.000 funcionarios gestionan 9,8 millones de pensiones, 210.000 prestaciones de IMV, decenas de subsidios, bajas, clases pasivas. Son 7.000 menos que hace 10 años… pero el trabajo se ha multiplicado.

Los organismos de la Seguridad Social, encargados de gestionar y administrar las prestaciones del Sistema, entre ellas 9,8 millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además de garantizar la sostenibilidad, la solidaridad financiera y la caja única de las pensiones, pasan por uno de los momentos más críticos en décadas de existencia, con plantillas mermadas, envejecidas, con sistemas informáticos obsoletos y con dotaciones económicas insuficientes.

Hace poco más de diez años, en enero de 2011, la plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Instituto Social de la Marina (ISM) y la de la Tesorería General (TGSS), organismos integrados entonces en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, sumaba un total de 29.923 empleados públicos, un 30% más que actualmente, y casi el 85% eran funcionarios de carrera. Apenas había 8,7 millones de pensionistas -un 12% menos que en la actualidad-, no se gestionaba el Ingreso Mínimo Vital -hay 210.000 perceptores-, ni tampoco las Clases Pasivas -donde están incluidos 630.000 funcionarios-, ni un buen número de ayudas sociales de reciente creación.

La situación, que posiblemente tampoco era perfecta, ha cambiado a peor drásticamente, en un momento en el que está sobre la mesa una reforma profunda de las pensiones. A fecha de julio de 2020, última disponible en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, había 7.000 funcionarios menos trabajando en los organismos de la Seguridad Social, en los que ahora se incluye además, de forma autónoma, la Gerencia Informática de la Seguridad Social.

Inversión, plantilla… jubilación

La inversión de estos departamentos claves para pagar las pensiones, gestionar subsidios, gestionar cotizaciones sociales, bajas laborales y de maternidad e incapacidades, ha caído drásticamente, pero sobre todo la contratación de más personal. Tras años de duros recortes y limitaciones tasas de reposición, la plantilla -la mayoría se incorporó en los ochenta- no ha logrado rejuvenecerse, ha aumentado la temporalidad y buena parte del personal ya está pensando en su jubilación inmediata.

Una radiografía de estos organismos, a partir de los datos facilitados a La Información por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, prestando especial

atención al estado de la plantillas, muestra que la edad del personal en el INSS es de 56,24 años y solo el 13,26% de una plantilla de 10.372 efectivos tiene menos de 45 años. Los datos del ministerio también muestran que la tendencia en los próximos años será un aluvión de jubilaciones.

El INSS y la Tesorería

En el INNS se jubilaron en 2020 el doble de funcionarios de los que lo hicieron en 2o19 y 2018. Siete de cada diez lo hicieron al cumplir 60 años, una opción que contempla el régimen de clases pasivas si han trabajado en la Administración durante 30 años. La edad media de retiro en el INSS fue el año pasado de 60,63 años, apenas cinco días más que en 2019. Junto a esto, la pandemia del coronavirus ha disparado los retrasos en los pagos de prestaciones. El periodo medio para el abono de las pensiones repunta hasta los 23 días, según los datos del Ministerio, mientras que los sindicatos de funcionarios aseguran se produce hasta un mes y medio de demora.

Mientras, en la Tesorería General de la Seguridad Social, encargada de la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema, contaba a 31 de diciembre de 2020 con 10.085 empleados, con una media de 56 años. Apenas el 7,7% de su plantilla tiene menos de 45 años y desde enero de 2018 a febrero de 2021 se han jubilado 1.569 efectivos, más de 500 cada año, con una media de edad 63,6 años.

Otras de las patas de la Seguridad Social son el Instituto Social de la Marina, con empleados -1.305- de 55 años de media que se encargan de la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y colaboran con la Tesorería para la inscripción de empresas, recaudación y altas de trabajadores. Por su parte la Intervención General, con 1.526 funcionarios, la Gerencia de Informática y el Servicio Jurídico, ambos con 1.157 trabajadores, tiene trabajadores públicos con edades medias de 53,6, 55,8 y 55 años, respectivamente.

Escrivá, consciente del problema

El ministro José Luis Escrivá ha admitido desde su llegada al Gobierno de los problemas de plantilla y saturación de trabajo. Recientemente, reconocía la falta de personal en la Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por Hana Jalloul, que será número 2 de Ángel Gabilondo en la lista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, “que se traducía en una importante lista de espera para algunos servicios y una capacidad insuficiente en el sistema de acogida”.

El ministro de Inclusión también destacó las medidas que se han tomado en el último año debido a la pandemia y que han multiplicado la carga de trabajo. “Hemos desplegado una enorme red, que ha permitido proteger en algún momento de este último año a más de 8 millones de personas y más de medio millón de empresas. Se han gestionado más de 3,8 millones de prestaciones de incapacidad temporal especial por

la Covid, que liberaba del coste que las bajas comunes tienen para empresarios y trabajadores”.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, que supone una nueva ayuda que se incorpora a la cartera de la Seguridad Social, se han gestionado en apenas nueve meses 1,2 millones de solicitudes, de las que se han tramitado casi 900.000 y se han aprobado 210.000. Siete de cada diez hogares beneficiarios tienen menores, lo que según el ministerio supondrá alejar de la pobreza a buena parte de la población infantil.

VER EN LA WEB

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Nueve miembros de CSI afrontan acusaciones de terrorismo y daños en tres conflictos laborales

El secretario general del sindicato acusa a la delegada de Gobierno de “doble vara” pues a él le han “destrozado” el coche y no hay nadie investigado.

Movilización de CSI por los despidos de Vasute. FOTO: Luis Sevilla.

Nueve militantes del sindicato CSI afrontan acusaciones de delitos que van desde los daños y la coacción, al terrorismo, en relación a hechos producidos en el marco de los confictos laborales que han afectado a las empresas VausteALSA EBHI recientemente. El sindicato está preparando una campaña contra la represión sindical, y señala a la delegada de Gobierno, Delia Losa, por su “doble vara de medir”, y por recurrir a las detenciones para acallar al movimiento obrero.

El conflicto que más presión judicial está ocasionando al sindicato es de las recientes huelgas de ALSA. Siete trabajadores de este grupo, delegados o afiliados de la Corriente, están acusados por de varios delitos, dos de ellos de terrorismo, y otros cincos de daños. En todos estos casos se trata de supuestos ataques a vehículos de la empresa. Además, una trabajadora de TUA, perteneciente al grupo ALSA, está investigada por una supuesta coacción a una trabajadora por un piquete informativo.

Además, un empleado de Ebhisa, la responsable de la descarga de graneles sólidos de El Musel, fue detenido en su día y está acusado también de daños a bienes de la empresa. Otro trabajador, en este caso de Vauste (antigua Tenneco), también arrestado en su día, está acusado de un delito de daños a la fachada de la fábrica por la realización de pintadas, además de participar en varias barricadas.

El secretario general de CSI, y trabajador de Vauste, Nacho Fuster, ha advertido de la gravedad de las acusaciones que conllevan en algunos casos (como el de terrorismo) varios años de cárcel, y en otro el pago de cuantiosas indemnizaciones.

“DOBLE VARA DE MEDIR”

El responsable sindical tiene claro que la delegada de Gobierno está aplicando una “doble vara de medir“, dependiendo de quién sea el denunciante. Así, recuerda que a él, entre otros perjuicios, le han destrozado el coche y el de su padre, ha sufrido pintadas de “hijo de puta” en su casa y han robado en su taquilla del trabajo, motivos por los que han presentado siete denuncias. Todo ello en el marco del contencioso en Vauste. “Nueve meses después me dicen que se está investigando”, ha añadido.

Sin embargo, según el representante de CSI, “cuando los denunciantes son la empresa u otros sindicatos del Comité, lo primero que hace la Policía es detener, y luego se investiga a ver si es verdad o no. Cuando denunciamos nosotros, lo que hacen es papeleo”.

Fuster afirma que la corriente es “el único sindicato que protesta” ante los despidos

Según Fuster, CSI “es el único sindicato que protesta cuando hay un conflicto laboral, porque los demás firman despidos y expedientes de regulación de empleo”. “En Vauste”, explica, “donde con toda seguridad vamos a la liquidación, el director general nos dijo en una videoconferencia que nos aplican un ERTE hasta el 31 de mayo, y la respuesta de CCOO, USO y UGT fue pedirle que dejara los papeles en el local del Comité para firmarlos, sin preguntar nada, sin oponerse a nada”.

Ha vaticinado que Asturies está “abocada” a este tipo de situaciones porque “habrá muchas más empresas con concursos acreedores y despidos en los próximos meses“, y “no vamos a quedar en casa y callar”. “No nos van a aterrorizar. Los terroristas son ellos los que quieren dejar a la gente en la calle”, ha concluido.

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A la Direcció o departament de programació de Beteve TV.

Benvolguts senyores i senyors:
Desde Unitat Pensionista.CAT  repassant documentació de fa 10 anys, hem trobat aquest document de BARCELONAUTES DOMICIANO SANDOVAL – PORTAVOZ …

l programa “Barcelonautes” https://youtu.be/oPljI74AuvA, on començàvem amb les nostres protestes i reivindicacions per a una jubilació més justa. Durant aquests 10 anys no hem parat de treballar i seguir amb la nostra lluita i avui dia es pot dir que tenim diverses organitzacions a tot arreu de Catalunya i Espanya que hem aconseguit avenços en els drets que ens pertanyen com a ciutadans. Ara estem immersos en una nova lluita que us pasem a informar més abaix i estem enviant a tots els ajuntaments una carta document perquè la converteixin en moció dels grups polítics. Estem tenint molt bona resposta, per tant esperem que els bancs aviat puguin oferir el servei que els demanem a continuació. Voldríem que així com vau ser els primers a donar-nos veu i visibilitat, també aquesta vegada si és possible ens féssiu de nou una entrevista ja que considerem que estem en un moment molt important de cara a el futur dels pensionistes amb l’aprovació del nou Pacte de Toledo amb la reforma Escrivà. Us agraïriem aquesta entrevista per parlar d’aquests temes.
Gràcies de nou.

UNITAT PENSIONISTA.CAT
Domiciano Sandoval
Tel. 670.012.782

AL SERVEI DE LA BANCA?

 Part expositiva:

 La presentació d’aquesta moció neix de la constatació diària que la banca

dóna per suposat que tots nosaltres estarem al seu servei per a arribar a assolir el seu objectiu: enriquir-se amb el nostre treball. Durant l’any 2019 els beneficis de la banca van caure un 24% si ho comparem amb els obtinguts l’any 2018.

En lloc de guanyar 15.140 milions únicament en van guanyar 12.250. Els

interessos de la banca han tingut un increment del 3,8%. Les comissions han

baixat un 0,1%, i han estat de 9.797 milions. La Banca diu que té pèrdues.

Això, en el seu llenguatge, significa que ara guanya menys que abans, i quan

se n’adona, es neguiteja i adopta un camí que creu que li ha de facilitar tornar a tenir grans beneficis. Com que vol beneficis, tanca sucursals, acomiada personal i redueix l’horari obert a tothom per a centrar la seva atenció en empreses i en gent amb diners. Però malgrat aquestes reduccions en la prestació del que se’n diu “servei”, aspira a cobrar noves i quantioses

comissions. Servei? Segur? Com que té menys personal i amb un horari obert a tothom més reduït, moltes de les gestions que es feien a la finestreta ara s’han de fer amb l’ordinador o per caixa oberta. Hi ha qui li costa de situar-se amb el caixer, són pocs, però existeixen. Hi ha qui no es refia de donar a caixa oberta el seu número de compte per por als pirates informàtics. Pot semblar absurd perquè hi ha molta protecció però, si Facebook o Twiter poden ser assaltades, una banca encara pot ser més vulnerable. Hi ha gent gran, o no tangran, que no és capaç de fer front al llenguatge burocràtic de les màquines sense la presència d’una persona que l’ajudi a entendre què se li demana, com pot contestar-ho, què necessita. Es senten insegurs. Aquest problema afecta a molts ciutadans, i els ajuntaments se l’han de plantejar. La informàtica és el present i el futur, però molta gent no té la informàtica ni com a present ni com ha futur, perquè no ha format part del seu passat. Cal cercar respostes per a resoldre aquesta situació: Es tracta d’una situació transitòria perquè les noves generacions, més escolaritzades i amb un entorn digitals inexistent fins no fa massa anys, estaran més preparades i el mateix entorn suposarà un estímul permanent per a l’actualització funcional. Un ajuntament no hauria de permetre que una part dels seus ciutadans quedessin bandejats per la Banca, una banca que sí que ha volgut els seus diners en un passat i n’ha tret benefici. O posat en risc la seva economia intentant vendre’ls productes tòxics o impulsat per una publicitat enganyosa. Una banca que encara ens deu a tots 64.000 milions del rescat bancari. Però la situació va més enllà, molt més enllà en el cas de molta gent gran. El maltractament de la Banca és un maltractament que es publicita, que utilitza la situació de feblesa del col·lectiu per a eixamplar el seu negoci, i per tant pot ser un terreny on es produeixin situacions de maltractament. La fragilitat física, cognitiva, la soledat, les pors, la inseguretat econòmica poden fer que algunes persones acceptin plantejaments financers que beneficien molt més a la institució que no a la persona gran. Ens referim a la renda garantida, la hipoteca inversa, la Renda per a Majors… productes que serveixen per enriquir més qui més té i per xuclar uns euros a qui en té més necessitat. La

situació és tan descarada que utilitzen asseguradores externes per no implicar el nom de la institució bancària en el producte financer que ells mateixos saben amoral.

És per tot això que sotmetem a la vostra consideració les següents propostes

:

Part propositiva

– Demanem que les entitats financeres reforcin els recursos per tal d´oferir un

servei adequat durant tot l´horari d´oficina per cobrir les necessitats dels

usuaris. En especial a la gent gran que no pot accedir a les gestions online i es veu abocada a situacions penoses a l´hora d´accedir a les oficines bancaries.

– Demanem un servei de qualitat especialitzat en atenció als usuaris per tal de donar resposta a les diferents necessitats de cada usuari/a.

– Instem a les entitats bancàries a donar la informació adequada sobre els

serveis i productes

-Demanem a aquest ajuntament que traslladi la proposta a la Federació de

Municipis, l’Associació de Municipis i el Consell Comarcal.

En nom de Unitat Pensionista de Catalunya:

Domiciano Sandoval 

Tel. 670.012.782   

El nostre company Llorenç de Iaioflautas Garraf i la Unitat Pensionista.cat, en una intervenció a la TV.

http://canalblau.alacarta.cat/el-raconet/capitol/el-raconet-17-03-2021

Un regal del govern més progressista

  •  Vilanova i la Geltrú
  •  15-03-2021 10:30

Aquests dies el Gobierno prepara la que ha de ser versió definitiva de la Reforma de les Pensions-2021, que la UE espera amb candeletes a principis d’abril. Els mitjans majoritaris en donen una versió edulcorada, passada pel Photoshop neoliberal

Aquests dies el Gobierno prepara la que ha de ser versió definitiva de la Reforma de les Pensions-2021, que la Unió Europea espera amb candeletes a principis d’abril. Els mitjans d’informació majoritaris en donen una versió edulcorada, passada pel Photoshop neoliberal

Són moments decisius, que poden marcar fortament el futur de les pensions, o dit d’una altra manera, les pensions futures. Iai@flautes Garraf i Unitat Pensionista del Baix Penedès voldríem fer arribar el nostre punt de vista, però ens ho posen difícil: no tenim accés als grans mitjans, no podem organitzar xerrades, no podem repartir fulls informatius, ens és difícil manifestar-nos o fer concentracions, però no renunciem al deure d’explicar allò que veiem i que ens afectarà en el futur. A tots, però bàsicament als que ara encara treballen.

El punt de partida és que les pensions no són sostenibles perquè la despesa en pensions és superior als ingressos, i per tant ens aboca  a un dèficit creixent. Això, però, no és cert. Actualment, i des de fa anys, es paguen pensions no contributives o es minven els seus ingressos amb bonificacions de quotes socials a l’ocupació. Uns 4.000M se’n van pagant despeses administratives, com nòmines del Ministeri; uns 5.000M en ajudes a la contractació. Una i altra partida haurien de quedar dins dels Pressupostos Generals de l’Estat. Sense totes aquestes despeses impròpies les Pensions tindrien números positius, no deficitaris. Són, únicament, uns exemples; n’hi ha més.

De cara al futur volen que les pensions públiques reposin sobre tres pilars, uns suports que permetrien assegurar, diuen, les pensions. El primer pilar seria una pensió pública de subsistència: uns 900 euros. El segon, les contribucions al pla de pensions d’empresa, que es contractarien amb entitats financeres. Cadascú ho faria segons les seves possibilitats, amb un màxim de 8.000 € any de desgravació. El tercer serien plans individuals privats, contractats personalment amb les entitats financeres. Això establiria dues classes de treballadors:

a- Persones que han tingut contactes precaris o mal pagats, i que no hauran cotitzat el suficient o durant poc temps.                                                                                                                                     
b- Treballadors/es ben posicionats laboralment, amb bons sous i que podran tenir els tres pilars.

El nou sistema serà beneficiós, únicament, per al segon grup. Per altra part representarà la descapitalització del nostre actual sistema de repartiment per dues vies diferents:

1- les desgravacions fiscals dels Plans d’Empresa que pagarem tots.

2- la descapitalització del sistema públic, perquè disminuirien les contribucions que podria rebre. Tenint present això, no seria millor augmentar les bases de cotització que estan actualment topades en 4.070,10 euros?

España, amb un atur estructural entre el 17% i el 20% (3 – 4 milions de parats), pot reduir el seu Sistema Públic de Pensions?

Es té present que el SP de P és el major distribuïdor de renta del país, i vital per mantenir la nostra actual cohesió social?

Com es justifica que els sindicats CC OO i UGT a nivell estatal i ELA i LAB a Euskadi, apostin per reforçar la seva base d’afiliats situats millor laboralment i deixin sense ajuda els treballadors que més la necessiten?
 

I la banca, amb aquests diners farà les inversions que li convinguin. És a dir, els nostres diners poden servir per reforçar fons voltor que podrien acabar especulant amb l’habitatge i, és terriblement real i actual, forçant desnonaments.

L’objectiu final és avançar cap a la Motxilla Austríaca, contemplada ja a la reforma del 2.011. Significa eliminar les indemnitzacions per
acomiadament i les prestacions per atur. Serien els mateixos treballadors qui es pagaria l’acomiadament, que és el que els empresaris busquen des de fa anys, i l’atur, que reduiria la despesa de l’Estat. I tot això amb el contingut de la Motxilla.

Aquesta, la de la Motxilla, seria la següent reforma, després de la que es vol aplicar ara, de forma immediata.  Això seria una bomba a la motxilla. A Àustria el contingut de la Motxilla el fan les empreses traient un 1,53% del sou brut del treballador. Però en darrer terme, surt del sou del treballador, uns diners que serien seus i que deixa de cobrar.

La Motxilla permetria reduir les pensions asilenciant molt la protesta social.

Mirem què significaria a la pràctica?

Aquest és el futur que volem pels nostres fills? Els seus drets es fonamenten en la nostra lluita. Defensar ara les pensions públiques és una tasca on tots hi hem de ser perquè si avui no ho fem, demà ja no les podrem defensar, seran únicament un record, un bon record del passat.

Iai@flautes Garraf i Unitat Pensionista del Garraf

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#8M2021 – Las mujeres trabajadoras del mundo se unen contra el imperialismo

 8 MARZO 2021  DERECHOS DE LAS CAMPESINAS Y CAMPESINOSMUJERESPATRIARCADOSOBERANÍA ALIMENTARIA

8 de marzo de 2021 – Declaración Jornada Antiimperialista

En el Día Internacional de la Mujer, nosotros, los movimientos y organizaciones de la Jornada Internacional de Lucha Antiimperialista, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha revolucionaria contra el patriarcado, el colonialismo y el imperialismo en todos los rincones del mundo.

Inspirado en las luchas antifascistas y proletarias de las trabajadoras, el Día Internacional de la Mujer ha perdurado como una fecha importante para que las organizaciones y movimientos revolucionarios de todo el mundo se unan en lucha internacionalista contra el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo.

Las mujeres hemos liderado las luchas por la liberación de las colonias, por la abolición de la esclavitud, por el derrocamiento de las monarquías y por la derrota del fascismo, pero aún seguimos enfrentando la opresión, la marginación y la violencia de género a manos del Estado y del sistema capitalista, así como dentro del hogar; por lo tanto, el Día Internacional de la Mujer sigue siendo un llamamiento urgente para continuar la lucha feminista hasta que nos liberemos del patriarcado, del imperialismo y de los regímenes locales reaccionarios.

Este 8 de marzo de 2021, dejamos atrás un año de crisis sin precedentes, una profundización de la agresión imperialista a los pueblos en lucha en todo el mundo, y un fuerte ascenso de las fuerzas de la extrema derecha. Son las mujeres las que han soportado de forma sistemática y mayoritaria el peso de la crisis, y han sufrido una grave escalada de violencia a todos los niveles.

Con la feminización de la pobreza en todo el mundo, somos las primeras en sufrir las crisis económicas, con un gran número de nuestras hermanas expulsadas de la fuerza de trabajo y muchas más que sobrevivían del trabajo informal han perdido sus medios de vida. Enfrentamos una triple explotación en el sistema capitalista: mientras luchamos por obtener un salario, en la mayoría de los casos nos encargamos de todo el trabajo de cuidado en nuestros hogares, trabajo que se ha intensificado y multiplicado en las condiciones actuales de cuarentena y confinamiento.

Mientras los países capitalistas se apresuran a salvar sus economías han de­jado que las y los trabajadores que cubren las necesidades básicas de la vida humana arriesguen sus vidas en la primera línea. Las mujeres constituimos la gran mayoría de quienes trabajan en estas áreas: enfermería, cuidado de niñxs y ancianxs, nutrición, educación y somos las primeras en riesgo al seguir trabajando en condiciones de pandemia para sostener a la humanidad y cuidar a los millones de personas enfermas.

Pese a su enorme aumento, tanto el trabajo doméstico como el de cuidado, esenciales para sostener la vida, permanecen invisibles en el contexto de las relaciones patriarcales y de la estrategia capitalista de esconder el vínculo económico entre producción y reproducción.

Simultáneamente, con las condiciones de confinamiento y crisis económica, la violencia contra las mujeres ha aumentado a nuevos niveles: las mayores limitaciones al movimiento y el cierre de las instituciones sociales en los países capitalistas han dejado menos opciones que antes a las mujeres que se enfrentan a la violencia psicológica y física y a la violación en el hogar. Continuamos luchando por la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, en nuestros hogares, contra el Estado, en el sistema médico, en los lugares de trabajo, especialmente en estos tiempos de crisis y pandemia, cuando muchas fuerzas de extrema derecha han escalado para reforzar más el control patriarcal de los cuerpos de las mujeres.

En medio de la crisis mundial, el imperialismo estadounidense y sus aliados han demostrado no preocuparse por la supervivencia de la mayoría de la población en todo el mundo y dentro de sus propias fronteras. A medida que la guerra híbrida, las sanciones y el militarismo se intensifican, las mujeres somos las primeras en enfrentarnos a la escasez de alimentos, agua y medicinas, a los conflictos armados y a los desplazamientos. A la vez que se intensifica la invasión imperialista del territorio y la soberanía, nuestras hermanas se ven obligadas a ir a las cárceles imperialistas donde sufren detenciones prolongadas y abusos como presas políticas. Mientras las fronteras se cierran y la pandemia se extiende, las mujeres migrantes y refugiadas se enfrentan a la crisis con la incertidumbre y el peligro en el horizonte. Y a medida que las fuerzas fascistas y de la derecha se fortalecen, las mujeres nos enfrentamos al retroceso de nuestros derechos sociales y políticos duramente ganados durante décadas de lucha.

Sin embargo, somos nosotras, —las pobres, las negras, las indígenas, las migrantes y las trabajadoras— que también lideran y luchan en primera línea contra el imperialismo. Nuestras fuerzas de resistencia siguen creciendo, y las luchas feministas, las mujeres revolucionarias y proletarias construyendo nuestras organizaciones y nuestros movimientos, han obtenido muchas victorias a pesar de la oscuridad de estos últimos meses. Desde las mujeres revolucionarias, que encabezan las movilizaciones contra la violencia de la extrema derecha, hasta nuestras valerosas hermanas que luchan por la liberación de Palestina y el Sahara Occidental contra las fuerzas imperialistas, las valientes de Cuba, China, Venezuela y los estados socialistas que prestan ayuda y atención médica a los oprimidos, y las militantes que dirigen la lucha antirracista contra la violencia policial y militar en todo el mundo, nos fortalecen las luchas feministas revolucionarias que marcan el camino hacia el futuro.

¡La lucha contra el imperialismo, el racismo, el colonialismo y el capitalismo no puede librarse sin la lucha contra el patriarcado y sin la plena participación y liderazgo de las mujeres!

¡Mujeres trabajadoras del mundo, uníos!

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La mochila austriaca. Qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea


Asunto: La mochila austriaca. Qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea

Artículos y entrevistas de José Iglesias Fernández
La mochila austriacaNewsletter de artículos y entrevistas
O, si lo prefiere, en los webs
Renta Básica de las Iguales / José Iglesias Fernández
New Arrivals and Updated CollectionsLibro de Miren Extezarreta/José Iglesias
La mochila austriaca, el nuevo modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea. Un análisis crítico de las amenazas del patrón que propone el neoliberalismo para socavar el sistema público de pensiones, de Miren Etxezarreta y José Iglesias Fernández, los autores de El cuento de las pensiones y Pensiones Públicas: Ayer, Hoy, Mañana y Siempre.

 Ver artículo completoLiterary Classics
Colección de Clásicos de la Renta Básica
Cómo modelo débil, o asistencial, la Renta Básica (RB) es un mecanismo eficaz de distribución de la renta hacia los colectivos más desamparados de la sociedad; cómo modelo fuerte, o transformador, la Renta Básica de las iguales (RBis) es un instrumento indispensable en la lucha contra el capitalismo.

View Collection >>
Otras obras del autor
La naturaleza del hombre es tal que puede conseguir la perfección únicamente cuando trabaja para el bienestar y la dignidad de sus conciudadanos. Karl Marx.
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El Gobierno aumenta un 56 % la partida para subvencionar a los sindicatos en 2021

El Consejo de Ministros acuerda destinar más de 13,88 millones a financiar las actividades de carácter sindical, cinco millones más que en 2020 / El Gobierno de coalición casi reestablece la cantidad recortada a estos fines por Mariano Rajoy

Iglesias y Sánchez con los líderes de CCOO (Unai Sordo) y UGT (José María Álvarez) en La Moncloa.

Iglesias y Sánchez con los líderes de CCOO (Unai Sordo) y UGT (José María Álvarez) en La Moncloa. EP

El Ministerio de Trabajo y Economía Social incrementará este año más de un 56 % la partida para subvencionar a los sindicatos, al pasarse de 8.878.123,74 a 13.883.890 euros. Es la cuantía de mayor importe para estos fines que destina el Gobierno desde hace diez años, aunque todavía sigue siendo ligeramente inferior a la que se repartía durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (15,8 millones).

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes autorizar a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social a convocar esta línea de ayudas con la que el Ejecutivo financia cada año las actividades de carácter sindical que realizan las organizaciones en función de su representatividad. En próximas semanas se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución con la que se abrirá el plazo de un mes para presentar las solicitudes.

Desde 2013, estas convocatorias salían con una cuantía máxima de 8.883.890 euros, si bien esta cantidad nunca ha llegado a completarse excepto en 2017 (8.918.605,02 euros) y 2014 (8.897.065,06 euros). De acuerdo con los datos facilitados a este diario por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las asignaciones a los sindicatos en estos últimos ocho años fueron las siguientes: 8.878.123,74 euros en 2020, 8.881.641,83 euros en 2019, 8.883.889,95 euros en 2018, 8.865.442,18 euros en 2016 y 8.842.794,33 euros en 2015.

El Gobierno de coalición casi restituye de una tacada la cantidad recortada por Rajoy durante la crisis

Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa a finales de 2011, esta línea de subvenciones a las organizaciones sindicales contaba con un presupuesto anual de 15.798.500 euros. Fue la cuantía que se acordó en 2008, incrementándose en 309.770 euros respecto al montante repartido en 2007 (15.488.730 euros).

El antecesor inmediato de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno ya aplicó un primer tijeretazo en 2012, cuando, en plena crisis económica, la redujo casi un 30 % hasta los 11.104.860 euros. Un año después volvió a recortar la partida otro 20 % al establecerla en los 8.883.890 euros que se han mantenido hasta ahora.

De esta forma, el Ejecutivo de coalición casi recupera de una tacada la disponibilidad presupuestaria con la que contribuye el Estado a sufragar la actividad sindical. Para alcanzar la cifra que se distribuía hace una década, aún será necesaria incrementar la partida en 1,6 millones de euros.

Defensa y promoción del trabajador

De acuerdo con las bases de convocatorias anteriores, a estas subvenciones pueden acogerse las organizaciones sindicales «legalmente constituidas», que tengan representación sindical a 1 de enero y que no estén incursas en ninguna de las prohibiciones que de forma expresa prevé la Ley General de Subvenciones en los artículos 13.2 y 3.

En concreto, el objeto de estas ayudas es financiar la realización de actividades de carácter sindical, incluyendo el desarrollo de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

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Què hi fa un sindicalista com tu en un lloc com aquest?
Mentides i veritats sobre el pas de Joan Coscubiela pel Consell
Assessor d’Endesa: és el mateix que un consell d’administració?
Quant hi va cobrar? Què implica la presència de sindicats en
aquest ens?
Dani Domínguez (‘La Marea’)
Després de la polèmica entre el periodista de TV3 Toni Soler i Joan Coscubiela sobre la presència al Consell Assessor d’Endesa de l’exdiputat de Catalunya Sí que es Pot i exsecretari general de CCOO, la revista La Marea aclareix alguns conceptes per entendre la participació dels sindicats en òrgans empresarials com aquest. CCOO i la UGT defensen participar-hi per “representar els treballadors” en espais de poder, mentre que la CGT i la CNT consideren que els sindicats mai no haurien de formar part d’aquests “lobbies empresarials on formalment no es decideix res”.
“Davant la negativa a rectificar una informació falsa sobre la meva persona , avui he presentat al Jutjat de Primera Instància una demanda de judici verbal contra Toni Soler i Vicent Sanchis, director de TV3”. D’aquesta manera, el 27 de gener passat, l’exsecretari general de Comissions Obreres de Catalunya Joan Coscubiela anunciava accions legals contra el presentador del programa Està
passant, després que aquest assegurés que el sindicalista i exportaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot havia pertangut al Consell d’Administració d’Endesa.
Abans d’arribar a la demanda, Coscubiela va demanar a Soler que rectifiqués en directe la informació perquè ell no havia pertangut al comitè directiu de la companyia energètica. El presentador va evitar desdir-se d’una manera clara: “No vam dir que formés part de cap consell d’administració”, sinó que “ens vam referir a Coscubiela com a exconseller d’una elèctrica”. És per això que els conductors del programa es ratificaven “plenament” en el contingut d’aquest, malgrat
que sí que van arribar a citar l’expressió “Consell d’Administració” durant l’emissió del 12 de gener.
La realitat és que qui fou màxim dirigent de CCOO a Catalunya i exdiputat mai no ha estat dins l’òrgan directiu d’Endesa, sinó en el Consell Assessor de l’elèctrica a la zona, un òrgan amb unes altres funcions. Això li ha costat crítiques per part de determinats sectors de la població catalana, principalment des d’àmbits independentistes, que ho han considerat una porta giratòria a l’estil
d’altres polítics que han acabat a sou de les grans elèctriques del país, essent-ne els casos més flagrants els dels expresidents Felipe González (Gas Natural Fenosa) o José María Aznar (Endesa).
En ⁦@soler_toni⁩ assumeix que mai he estat al Consell d’Administració de cap elèctrica, com va dir, faltant a la veritat, en ⁦@estapassanttv3⁩ Però fins i tot quan es veu obligat legalment a rectificar continúa faltant a la veritat.

Joan Coscubiela assegura que les dietes que hi cobrava (900 euros per reunió) anaven a parar directament al sindicat
No obstant això, entre uns casos i l’altre existeixen diferències importants, començant per l’assignació econòmica: González i Aznar cobraven entorn de 127.000 i 200.000 euros anuals, respectivament, pels seus càrrecs. En canvi, Coscubiela tenia dret a una dieta de 900 euros per reunió, la qual cosa representava uns 11.000 euros l’any. El sindicalista, que va ser diputat
d’Iniciativa per Catalunya-Verds al Congrés i posteriorment portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament de Catalunya, ha sostingut sempre que no ha cobrat ni un sol euro del seu pas per Endesa, ja que aquesta remuneració anava a parar directament a Comissions Obreres.
Així ho confirmen des de CCOO-Catalunya: “Les dietes es cobraven directament al compte de la secció sindical i estaven subjectes a retenció fiscal. El codi ètic no permet cobrar als nostres membres quan actuen com a representants dels treballadors”, explica Montse Ros, responsable de Comunicació i Finances de CCOO-Catalunya, que assegura que, quan una companyia no accepta
aquestes condicions, aleshores solen renunciar a les dietes.

Expolítics, empresaris i algun sindicalista
Però, què eren els consells assessors? Aquests òrgans de caràcter consultiu es van començar a constituir als anys noranta als territoris d’implantació històrica de la companyia energètica (les Illes Canàries, Andalusia i Extremadura, Catalunya, Aragó i les Illes Balears). És a dir, en zones on havien estat emplaçades companyies elèctriques que després van ser absorbides per Endesa. Aquests ens
estaven integrats per expolítics, sindicalistes, empresaris i altres representants de l
societat civil triats pel Consell d’Administració de l’elèctrica.
El de Catalunya ha estat el més conegut a causa dels membres que l’integraven. L’òrgan regional va ser presidit pel catedràtic de Política Econòmica Antón Costas des del 2005 fins al 2011, any en
què va ser substituït per l’exportaveu de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí.
Aquest últim no ha estat l’únic expolític que ha passat pel Consell Assessor d’Endesa, les cadires del qual han estat ocupades per altres noms com el de Joan Majó, exministre socialista d’Indústria i Energia amb Felipe González; Joan Hortalà, exconseller d’Indústria i Energia amb Jordi Pujol, exsecretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya i catedràtic de Teoria Econòmica; Germà Bel, exdiputat socialista al Congrés i, després de la seva sortida de l’òrgan d’Endesa, diputat del
partit independentista Junts pel Sí, o Albert Mitjà, exdirector general d’Energia i Mines de la Generalitat.
La majoria d’ells van compartir lloc al Consell Assessor amb sindicalistes tant de Comissions Obreres com de la Unió General de Treballadors (UGT). Igual que Coscubiela, Josep Maria Álvarez

(UGT) també formava part de l’organisme regional de l’elèctrica des del 2005, moment en el qual es trobava al capdavant del sindicat a Catalunya.
Després de ser elegit secretari general de la UGT estatal el 2016, Álvarez va assegurar que deixaria el Consell Assessor quan abandonés “formalment la secretaria general de la UGT a Catalunya”, ja que, segons la seva versió, la cadira en l’organisme de l’empresa energètica estava lligada al càrrec de màxim mandatari del sindicat en aquesta comunitat autònoma, sense possibilitat de ser delegat
en cap altre membre. Coscubiela, de la seva banda, sempre ha sostingut que actuava “en representació i en nom de CCOO”, però sense que el càrrec recaigués obligatòriament en la secretaria general. Tant és així que el sindicalista es va mantenir en l’organisme assessor diversos anys després d’abandonar el
càrrec a Comissions Obreres. “Això va ser una decisió personal del llavors president del Consell Assessor”, explica Montse Ros.
A preguntes de La Marea, Coscubiela assegura que, a diferència del comitè d’empresa, CCOO i la UGT el que feien era representar “en un espai més ampli, en el socioeconòmic, totes les persones treballadores de Catalunya”. El 2011 va acabar sent substituït per Joan Carles Gallego, en aquests moments secretari general de CCOO a Catalunya i, posteriorment, número dos de Catalunya En Comú (CEC).
Espero que no ignoris que mai he format part del Consell d’Administració d’Endesa. Tota la meva relació ha sigut per representar als treballadors i treballadores com membre de CCOO.
Per cert, mai he cobrat un sol euro.
Deixa de fer d’escolanet de Trumpista català, Xavier. https://t.co/TlUF9T4V0Q
— Joan Carles Gallego (@joancgallego) January 12, 2021
Coscubiela diu que hi representava tots els treballadors, però altres fonts creuen que en aquests òrgans assessors s’hi és a títol personal
Fonts consultades per aquest mitjà difereixen d’aquesta explicació en assenyalar que un consell d’aquest tipus, per la seva pròpia dinàmica, no és un òrgan representatiu i, per tant, els seus membres no representen ningú. L’exsecretari general de CCOO reconeix la falta de capacitat executiva de l’ens, encara que defensa que la manera de representar CCOO consistia a “traslladar
propostes o emetre opinió”: “Una d’aquestes es va produir amb un increment d’accidents greus i mortals de treballadors d’empreses contractistes. La nostra intervenció va consistir a exigir un canvi en la política de contractació de l’empresa”, assegura.
La Marea ha tractat de conèixer més detalls d’aquests consells assessors d’Endesa, però la companyia ha evitat donar més informació perquè considera que fa ja alguns anys que van ser dissolts. A través de la seva pàgina web o de les seves memòries anuals tampoc no és possible
obtenir altres dades rellevants.
“Aquí, un sindicat no hi pinta res”
No tots els sindicats creuen que participar en aquesta mena d’organismes sigui beneficiós per als treballadors. Des de la Confederació General de Treballadors (CGT) defineixen el Consell Assessor d’Endesa com una “menjadora de càrrecs polítics i sindicals” que, segons la seva opinió, servia per establir “bones relacions” amb les persones que l’integraven.
Des de la CGT critiquen l’arbitrarietat que regnava a l’hora de determinar quins membres integren aquest tipus d’ens empresarial: “El reglament l’elabora l’empresa en funció del que ella vulgui, però no hi ha un corpus jurídic. Pot, per exemple, establir un mínim de representació per evitar que altres sindicats que no siguin CCOO o la UGT hi siguin. Les normes es fan a mida”, expliquen.
Els anarcosindicalistes consideren que, encara que ells haguessin tingut l’oportunitat d’entrar a formar part de l’òrgan assessor, el més probable és que hi haurien dit que no: “No és un lloc on es parli de temes laborals, sinó un lobby entre els poders econòmics. I, aquí, un sindicat no hi pinta res”, defensen. Davant això, sostenen que “el que no pot dir Coscubiela és que era inevitable ser-hi,
perquè no és així. Això és una cosa optativa, i cada secció sindical estableix si hi participa o no”.
La CGT i la CNT coincideixen a rebutjar la participació dels sindicats en aquests òrgans assessors empresarials
En uns termes similars s’expressen des de la Confederació Nacional del Treball (CNT). El secretari general del sindicat per a Catalunya i les Illes Balears, Toni Soler —que no té res a veure amb el presentador de TV3—, assegura que des de la seva formació no haurien participat en aquest Consell
Assessor perquè això hauria implicat “fer moltes concessions”. “La cogestió empresarial nomé és bona per a l’empresa, i poc en poden treure els treballadors. Ser-hi no és el paper d’un sindicat, i a mi em sembla més un cas de portes giratòries”, defensa Soler.
El català era l’únic Consell Assessor d’Endesa en el qual participaven representants sindicals. Als organismes regionals de comunitats com Aragó, Andalusia i Extremadura, les Balears o les Canàries,
la major part de les cadires eren ocupades per empresaris, càrrecs de les patronals, expolítics o professors universitaris.
El 2017, Endesa va posar punt final a aquests òrgans consultius durant el mandat de Borja Prado al capdavant de l’elèctrica i després que el Consell d’Administració considerés que havien deixat de tenir valor. D’acord amb una informació publicada pel digital El Confidencial, des del Consell d’Administració consideraven que aquests tipus d’ens contribuïen a fer créixer la “percepció social sobre la relació clientelista entre les empreses principals del sector i els diferents partits polítics al llarg de les dues últimes dècades, la qual cosa s’oficialitzava mitjançant les anomenades portes
giratòries”.

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Sindicatos y Pensiones Privadas de Empleo (EPSV)

  • Nos encontramos con unos sindicatos que mientras se presentan como vanguardia y vertebradores de la cohesión social siguen azacaneados en la promoción de las EPSV de “empleo”

Juanen Elua 23 de febrero de 2021 21:38h

El reciente cierre del año 2020 ha coincidido con la actualización de las 22 recomendaciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo y quedó confirmada el pasado día 19 de noviembre con la aprobación mayoritaria en el Congreso de los Diputados de Madrid.

Esta actualización es la tercera que se hace desde que nació el Pacto de Toledo en 1995. La primera y la segunda fueron en 2003 y 2011 respectivamente. El artículo que publicó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. Escrivá, con el sugerente título “El momento de refundar el Pacto de Toledo” el pasado 19 de julio supuso el pistoletazo de salida para pisar el acelerador del consenso político en el mencionado pacto.javascript:false

La profusión de artículos, pronunciamientos y estudios que aparecieron al final del verano y entrado el otoño ya acreditaba que no era un “globo sonda” y que esta vez, la cosa iba en serio. De entre estas recomendaciones, la que me parece que tiene más carga destructora del Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social (Modelo de reparto) es la número 16, la cual recoge “que aunque la apuesta central es por el Sistema Público de Pensiones, el Pacto de Toledo reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones privadas individuales de “empresa” (los pactan las empresas, sectores y sindicatos en convenio colectivo). Considera igualmente que deberá dotarse a estas entidades gestoras de los planes de empleo “de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad”.

En definitiva, nos encontramos con que se llega al consenso político para poner toda la capacidad normativa de la Seguridad Social al servicio de la promoción del Modelo de capitalización y socavar, quizás de forma irreversible, la caracterización de nuestro Sistema Público de Pensiones como modelo de reparto.

La fiscalidad ventajosa puesta a disposición de este fin supone una apropiación indebida e injusta de recursos públicos, y que hace que me pregunte ¿qué recorrido tendría esta propuesta sin ese beneficio fiscal? En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de claro contenido e interés social.

El momento de normativizar de forma amplia dentro de una ley, como la de la Seguridad Social, el sistema previsional complementario y dentro de éste, dar preponderancia a los “Planes de Empresa” se buscaba desde que el Gobierno de Felipe González aprobó en 1987 la ley de Fondos y Planes de Pensiones Privadas. También ha quedado explicitado por el señor Escrivá como elementos referenciales tanto el modelo inglés como el modelo vasco y más en concreto, la EPSV GEROA.

Así que se podrían considerar las EPSV como un producto genuino vasco que sin ser nuevo -lleva 37 años- se ha puesto de moda por su, presunto, atractivo diseño. Llama la atención el contraste que supone que la respuesta de los pensionistas (en general) que participan en las movilizaciones de la CAV frente a este intento de liquidar el Sist. Público de Pensiones y dejarlo en mero asistencialismo no vaya más allá de un balbuceo o se pase de puntillas, ¡como si no se quisiera molestar! Frente al contundente rechazo que manifiestan las múltiples plataformas y coordinadoras del resto del Estado. Igualmente llamativa es la escasa o nula atención que se viene prestando desde el ámbito político y sindical a la decisión de impulsar la privatización, de momento parcial, del eje central de la Protección Social (la Seg. Social). En este sentido, acaba el año y empieza el 2021 de la misma manera: guardando silencio.

Sobre los silencios sindicales

– Silencio desconcertante: En esta tipología encajan tanto ESK como Steilas. Ambos rechazaron, en su momento, con contundencia sus respectivas EPSV. El 1º, GEROA en el año 1996 y el 2º, ITZARRI en 2004.

Sorprende que ante este renovado esfuerzo privatizador de extender los “planes de empleo” , desde el recién estrenado 2021, en detrimento del Sistema Público de Pensiones (Seg. Social) no se conozca un pronunciamiento público de estos sindicatos.

Tenían argumentos, entonces y seguro que hoy los han mejorado para mantener el rechazo a las EPSV. ¿A qué se debe esta falta de reacción? ¿Acaso consideran amortizada esta batalla? ¿Ven institucionalizadas las EPSV? Si es así, les animo a revisar ese planteamiento y a dinamizar un amplio debate con participación social para reclamar que se reviertan esas políticas incentivadora del Modelo de Capitalización (de acumulación individual).

– Silencio profesional: Aquí entran CC.OO. Y UGT. Es el sitio de los auténticos profesionales que a la hora de manejar este producto financiero lo hacen con “entrega y entusiasmo”. No lo ocultan pero no hablan de ello. Baste esta cita para entender lo que digo: “El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por estos sindicatos (El País, 12/10/2005).

– Silencio vergonzante: Lo ocupan los sindicatos de obediencia vasca y mayoritarios en cuanto a representación, tanto en el metal de Gipuzkoa (principal sector de la EPSV GEROA) como en las Administraciones locales y forales (EPSV Elkarkidetza) y autonómica (EPSV Itzarri). Cuando se defiende simultaneamente dos modelos de Pensiones radicalmente opuestos y no hay manera de explicar de forma convincente esa práctica, se impone el silencio y la cuestión se convierte en tabú.

Las rentabilidades de los fondos de pensiones privadas de empleo son injustas e insolidarias 

Por un lado se defiende el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, contributivo solidario, de reparto y por otro se firma y se promueve las EPSV (Planes de Pensiones Privados) de “empleo”, vinculados a la negociación colectiva que responden al modelo de capitalización (acumulación individual) con su correspondiente incentivo fiscal (subvencionado por todos/as los/as contribuyentes). En definitiva, la protección social pública supone una garantía de rentas colectiva, sin dejar a nadie fuera y el de capitalización es una salida individual, de la que quedan excluidos la mayoría de trabajadoras/es que no pueden ahorrar a largo plazo. ¿Dónde queda la equidad fiscal? ¿y la justicia social? ¿así se entiende el reparto de la riqueza con equidad? Actuar así es poner en práctica la definición de hipocresía: “defender lo contrario de lo que se practica”. Tengo claro que la peor cobardía es saber que es lo justo y no hacerlo. Lo cierto es que nos encontramos con unos sindicatos que mientras se presentan como vanguardia y vertebradores de la cohesión social siguen azacaneados en la promoción de las EPSV de “empleo”. Por ejemplo, en octubre del finiquitado 2020 se respaldó a GEROA en la renovación del convenio del metal.

¿Quién decide en GEROA?

– Esta EPSV es considerada por los mercados financieros e instituciones como el “buque insignia” de la Previsión Social individual de empresa. Es la más importante del sector privado, radicada en Gipuzkoa. Nació con el convenio colectivo del sector del metal (año 1996) a la que se han ido sumando otros sectores y empresas a título individual. En la actualidad, el patrimonio se sitúa en los 2280 millones.

Los estatutos de GEROA PENSIOAK (año 2016) contempla como socios Promotores Fundadores a la Patronal Adegi más los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. Estos tienen recogido en el art. 8.1 como único fin, a estos efectos, el de PROMOVER el ahorro a través de la Previsión Social Complementaria.

En cuanto a las obligaciones de los mismos, el art. 9.2 de los mencionados estatutos dice: “Velar y controlar, por el interés y beneficio social de las/os socios de número u ordinarias, destinatarios últimos de las prestaciones económicas establecidas, las inversiones y el patrimonio constituido por la Entidad procurando una gestión eficaz de los recursos y una administración transparente”.

Una de las primeras decisiones que los Promotores Fundadores tomaron fue asumir ellos mismos la gestión de la Entidad en vez de salir al mercado y ver qué gestora o gestoras contratar. Así que hicieron una convocatoria y eligieron a la actual gerente, Sra. Virginia Oregi.

Esta fórmula permitió reducir el número y la cuantía de las habituales comisiones de gestión. A lo largo de los años han ido adaptándose en función de los cambios sociales y crisis. Así se hizo cuando se decidió que a partir del 1 de enero de 2001 las prestaciones serían en forma de renta o capital. Hasta ese momento se percibía siempre en forma de capital. Otro momento inquietante para los promotores de las EPSV de empleo fue cuando se analizó la evolución de las EPSV en el periodo 2013 – 2017 y se encontró que el volumen medio de las aportaciones fue de 788 millones de euros y el de las prestaciones de 935 millones. Es decir, superó en casi el 20% al de las aportaciones. Lo que queda claro es que el objetivo siempre será “salvar” el negocio de la previsión social de capitalización a base de anular la capacidad decisoria del socio/a trabajador/a.

¿Qué suponen las EPSV de empleo?

Estas sirven para fidelizar a la base afiliativa mejor situada en el mercado laboral lo que sin duda, supone un punto de soldadura muy eficaz, al cual acompaña la tendencia a considerar como justo todo aquello que nos beneficia. Así mismo conviene señalar que estos sindicatos de clase se encargan de invertir el patrimonio de estas entidades en los mercados financieros (más rentables que la economía productiva). Las rentabilidades de los fondos de pensiones privadas de empleo son injustas e insolidarias porque las producen otros trabajadores que por sus bajos salarios no pueden acceder a una EPSV (externalizaciones, contratas, subcontratas, …). Existen inversiones especulativas, fondos buitre y otros fondos que van a empresas e instituciones financieras con activos opacos (muchos en paraísos fiscales). Recorrer las calles con los/as trabajadoras/es de los sectores sociosanitarios, atención domiciliaria, dependencia, residencias geriátricas, asumiendo sus justas reivindicaciones y no explicarles que la EPSV de empleo de ELKARKIDETZA (funcionarios de ayuntamientos y diputaciones) y GEROA (sector privado de Gipuzkoa) tienen participaciones en una “SOCIMI” (sociedad de inversión) que invierte en residencias, es una indecencia y una cobardía. Claro que cómo explicar que esa inversión es “PURO NEGOCIO”, con lo que supone de estimular la lógica del máximo beneficio, bendecir la lógica del rentista y reforzar la hegemonía cultural capitalista. ¡Ay señor, los caminos del capital son inescrutables!

Una visión depredadora de lo público encuentra acomodo en instituciones, partidos y sindicatos. Esa mentalidad extractiva genera desigualdad económica, social y política, fomenta el elitismo y es regresiva en lo social. En el momento de la jubilación, el acceso a la garantía de rentas que supone el Sistema Público de Pensiones no se hace con equidad. La EPSV de empleo construye una aristocracia laboral que rompe esa equidad, a su favor. En este contexto de capitalismo y pandemia donde los riesgos sociales no se mutualizan y en cambio, se refuerza “el sálvese quien pueda” es necesaria una reflexión personal y colectiva para salir de tanta hipocresía y cinismo insoportable.

Reclamar transparencia a gobiernos, instituciones y partidos y no aplicárselo uno mismo es lo propio de los que se instalan en “la apariencia”. Hay que ir a un debate público y abierto con participación social y sin bloqueos sobre las EPSV de empleo como modelo privatizador de la Seguridad Social. Mientras llega la respuesta, espero que a no tardar, conviene no olvidar que las pensiones privadas individuales de empleo (EPSV) nos recuerdan todos los días del año y desde hace años que: ¡LO PÚBLICO ES DE TODOS, PERO NO PARA TODOS!

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La mochila austriaca

ANTONIO SEOANE 20 DE FEBRERO DE 2021, 12:11

Por incomprensible que parezca, vuelve a ponerse de moda en los medios socialistas-liberales el tema de la Mochila Austríaca, sobre la que ya Rodríguez Zapatero mostró especial inclinación. ¡Líbrenos Dios de los amigos…! El invento es en verdad sencillo. Tanto como malicioso. Se trata de que el empresario abone al trabajador, con  su salario, una cantidad complementaria mediante su ingreso en un Fondo ajeno especialmente constituido al efecto. El importe consignado en el Fondo, lógicamente, crece con las sucesivas aportaciones y la rentabilidad de los fondos depositados que pueda rendir la gestión financiera. Bueno, lógicamente no. Porque, así como el empresario puede dejar de pagar la nómina, puede igualmente dejar de pagar las aportaciones al Fondo del trabajador e incluso tras muchos meses de impago resultar insolvente. Evidentemente esto representa un inconveniente de la que nadie nos avisa. El impago de las aportaciones al Fondo carece de la cobertura de las prestaciones de garantía gestionadas por el Fondo de Garantía Salarial. Pero, además, tampoco se podrían tener por abonadas las “cotizaciones” porque, a diferencia del Sistema Público de Seguridad Social, cuando hay alta, las contribuciones impagadas no se pueden computar. Ello es así porque en materia de Seguridad Social rige el principio de solidaridad, que es completamente ajeno al sistema de Fondos individuales que se organiza en torno al principio de capitalización individual. En Austria, no obstante, se ha arbitrado la garantía del importe nominal depositado.

El hecho es que el trabajador o trabajadora titular del Fondo puede hacer efectivas las cantidades ingresadas en el Fondo por la última o todas las Empresas desde la última retirada de fondos, si concurren determinadas condiciones especiales: si es despedido/a, si se jubila, si tiene un hijo/a u otras necesidades perentorias como la realización de obras en su domicilio. Al menos estos son los supuestos usuales en que se puede percibir la cantidad del Fondo en Colombia, país que también fue tentado por la “mochila” y de hecho la introdujo en su ordenamiento jurídico laboral. Parece ser que en Colombia, por sus condiciones laborales, peculiaridades natalicias y habitacionales, la realización de los fondos rara vez permite su percepción al tiempo de la jubilación. Quizás también incida la falta de confianza en las gestoras de los Fondos.

La calificación de la naturaleza del Fondo con arreglo a nuestro derecho es polisémica. Si el trabajador/a cobra el fondo a su jubilación o al nacimiento de un hijo estamos claramente ante una mejora directa a cargo del empresario/s de las prestaciones de jubilación o por nacimiento y/o paternidad/maternidad que presta el Sistema Público de Seguridad Social. Si el cobro trae su causa del Despido la naturaleza de este podría tener que ver formalmente con una mejora directa y a cargo del empleador de las prestaciones públicas de desempleo pero también podría ser considerada como un concepto indemnizatorio por la extinción del despido.

Tampoco hay que engañarse, ésta es la finalidad real. Sustituir las indemnizaciones por despido. Por último, si se cobra por otras razones, como  obras en el domicilio, desde nuestro punto de vista estaríamos ante una ayuda de acción social. Estos conceptos están vinculados a la regulación del salario en España desde el Decreto de Ordenación del Salario de 1952, conocido como D.O.S., que ha llegado hasta el Estatuto de los Trabajadores. Y que quizás algún día debiéramos empezar a cuestionar siquiera sea para limpiar las telarañas.

Las aportaciones obviamente son “coste salarial” de la mano de obra y como tal finalmente imputables al propio trabajador como contrapartida a su prestación, aunque el empresario en vez de abonarlas directamente las ingrese en su nombre en el Fondo. Como las deducciones por cuota obrera y las retenciones a cuenta de IRPF. En definitiva, “salario diferido”. Esto es, en términos económicos, es el propio trabajador quien se paga esas mejoras directas, esa indemnización extintiva o esa ayuda social. El Estado impone un deber de retención  e ingreso para el empresario y un deber de ahorro para el trabajador. Aunque obviamente esta realidad económica se oculta por la Ley imputando formalmente al empresario el abono.

Junto al trabajador, el empresario y el Estado hay un cuarto operador que es la Entidad Financiera autorizada como depositaria del Fondo que tiene encomendada además la gestión del mismo para intentar hacerlo rentable. Y aquí entran en juego los mismos riesgos que presentan los Planes y Fondos de Pensiones ya que no están libres de minoración de las cantidades aportadas o incluso de pérdida total en caso de quiebra del Fondo. Y para estos supuestos tampoco hay prestaciones de garantía. De este modo, igual que los Fondos de Pensiones, si la gestión es conservadora producen poca rentabilidad y si es agresiva se incrementa el riesgo de pérdida total. Súmenle que naturalmente las Entidades Gestoras y Depositarias son remuneradas con comisiones que en el caso de los Fondos de Pensiones en España han debido ser reducidas legalmente porque absorbían cualquier rentabilidad obtenida en términos razonables. Dicho de otra manera, en este tinglado, la Banca siempre gana porque finalmente es un tinglado financiero y los Bancos son los únicos profesionales en la mesa de juego.

Y esto que les cuento es lo que se ve. La punta del iceberg. Pero hay más. Pese a aparentar ser un sistema bastante sencillo. Y lo que hay es que para el supuesto de Despido injusto el empleador no tiene que pagar indemnización alguna porque sus aportaciones al Fondo del trabajador cubren este capítulo. En otras palabras desaparece el concepto mismo de Despido porque se confunde con cualquier otra forma de extinción contractual efectuada por la voluntad unilateral del empresario o por causas objetivas o convenidas contractualmente. Desaparece, también y lógicamente, el concepto de Despido injusto, improcedente o nulo, porque la concurrencia de justa causa es irrelevante ya que el trabajador en todo caso es indemnizado con el abono de las cantidades aportadas a su Fondo. Si no las ha retirado antes o en la medida en que no las haya retirado. Porque si el mes antes a ser despedido ha retirado sus fondos por cualquier otra causa, el Despido resulta no indemnizado. Se entroniza, en consecuencia, el despido libre y gratuito. Tanto más cuanto es el trabajador el que a lo largo de su vida laboral se paga a sí mismo las indemnizaciones. Sorprendente.

Y más sorprendente todavía es que, si consideráramos que  el pago es imputable al empresario, este anticipe la indemnización legalmente establecida para el caso de que en futuro proceda despedir injustificadamente al trabajador. El empresario al tiempo que contrata ya está previendo y proveyendo para su propio incumplimiento contractual. Compra la posibilidad de extinguir el contrato a discreción y sin enjuiciamiento de su dolo o culpa. Me recuerda el guion en que los atracadores de bancos hacían partícipes de los botines que obtenían en sus robos a un despacho de abogados para garantizarse ser defendidos ante los Tribunales en caso de “caída”.

Tampoco se lo dirán pero para eso he abordado este artículo. La mochila persigue un enésimo abaratamiento del despido

Finalmente, si el empresario está facultado a poner fin injustificadamente a la relación contractual, como así acontece, lo que se niega en definitiva es la existencia de un contrato entre sujetos  ya que en definitiva no se rige por la voluntad de ambos contratantes sino, en última instancia, por la voluntad del empleador que pasa a ser el único sujeto contractual. Dicho de otra manera, el trabajador se ve cosificado, alienado, convertido en objeto o todo lo más en sujeto pasivo. Así, el contrato de trabajo, un concepto que fue históricamente útil para distinguir la prestación libre de servicios de la esclavitud o la servidumbre, hoy ante la precarización destructiva de las relaciones laborales se convierte en un instrumento de igualación de los contratantes. La igualdad formal de las partes en el contrato de trabajo, un instrumento liberal, que ha de ser compensada por normas públicas que equilibren la desigualdad material, se convierte hoy en un instrumento de progreso. ¡Cosas veredes! A estas alturas y debido a la citada precarización creciente de las relaciones laborales resulta que el Código civil liberal, de 1889, impulsado por Alonso Martínez, un liberal que siempre mantuvo un pie en el absolutismo, resulta un límite al poder empresarial y una garantía de los derechos de los trabajadores.

El sistema de la Mochila austríaca es posible en Colombia, que no es Europa, y en Austria que, aunque sí lo es, no ha ratificado la Carta Social Europea revisada de 1996, como tampoco lo ha hecho España, aunque el actual Gobierno ha vuelto a iniciar el trámite.

En cualquier caso el sistema no es compatible con el régimen establecido en el art. 24 de dicha Carta en que se prohíbe el despido injustificado, obliga a readmitir y sólo cuando no es posible la readmisión autoriza a sustituirla por una indemnización adecuada a los perjuicios reales efectivamente ocasionados en cada caso y teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes, no baremada y no topada. La mochila austríaca no cumple, tampoco, los requisitos del Derecho laboral europeo moderno. Que por otra parte es el régimen de cualquier contrato en el Código civil, que es el Código de los “cives” o ciudadanos. Según  parece hay cierta dificultad en conjugar ambos términos, ciudadano y trabajador.

Tampoco se lo dirán pero para eso he abordado este artículo. La mochila persigue un enésimo abaratamiento del despido.

La cantidad que los empresarios austríacos deben consignar cada mes en el Fondo del trabajador desde 2003 es de 1,53 euros por cada 100 euros del sueldo de éste. La actual indemnización por Despido improcedente en nuestro ordenamiento tras la reforma de Rajoy asciende a 33 días por año, esto es algo más de 9 euros por cada 100 euros de salario del trabajador en cuestión; la indemnización por la extinción por causas objetivas es de 20 días por año por lo que representa 5,48 euros por cada 100 euros de salario; y la indemnización por terminación contractual es la única que queda ligeramente por debajo representando 1,29 euros por cada 100 euros. Claro que, en este caso, si el contrato dura el máximo (tres años) la diferencia en la indemnización ascendería a 0,72 céntimos por cada 100 euros de salario.

Se contra-argumenta que en nuestro sistema actual las indemnizaciones están topadas es decir la indemnización por despido improcedente no puede superar los dos años de salario y la indemnización por extinción por causas objetivas no puede superar el año de salario. En consecuencia, se dice, esa distancia entre las actuales indemnizaciones y las establecidas por el sistema de mochila austríaca se reduciría porque las aportaciones a la mochila no tienen límite temporal, duran lo que la vida laboral. Lo que no les dirán es que esa lenta moderación de la distancia opera a partir de 21,82 años de antigüedad para los despidos improcedentes y los 18,25 años para las extinciones por causas objetivas.

La pregunta es: ¿queda en España algún trabajador que acumule esas antigüedades en una sola empresa?

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El Pacto de Toledo inicia la privatización del sistema de pensiones

Xabier Pérez Davilacontacta@infolibre.es@_infoLibrePublicada el 20/01/2021 a las 06:00

La recomendación 16 del Pacto de Toledo propone incentivar los planes de capitalización de empleo mediante desgravaciones fiscales. Los planes de empleo se acuerdan en la negociación colectiva y establecen para empresas y trabajadores aportaciones obligatorias a fondos de inversión. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha declarado que “va a legislar muy rápido” para conseguir pasar de 1,6 a 9,5 millones de trabajadores asociados, impulsando desde el Estado un macrofondo “de pensiones de promoción pública y gestión privada”. Escrivá utiliza su posición de máximo responsable político del Sistema Público de Seguridad Social para abrir paso a la privatización de las pensiones.

¿Por qué Escrivá quiere legislar “muy rápido”?

La Comisión Europea (CE), siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial (BM), pretende sustituir paulatinamente los sistemas de reparto y solidaridad entre generaciones, mayoritarios en Europa, por sistemas mixtos con un peso creciente de los planes privados de capitalización. El primer paso en esa dirección fue la creación del Producto Paneuropeo de Pensiones Privadas (PEPP). Los planes de empleo son el segundo mecanismo para privatizar las pensiones en los 4 Estados más poblados de la UE-27, en los que el patrimonio de los fondos de capitalización es inferior al 10% del PIB. Escrivá quiere hacerlo ya, mientras la pandemia paraliza la movilización social.

Países bajos Reino Unido Estados Unidos España  Italia  Alemania  Francia
171104,576,38,87,66,70,7

Los planes de empleo reproducen la desigualdad

El sistema de capitalización es inseguro, pues se basa en la especulación financiera, y crea un Estado de bienestar dividido entre el 10% de mayores ingresos y el 90% restante. El sistema de reparto es más seguro, pues descansa sobre la capacidad productiva social, y reduce la desigualdad en la vejez.

La patronal de los fondos de capitalización, INVERCO, reconoce que sus productos son inseguros:

Los capitales acumulados pertenecen a los trabajadores partícipes en los diferentes planes de pensiones y todo el riesgo del esquema queda plenamente asumido dentro del mismo por los partícipes. (2)

Las aportaciones a los planes de empleo ya existentes confirman su poder de reproducción de la desigualdad. En el año 2019, de los 2 millones de cuentas existentes, en dos de cada 3 no se realizó ninguna aportación. En poco más de 100 mil se realizaron aportaciones de entre 3.001 y 8.000 euros. Este reducido grupo, de solo 6 de cada 100 personas asociadas, concentra más del 50% de los aportaciones y desgravaciones totales.

El vigente sistema de reparto corrige parcialmente la desigualdad salarial al establecer pensiones de jubilación máxima y mínima. En 2019, los ejecutivos mejor pagados del Ibex-35 ganaron de promedio 5 millones de euros, 90 veces el salario medio de las trabajadoras y trabajadores de sus empresas (3)y 376 veces el salario mínimo interprofesional (SMI). En 2020, la relación entre las pensiones máxima, 2.683,34€, y mínima, 604,40€, fue sólo de 4,4 a 1.

Los planes privados nutren la financiarización

Elkarkidetza, el plan de empleo del funcionariado vasco, Geroa, el plan de empleo del sector privado guipuzcoano, y el fondo de pensiones de Bankia poseen participaciones en Healthcare Activos Yield Socimi. En los hospitales y geriátricos de esta empresa una auxiliar de geriatría percibe un 20% menos que una persona con un puesto básico en el comercio, y un/a médico/a gana un 30%-35% menos que en un hospital. (4)

Blackstone, la segunda gestora mundial de activos financieros, posee en el Reino de España 32.000 pisos. Para obtener altas rentabilidades, expulsa a las inquilinas mediante el desahucio o acuerdos forzados de dación en pago y sube los alquileres. En 2013, Ana Botella le vendió 1.860 viviendas de protección social a un precio muy inferior al de mercado (5). El CEO de Blackstone, Stephen Schwarzman, ganó en 2017 672 millones de euros. Una parte importante de los capitales de Blackstone proceden de 177 fondos de pensiones, de los que 84 pertenecen a los empleados públicos de Nueva York, Texas, California y otros Estados.

Las deducciones de los salarios para los fondos de empleo, acumuladas, se convierten en capital financiero que los directivos de los fondos de inversión utilizan para precarizar el empleo, reducir los salarios y captar rentas inmobiliarias.

El momento de la movilización social

En 1981 un ministro de Augusto Pinochet, José Piñera, hermano del actual presidente, privatizó el sistema de pensiones de su país, dejando en el antiguo sistema público a los militares y carabineros. Una de las principales reivindicaciones del levantamiento popular chileno de octubre de 2019 fue la recuperación del sistema de reparto. Las trabajadoras y trabajadores chilenos han comprobado en vida propia la desprotección causada por los fondos privados de capitalización.

Las diputadas y diputados de las fuerzas a la izquierda del PSOE deben votar en contra de la legislación que se presente en las cámaras para promover los planes de empleo. Sólo una gran movilización social en defensa de las pensiones públicas permitiría que el alma socialdemócrata de muchas representantes socialistas se imponga a la dirección socioliberal de su partido. De no hacerlo, dentro de 20 años les tocará lamentarse del peso creciente de las pensiones privadas de capitalización, lo mismo que ahora lamentan la segregación educativa impulsada por los conciertos creados en 1985 o el reconocimiento en la Ley General de Sanidad de 1986 de la sanidad privada como complementaria en el Sistema Nacional de Salud.

Es el momento de frustrar este nuevo asalto contra las grandes conquistas sociales que hicieron las vidas de las trabajadoras y trabajadores más libres y seguras: salud, educación y pensiones fuera del mercado, lejos del capital.

(1) INVERCO, Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones. Informe 2019 y perspectivas 2020.

(2) Fundación INVERCO, El impacto de la crisis económica y financiera en la inversión colectiva y en el ahorro-previsión. (Imprenta Modelo, Madrid, 2010).

(3) David Fernández, El País, 17 de mayo de 2020.

(4) El País de los Negocios, 15 de noviembre de 2020.

(5) Rusiñol, Pere, Los chollos del ‘casero’ de España, Alternativas Económicas, octubre 2018.
 

Xabier Pérez Davila es economista, miembro del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/01/17/el_pacto_toledo_inicia_privatizacion_del_sistema_pensiones_115409_2003.html

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INFORMACION IMPORTANTE PARA PRESENTES Y FUTUROS PENSIONISTAS

CSIF t’informa sobre la revalorització de les pensions i els canvis per l’accés a la jubilació ordinària, voluntària i parcial del Règim General de la Seguretat Social.pdf

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Cada vez más indefensos, cada vez más solos

Arturo Pérez-Reverte


Arturo Pérez-Reverte

PATENTE DE CORSO

Entro en mi sucursal bancaria de toda la vida, que es una oficina pequeña situada en un barrio de Madrid –cada cual tiene sus lealtades– y veo a Manolo, el cajero, atendiendo en la ventanilla a una señora embarazada, a Pepe, el director, recibiendo en su minúsculo despacho a un matrimonio de cierta edad, y a Paco, el único empleado, explicándole a una abuela cómo recuperar un fondo de pensiones. Me quedo de pie, pues no hay dónde sentarse, esperando turno mientras observo la paciencia con que los tres encargados de la oficina –en treinta años los han reducido de una docena a los tres de ahora– atienden a los vecinos; y cómo éstos, muchos de avanzada edad, se dirigen a ellos como si fueran de la familia, con una confianza enternecedora, seguros de que están recibiendo las mejores explicaciones y consejos posibles de aquellos a quienes confían sus ahorros, inquietudes y esperanzas. Su humilde presente y su incierto futuro.

Miro alrededor y me pregunto cuánto va a durar. Durante cuánto tiempo los vecinos del barrio, la gente trabajadora y de condición modesta, y sobre todo los de más edad, podrán todavía situarse ante esos tres rostros amables, conocidos, en los que confían para gestionar sus cuentas. La rapacidad y codicia de las grandes firmas bancarias, su despiadada búsqueda ciega de beneficios a toda costa, lleva tiempo liquidando estas pequeñas sucursales, esos reductos donde la humanidad todavía es factor decisivo. Donde el cliente encuentra un rostro, una conversación, un consejero y a veces un amigo.

Cada vez que se saluda con trompetazos la fusión de dos grandes entidades bancarias, la experiencia hace que te preguntes cuántas sucursales sacrificadas significa eso, cuántos empleados van a ir a la calle, cuántos abuelos se quedarán sin su Pepe, sin su Paco, sin su Manolo. Cuántos clientes serán condenados a peregrinar a otra oficina lejana hasta que también ésa sea clausurada, al servicio de caja que ya cierra ¡a las 11,30 de la mañana! y pronto será inexistente, al frío cajero automático, a la comunicación bancaria que te informa de que en adelante no habrá más comunicaciones por correo, y avisa al pobre abuelete de que si no aprende a manejar claves, contraseñas y aplicaciones de un teléfono móvil de última generación, o si no tiene un nieto o un hijo que sepan moverse por Internet y se ocupen de eso, en adelante lo va a atender el banco de Rita la Cantaora.

Es asombroso el silencio cómplice de los medios informativos, incluso la sumisión de los clientes, ante la impunidad con que los bancos reducen gastos y procuran mantener intactos sus beneficios. Siempre fue así, por supuesto; nunca una entidad bancaria buscó el bien de la humanidad. Tales son las reglas, y se aceptan. Pero la actual falta de pudor, el modo infame con que, pretextando facilitar el servicio, acorralan a quienes no tienen más remedio que confiarles su dinero, tiene cada vez menos límites.

En esta España donde el expolio sistemático por parte de Hacienda impide a un trabajador guardar en su casa el dinero que gana y pagar con él lo que desee, donde hasta sacar dinero de la propia cuenta bancaria y dárselo a un hijo se ve penalizado con impuestos, donde no sólo no cobra intereses el depositario, sino que pronto deberá pagarlos para que le ingresen la nómina, donde se obliga a usar tarjetas de crédito y operar vía Internet con el riesgo y la vulnerabilidad que eso implica, donde ningún banco se compromete a reembolsar el total de una cuenta corriente cuando todo se vaya al carajo, la indefensión de los usuarios es total y la impunidad de las entidades, absoluta. Nadie les pone límites, nadie les para los pies, nadie los obliga a garantizar servicios elementales, atención razonablemente humana, seguridad operativa para quienes, privados de otra opción, se ven obligados a confiarles sus ahorros.

Tal es el triste presente, y todo indica que irá a más. A peor. Atados a una madeja de contraseñas, toques en móviles, aplicaciones que convierten en un calvario lo que antes se solventaba en una sucursal mediante un rato de espera, un papel y una firma, obligados a moverse por un mundo virtual que ni conocen ni les interesa conocer, millones de abuelos, y no tan abuelos, miran hoy desconcertados la pantalla de un teléfono móvil con las siglas de un banco a cuyos accionistas, gerentes y técnicos, ajenos a la realidad inmediata de la vida, les importan literalmente un carajo. Y que, para más recochineo, te tutean en sus comunicaciones en plan compadre y oye, chaval, como si alguna vez hubieseis tomado copas juntos. Los hijos de la grandísima puta.

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LO QUE PEDIMOS LAS MAREAS DE PENSIONISTAS
Cuando el ministerio de Trabajo y el de Seguridad social fueron separados en
la formación del Gobierno del Sr. Pedro Sánchez, nos temimos que nada
bueno sucedería para los pensionistas actuales y, sobre todo, para los futuros.
La procedencia e ideología de José Luis Escrivá (mirando las propuestas
cuando estaba en AiREF (a excepción de los 7.000 m€ que no atribuyó
competencialmente a las pensiones) nos temíamos que las tijeras a los
derechos de los pensionistas estaban siendo afiladas para efectuar nuevos
recortes.
Nada afirma en sus documentos presentados a los “Agentes sociales”(excluye
evidentemente a las organizaciones sociales y a sindicatos llamados
minoritarios…)sobre la situación de largas cotizaciones y que jubilados
anticipadamente ven recortadas sus pensiones de por vida. Incluso el Pacto de
Toledo dispone el estudio para que, cumplidos la edad legal de jubilación se
les devuelva lo que es suyo por los larguísimos años de cotización. Es decir
que el criterio para alcanzar la jubilación no sea solamente la edad , sino
también los años de cotización. Mutis por el foro.
Y aunque no figure en los documentos presentados, se filtra (y las filtraciones
son test de conformidad o de revolución) que los años necesarios para el
calcula de la base reguladora sean 35. Aquí se produciría una doble
penalización, de una parte se estima que la reducción de una pensión sería de
un 5’5% menos, por otra serían las jubilaciones femeninas (otra vez más…)
quienes perderían aún poder adquisitivo al sufrir la discriminación laboral en
los salarios y tener carreras de cotización más cortas a causa de la prestación
de servicios de tención social a familiares.
El Sr. Ministro ofrece una doble cara para utilizarla a su propia conveniencia:
no se cansa de “predicar” que se debe ofrecer seguridad en en futuro de las
pensiones, pero causa la mayor de las inseguridades sobre el futuro y presente
de los pensionistas con las medidas que propone y, sobre todo, por las que no
propone. Me explico. El Tribunal de cuentas, en un documento ignorado por
el propio Gobierno y por los Sindicatos, ha dictaminado que desde 1989-
2013, es decir 31 años [parece mentira también que una institución tarde esa
barbaridad para alertar del fraude] han corrido a cargo de la S.S: 103.000m€ en
pagos impropios y ajenos al sistema. El saqueo a la S.S. no ha supuesto
ninguna medida de auditoría, tan exigida por COESPE y tan necesaria para
esclarecer la permanente percusión sobre el sistema para desacreditarlo y así
alarmar a la población trabajadora e iniciarles en el camino de las pensiones
privadas.
Estamos esperando a que se tomen medidas efectivas sobre las principales
causas del empobrecimiento del Sistema Público de Pensiones. Tales como: la
precariedad laboral, la temporalidad de los contratos, el paro juvenil,

inoperancia del SEPE en favor de las ETTs, salarios irrisorios, menosprecio a
los mayores de 50 años en paro, falsos autónomos tantas veces denunciado
por el colectivo de pensionistas calculando que son unos 200.000, el destope
de las cotizaciones porque el sistema se fundamenta en la solidaridad y los que
más tienen deben aportar para los que menos ganan. Existe, además un largo
etcétera de medidas a tomar que pertenecen al ministerio de Trabajo y que su
desdoblamiento es signo de medidas contrapuestas.
No es admisible de ninguna manera que el Ministro Escrivá se convierta en el
Freddy Krueger contra las pensiones. Esa afirmación suya de que en cinco
años el sistema sería autosuficiente [lo es, lo ha sido y lo será] no debe ser a
base de recortes sino de eliminar gastos improcedentes y de aumentar la
financiación del sistema con ingresos suficientes.
En los ambientes de las concentraciones de miles pensionistas en los Lunes al
Sol que vienen manifestándose desde hace más de tres años [ya han
desaparecido de los noticiarios esas concentraciones, cuando gobernaba el PP
se retransmitían semanalmente, ahora que gobiernan otros se silencian como
si la problemática fuera distinta…Hace qué pensar] También en las redes
sociales se palpa la desasosiego de cómo se trata a las personas jubiladas y a
los futuros pensionistas.
Anunciar la posibilidad de Planes de Pensiones de Empresa es de una
ignorancia supina. Porque la capacidad de ahorro de las clases populares es
ínfima [más de 65% de los salarios dependen de pequeñas empresas y cuyos
salarios no sobrepasan los 1.200€]. Pero la “Gran Mentira” se basa en una
doble cotización: sufragar las Pensiones actuales y además aportar a los
fondos de pensiones de empresas parte de su salario.
Ante lo que llevamos exponiendo cabe responder la pregunta que tantos y
tantos trabajadores y pensionistas nos hacen: ¿Cuál es la verdadera solución?
La Catedrática emérita Miren Etxezarreta viene afirmándola desde hace años
en sus conferencias, libros e intervenciones en los medios de comunicación:
contemplar las pensiones como un gasto social como lo son el ejército, la casa
real, las Cortes etc, de las que nadie se atreve a valorar su rentabilidad; pues
que las pensiones formen parte de los Presupuestos Generales del Estado
como gasto social que son.
Hay un apartado que nos debe llevar a la reflexión: Europa en sus tratados no
tiene competencias sobre las pensiones en los países que forman parte de la
Unión, pero no para de obligar a los países a que recorten los gastos sociales,
sobre todo las pensiones. Recordad lo que hizo con Grecia y lo que está
haciendo con Italia y España.
Necesitamos urgentemente la concienciación de toda la clase trabajadora,
activa y pasiva, para eliminar el 135 de nuestra Constitución de 78 e inscribir

en ese 135 las pensiones como derecho constitucional con suficiencia
mantenida a lo largo de la vida de los pensionistas. Porque los derechos se
defienden, gobierne quien gobierne. Esperemos que llegue un día en que ya
no sea necesario salir a la calle para reclamar que queremos ser un país social.
Mientras ese día no legue, las calles deben ser nuestras.
Una última reflexión: se palpa una gran desconexión entre gobernados y
gobierno por el alejamiento de planteamientos a las soluciones sociales y esto
puede provocar vuelcos electorales. La solución nunca ha sido ni el fascismo
ni la ultraderecha por más democrática que se muestre. La solución está en
“apretar” hasta la saciedad en las calles para que la izquierda haga políticas
sociales de izquierda verdaderas. No basta con el apelativo de “progresistas”.
El progreso lo queremos palpar en nuestra vida cotidiana. Dejar hacer,
proporcionar sitio al desaliento, provocar división, tildar a todos por un igual
nos puede llevar al desastre.
Hay amigos míos que en asuntos judiciales, políticos etc preconizan el
cumplimiento de la ley sin cuestionarse la justicia. Anteponen la legalidad a ka
justicia. Nosotros, los movimientos de pensionistas, en el cumplimiento de la
ley queremos impregnar la legalidad de justicia social.
Prudenci Vidal Marcos
Miembro de Marea Pensionista

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Sergi Picazo

SERGI PICAZO

Periodista i editor de CRÍTIC

@sergipicazo

LA COVID-19: ASSAIG GENERAL DEL COL·LAPSE QUE VINDRÀ

Cordeu-vos el cinturó per als propers 30 anys: el planeta ha arribat al límit, i els mitjans de comunicació no hi estem parant prou atenció

La Covid-19: assaig general del col·lapse que vindrà

21/10/2020 | 06:00

Totes les sèries i pel·lícules amb futurs distòpics i catastròfics comencen amb un gran desastre que ho ha fet saltar tot pels aires. ‘The road’, de Viggo Mortensen, arrenca amb una explosió al planeta que provoca “una claror encegadora”. ‘The 100′, de Netflix, en culpa una mena d’error nuclear que ho deixa tot radioactiu. ‘The rain’ té l’origen en un tipus de pluja que transmet un virus mortal. El punt d’arrencada de ‘The handmaid’s tale’ és un greu problema de natalitat. Una de les darreres sèries d’aquest gènere que s’han estrenat és la francesa ‘El col·lapse’, que narra l’intent desesperat de sobreviure al final de la societat actual, però no n’explica les causes.

Poques pel·lícules i sèries nord-americanes o europees, però, situen la fi de la humanitat tal com l’entenem avui en l’escalfament global, en la fi de la biodiversitat i en els excessos del capitalisme. I, en canvi, això és exactament el que els científics diuen que passarà si no aturem ja –ahir– el compte enrere de l’explosió.

La crisi de la Covid-19 és un bon assaig general per al col·lapse que vindrà. Se sent ja la remor de fons d’una onada molt més potent i profunda. Ens preocupa, lògicament, la pandèmia actual. Però no tenim en compte totes les noves malalties i virus que arribaran per culpa de l’escalfament global i de la pèrdua de biodiversitat. Ens preocupa, lògicament, el futur del turisme a Catalunya, i no hi ha cap pla previst per si, com diuen tots els pronòstics, l’aeroport de Barcelona o el de Palma queden inundats per la pujada del nivell del mar.

Ens preocupa, lògicament, si Catalunya acaba sent o no independent, quan en realitat viure a la major part de Catalunya serà molt dur per culpa de la contaminació i de les altes temperatures que tindrem. La llei per frenar el canvi climàtic de la Generalitat, tal com va publicar CRÍTIC, no s’està aplicant, i gairebé ningú no protesta, malgrat que el Servei Català de Meteorologia assegura que la temperatura mitjana del país l’any 2050 pot augmentar en 2 o 3 graus, un desastre sense precedents per a una vida digna, per poder plantar aliments a terra, per al turisme, per a les pistes d’esquí, per a tot! De quina independència parlem, si potser ni tan sols no ens queda país?  De què carai parlem quan tot se n’està anant a la merda?

La crisi total es produiria per una multiplicació de col·lapses: primer, el clima; després, l’economia, i, al final, la política

El món que ens espera, quan passi –si passa– l’enorme crisi de la Covid-19, podria ser d’aquí a pocs anys encara pitjor. Això diuen els científics, des del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides fins a l’alerta del filòsof ecologista Jorge Riechmann. “La mort de la nostra civilització ja no és una teoria o una possibilitat acadèmica: és el camí en el qual som”, va assegurar ja l’any 2009 l’expresident de la Fundació Rockefeller i CEO de l”International Herald Tribune’, Peter Goldmark.

Pocs intel·lectuals, mitjans de comunicació o partits polítics s’atreveixen a prémer el fre. “La revolució no és un tren que s’escapa. És estirar el fre d’emergència”, va escriure Walter Benjamin. L’emergència sanitària ha fet oblidar tots els reptes i perills ingents que ens esperen en les properes dècades, i pràcticament cap govern al món no fa gairebé res per enfrontar-se a reptes com l’escalfament global, el canvi climàtic, la fi de la biodiversitat, la crisi energètica quan s’acabi el petroli barat, l’esgotament de les matèries primeres, els problemes del creixement demogràfic, la fam, l’escassetat d’aigua…

Així pujarà el nivell del mar al teu municipi per culpa de l’emergència climàtica

Joan Buades i Sergi Picazo

Aquests són els incompliments del Govern català de la Llei del canvi climàtic

Manel Riu

El professor de Ciència Política Carlos Taibo, en el seu terrorífic llibre ‘Colapso’ (Catarata, 2020), relata el final de la societat moderna, capitalista i industrial actual com una possibilitat ben realista causada per una multiplicació de col·lapses: un col·lapse climàtic que comporta més sequeres, més calor i problemes agraris; un col·lapse econòmic i financer, amb la insolvència dels estats i la desaparició dels estalvis de la immensa majoria; un col·lapse comercial, amb un diner devaluat o escàs; un col·lapse polític, amb governs deslegitimats i revoltes constants, i, finalment, un col·lapse sociocultural, amb l’augment de la percepció que no es pot esperar res de la resta de persones ni de les institucions.

Tot això ja està passant avui, a càmera lenta i com a aparents fenòmens aïllats. S’estan movent les plaques tectòniques del sistema, però no ho notem, perquè no reunim totes les peces del tauler. Avui ja estem patint onades de refugiats climàtics (com explicava la investigació “The great climate migration has begun”, de ‘The New York Times’), ja hi ha una crisi alimentària al món per la sequera i per l’escalfament (una bona part de l’Àfrica del centre i del nord), ja hi ha un augment de la violència més enllà dels estats (Mèxic, Colòmbia, Somàlia, el Congo, Síria…) i, com a possible resposta, ja està havent-hi un auge de l’autoritarisme postdemocràtic (Rússia, Turquia, Hongria…). Hi ha senyals d’alerta, però no en farem cas, confiant en una solució tecnològica des de dalt que ens salvi en l’últim minut.

Col·lapse, capitalisme terminal, transició ecosocial, ecofeixisme… El llibre de Carlos Taibo, que va ja per la quarta edició, explicita d’una manera crua, plantejant sempre els escenaris científics més prudents, els moments principals de col·lapse que vindran, i als quals els mitjans de comunicació no estem donant prou atenció per culpa de la brutal pandèmia sanitària global de la Covid-19. Aquí van, entre cometes, les preocupants conclusions finals de l’estudi de Taibo.

1) Emergència climàtica: desertificació, sequeres i onades de calor

“Al marge de l’augment de temperatura, cal avisar d’una pujada del nivell del mar, d’entre 20 i 88 centímetres durant el segle XXI, un fenomen delicat, ja que el 80% de la població mundial viu en zones costaneres. Algunes estimacions diuen que el gel del pol Nord es pot fondre entre l’any 2040 i el 2100. Els sòls patiran l’avanç de la desertificació, les sequeres i les onades de calor, i els llocs secs seran més secs, amb més incendis i tempestes de pols. Avui es perden al món 120.000 quilòmetres quadrats de boscos. En paral·lel, augmentaran el nombre i la intensitat dels huracans. Per tant, quan parlem de tot això, en realitat parlem dels problemes de l’agricultura i de la ramaderia, que tindran dificultats per a la producció d’aliments”.

2) Esgotament de les matèries primeres energètiques

“Hem consumit en les últimes dues dècades la meitat de l’energia generada des de l’inici de la Revolució Industrial. Avui depenem dramàticament dels combustibles fòssils per viure. Si fallen, hi ha moltes coses que no es podran fer: dessalinitzar l’aigua del mar, una bona part de l’agricultura patirà, extreure recursos minerals… Si s’acaben el petroli, el gas natural i el carbó, pràcticament no quedarà res de la nostra civilització termoindustrial. L’esgotament progressiu de les matèries primeres energètiques provocarà un menor creixement econòmic, una menor mobilitat internacional i canvis tecnològics. Diferents estudis alerten que l’oferta d’energia es reduirà entre un 25% i un 40% en els propers 25 anys. En la dècada del 2030 s’arribaria al llindar límit del petroli, del gas natural, del carbó i de l’urani”.

3) Pèrdua de biodiversitat, noves malalties i virus d’origen animal

“Desapareixeran i mutaran moltes espècies animals, i les agressions seran especialment dures en els ecosistemes marins. Aquestes extincions faran impossible tornar a la situació anterior. Unes 30.000 espècies desapareixen cada any, tres cada hora. Si continua el ritme d’extinció, l’any 2050 podria haver desaparegut la meitat dels 10 milions d’espècies vives actuals: un 12% dels ocells, un 23% dels mamífers, un 77% de les espècies marines, sobretot a causa de la sobreexplotació i la contaminació dels oceans. Això té conseqüències sobre els equilibris delicats que permeten la vida a la Terra. A més, la destrucció dels hàbitats naturals i d’espècies provocarà noves malalties i virus d’origen animal que es transmetran als humans“.

4) Augment demogràfic inquietant

“L’any 2019, després d’un augment demogràfic espectacular en el segle XX, la població mundial és ja de gairebé 7.600 milions d’habitants. Però el 90% del creixement demogràfic es registra en països del Sud, i afecta sobretot llocs com Bangladesh, el Brasil, la Xina, Etiòpia, l’Índia, Indonèsia, Nigèria o el Pakistan. La majoria dels estudis auguren que el creixement mundial s’estabilitzarà en les pròximes dècades. Tot i això, l’escenari no és gens tranquil·litzador: què passarà amb 7.500 milions d’humans en un escenari d’emergència climàtica i d’esgotament de les matèries primeres? Es pot mantenir el nivell de consum d’un ciutadà mitjà occidental en el nou panorama? Hi haurà més migracions massives de població jove del Sud empobrit cap al Nord?”

5) Fam i problemes agraris pels monocultius, per la sequera i per la contaminació

“Actualment, 20 espècies de plantes proporcionen un 90% dels aliments d’origen vegetal que consumim. D’aquestes, tres (el blat, l’arròs i el blat de moro) constitueixen la meitat de les collites. Aquest suposat triomf de l’agricultura moderna, de la mà dels monocultius, és una font de problemes de futur, ja que ens deixa en una situació d’una gran vulnerabilitat. Cal recordar que avui hi hauria unes 35.000 plantes comestibles –hi ha qui multiplica la xifra per dos– i no sembla raonable prescindir de la majoria d’aquestes plantes en una situació tan delicada com la que vindrà”.

6) L’escassetat d’aigua provocarà pobresa, mortalitat i conflictes

“Segons les Nacions Unides, l’any 2025 uns 1.800 milions de persones viuran en regions que patiran una escassetat absoluta d’aigua. Però, a més, dos terços de la població mundial hauran de fer front a problemes per accedir a l’aigua potable. L’Himàlaia i les valls del Jordà i de Ferganà mostren a la perfecció els conflictes per l’aigua que es poden generar en el futur. Es preveu, segons l’ONU, que en els pròxims anys hi haurà 300 conflictes potencials per l’aigua arreu del planeta. L’escassetat d’aigua provocarà més pobresa i mortalitat, reduirà la producció agrícola, posa en perill molts processos d’extracció minera i dificulta la producció d’energia”.

7) L’expansió de nous virus i malalties globals

“Noves i velles malalties ha portat al col·lapse imperis polítics i econòmics en el passat. Avui, el risc és més evident. Epidèmies i pandèmies tenen la possibilitat d’expandir-se globalment de manera molt més ràpida que mai gràcies al transport aeri i a la globalització econòmica. S’estan multiplicant els càncers i les malalties cardiovasculars, i s’expandeix l’obesitat, amb efectes molt negatius, sobretot al Nord. Les malalties cròniques s’han convertit en la primera causa de mort, per sobre de les infeccioses, i constitueixen una bomba de rellotgeria en països com la Xina o l’Índia. A més, hi ha un perill de repunt de malalties com la tuberculosi o la malària. Totes les regions del planeta estan sota amenaça”.

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8) Violència, terrorisme i estats fallits

“Un dels factors de nous conflictes bèl·lics seguirà sent, sobretot davant la crisi energètica que vindrà, pel control dels jaciments i dels conductes de transports de petroli i de gas natural. Un responsable militar dels Estats Units va assenyalar que més de la meitat de l’enorme despesa militar del país responia a l’objectiu de protegir l’accés a les matèries primeres energètiques. Mentrestant, la Xina necessita més matèries primeres per mantenir el seu creixement. Per això, els riscos de conflicte augmenten en zones productores com el mar de la Xina meridional, l’Orient Pròxim, l’Àsia Central i algunes àrees concretes de l’Àfrica i de l’Amèrica Llatina. El mapa d’escenaris conflictius coincideix amb el de regions amb tensions ecològiques fortes, com poden ser el de Chiapas, Gaza, Sud-àfrica, el Pakistan i Ruanda. I, en paral·lel, hi ha cada cop un risc més alt de col·lapse d’alguns estats, els anomenats ‘estats fallits’ o que no controlen zones del seu propi territori”.

Tanmateix, i com deia la setmana passada a la Biennal de Pensament la filòsofa Marina Garcés, “el col·lapse, però, no pot col·lapsar el nostre pensament crític i la imaginació política d’un futur millor”.

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Los directivos del Área Metropolitana de Barcelona cobran más que Pedro Sánchez

Los 18 cargos directivos del AMB perciben entre 82.000 y 115.000 euros. El presidente del Gobierno percibe 83.000 euros

Marcos Pardeiro

Economía Digital

Imma Mayol, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona (1999-2011), es directora del Área de Ecología del AMB desde octubre de 2019

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Cataluña relaja las restricciones: reabre centros comerciales y permite más movilidad

EE..UU. autoriza la vacuna de Pfizer: comienza la inoculación masiva

Yolanda Díaz se impone a ministros del PSOE para subir el salario mínimo

Barcelona, 13 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Ser directivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sale más a cuenta que ser ministro, vicepresidente e incluso presidente del Gobierno de España.

El directivo que menos cobra del AMB percibe 82.919 euros, una nómina casi idéntica a la que recibe Pedro Sánchez (82.978 euros) como jefe del Ejecutivo.

En realidad, la mayoría de los 18 directivos del AMB —un organismo supramunicipal— tiene salarios superiores a esos 82.919 euros: desde los 115.306 euros del gerente, a los 108.100 euros de seis directores de área (entre ellos, viejas glorias de la política catalana como los exdirigentes de ICV Imma Mayol Salvador Milà) pasando por otras nóminas que pueden consultarse en este cuadro:

Gerente115.306 euros
Director Área Presidencia108.100 euros
Director Servicios Generales108.100 euros
Director Área Ecología108.100 euros
Director Área de Movilidad108.100 euros
Director Servicios de Movilidad108.100 euros
Director Políticas Urbanísticas108.100 euros
Director de Servicios de Espacio Público91.432 euros
Director de Servicios del Ciclo del Agua91.432 euros
Director de Gestión de Residuos91.432 euros
Director de Transporte91.432 euros
Director de la Agencia de Transparencia82.919 euros
Director de Planificación Estratégica82.919 euros
Director de Desarrollo Social82.919 euros
Director de Área Internacional82.919 euros
Director del IMPSOL100.836 euros
Gerente del Instituto del Taxi (IMET)100.836 euros
Director de Servicios del IMET91.432 euros
TOTAL1.754.414 euros

Aunque la presidencia del AMB recae en la alcaldesa de Barcelona, no es Ada Colau quien se encarga de llevar la gestión diaria de esta corporación que integra entidades públicas tan variopintas como el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), el Consorcio del Parc de Collserola, Regesa (Aparcamientos y Servicios), Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) o el Consorcio Besós Tordera, entre una quincena de entes.

Colau, al igual que los vicepresidentes, portavoces y consejeros sí que cobran dietas por asistir a los plenos del consejo metropolitano del AMB, pero no un salario.

Presidenta del AMB (Ada Colau)885 euros
Vicepresidente ejecutivo885 euros
Vicepresidentes con área730 euros
Vicepresidentes575 euros
Portavoz265 euros
Conseller265 euros

Los presupuestos de 2021, que ya han recibido la luz verde del consejo metropolitano del AMB, prevén un incremento del conjunto de los costes de personal del organismo del 4,73% hasta alcanzar los 44,2 millones de euros.

La subida de esta partida ha sido imparable desde el año 2015, cuando la presidencia del AMB cambió de manos (de Xavier Trias a Ada Colau). Desde entonces, la subida ha sido de un 53,6%, pasando de los 28,8 millones a los mencionados 44,2 millones.

Todos los cargos directivos tienen la condición de personal eventual, pero no son ni muchos los únicos que están en nómina del AMB tras una designación directa de los órganos de gobierno resultantes de las últimas elecciones municipales.

El AMB tiene 57 asesores especiales y el coste del personal eventual es de 4,5 millones

Según la última liquidación de los presupuestos de 2020 —incluida en el proyecto de 2021—, el AMB contaba con un total de 72 eventuales: 15 directivos (deben descontarse, según esta relación, a los responsables del IMET y del IMPSOL referidos en un cuadro anterior) y 57 asesores especiales.

Entre estos 57 asesores especiales, cuyas responsabilidades evita concretar el AMB, figuran jefes de gabinete (70.748 euros anuales), asesores de área (53.276 euros), asesores a jornada completa (también 53.276 euros) y asesores a media jornada (27.726 euros).

La dotación que el AMB destinará en 2021 a personal eventual, dentro de los costes de la plantilla, es de 4,56 millones de euros, una cantidad nuevamente superior a la prespuestada en 2020 (4,29 millones de euros).

En realidad, buena parte de las 27 partidas que conforman los gastos de personal experimentan subidas de 2020 a 2021 a pesar de la crisis económica. 

Son los casos de las contribuciones a fondos y planes de pensiones del personal directivo y funcionario, los complementos a la productividad y las retribuciones básicas en su conjunto.

El AMC gestionará en 2021 un presupuesto de 875 millones de euros y sus directivos percibirán más dinero que los integrantes del Consejo de Ministros. El dato resulta escalofriante al comprobar que los Presupuestos Generales del Estado prevén un gasto total consolidado de 550.484 millones de euros.

En este último cuadro se pueden consultar las nóminas de Pedro Sánchez y de los 22 integrantes del Consejo de Ministros:

Presidente del Gobierno82.978 euros
Vicepresidente del Gobierno (4)77.971 euros
Ministros (18)73.211 euros
TOTAL1.712.660

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Que plourà a Madrid?

IAI@FLAUTES GARRAF / UNITAT PENSIONISTA DEL GARRAFVILANOVA I LA GELTRÚ 28-10-2020 08:03

Amb permís o no del Tomàs Molina, esperem que sí, i molt! Iai@flautes Garraf i Unitat Pensionista del Garraf hem organitzat una pluja sobre el Congrés de Diputats, amb núvols més negres damunt del Pacte de Toledo. Quan Rajoy va adoptar la decisió d’augmentar les pensions un 0,25% durant uns quants anys, molts pensionistes vam pensar que ja n’hi havia prou. Les reformes de 2011 i 2013 no havien fet altra cosa que convertir el treball en més precari, més atur, menys sou, més incertesa laboral…, i evidentment la recaptació de la Seguretat Social va anar baixat. Per altra costat els diners acumulats al Fons de Reserva s’anaven gastant amb despeses que, algunes, eren impròpies, que no corresponien a Pensions. I el 2018 molts milers de pensionistes i de no pensionistes vam sortir als carrers de diverses ciutats espanyoles a manifestar el nostre desacord més ferm vers aquestes mesures contra el món del treball. La pensió no és un regal que fa l’estat, és un sou diferit que no es va cobrar en el seu moment i que es cobra quan ja s’ha sortit de l’entorn laboral. I finalment Rajoy va haver d’admetre que les pensions augmentessin segons l’Índex de Preus al Consum, l’IPC.

Ara, 2020, ens trobem que Espanya ha d’establir compromisos amb una Unió Europea que li demana retallades de la despesa pública per poder rebre l’ajuda necessària per mirar de pal·liar les conseqüències del Covid. Els pressupostos que el Gobierno està acabant de cuinar han de respondre a aquesta filosofia econòmica. Per un altre costat, o pel mateix, el Pacto de Toledo, ha acabat la redacció de les seves recomanacions que han de condicionar el futur de les pensions durant uns quants anys. Fins ara han arribat rumors, opinions de fonts “ben informades”, notícies aïllades que més que informar busquen temptejar les reaccions abans de fer un enunciat taxatiu, lleis, que regulin les pensions dels propers anys. Ara acaba de sortir el redactat de les recomanacions. Els mitjans, en general, remarquen els avenços però camuflen les mancances. Però no és únicament això, si no es deroguen les reformes de 2011 i 2013, si no es desmunta la darrera reforma laboral és tot el món del treball el que pot quedar tocat, encara més tocat, especialment els joves.

Però ara, 2020, no podem tornar a sortir al carrer com aquell 2018. Tant la Llei Mordassa com la pandèmia del Covid ho compliquen. És per això que vam pensar que si la gent no pot omplir els carrer com el 2018, i Madrid el 2019, sí que podem organitzar que les nostres reivindicacions omplin les bústies del diputats i membres del Pacto de Toledo. És per això que convidem tothom que vulgui donar recolzament a les demandes a l’entorn del futur de les pensions, que es posi en contacte amb nosaltres al correu iaioflautas.garraf@gmail.com. Farem arribar un text explicatiu de l’acció que proposem, el text que cal fer arribar als membres del Congrés i del Pacto de Toledo, amb les reivindicacions concretes, i les adreces electròniques de tots ells (menys la dels 43 que la mantenen oculta).

Es tracta que tothom que ho vulgui els faci arribar la carta i que reenvií tot el paquet (el text explicatiu de l’acció, el text que cal fer arribar als membres del Congrés i del Pacto de Toledo, amb les reivindicacions concretes, i les adreces electròniques dels diputats) a tots els seus contactes. Si ens ajudeu no cauran quatre gotes sobre el Congrés de Diputats, serà una veritable pluja. I ja sabeu, l’aigua, quan agafa empenta, obre camins fins i tot a la roca. El que ara s’acabi aprovant tindrà rang de llei durant un grapat d’anys.

El que és inútil és rondinar i no fer res més. Ens ajudeu? Us ajudeu? Els ajudeu?

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“26 MILLONES DE HIJOS DE PUTA”

El diccionario de la RAE define transición  como: “acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto”. Frecuentemente en las búsquedas en internet al poner transición aparece: “Transición política en España”. Debemos hacer caso de la RAE y pensar que a un régimen político corresponde una virtud principal a ejercitar. En la monarquía de la edad media era la fidelidad, en las dictaduras la obediencia ciega, en la democracia la tolerancia con las minorías en aras al principio de igualdad. Y viene a colación porque mantener en una “democracia” [ya no juzgamos el nivel de democracia, sea avanzada o sea inicial…] actitudes propias de regímenes pasados no es sólo anacrónico es, además insultante a la inteligencia. Y más, cuando lo que se pone en duda son los valores que representan los Derechos Humanos, principios fundamentales de la igualdad de todas las personas.

Y ahora nos surge una pregunta fundamental: ¿pueden las democracias admitir en su seno a quienes de llegar al poder destruirían la democracia? La respuesta se nos hace harto difícil de responder, pero mirando a nuestro alrededor en los países de tradición democrática que alguna vez fue interrumpida por la fuerza y vulnerando la razón y los derechos humanos, cabe responder con rotundidad, QUE NO ES TOLERABLE, en aras a la pretendida democracia. Los intolerantes no pueden aprovechar la tolerancia que proporciona la  democracia para mostrarse intolerantes; es más, sobrepasan los límites de humanidad exigida, el respeto a los disidentes de las mayorías para amenazar a quienes ellos juzgan como dañinos para la sociedad en la que vivimos [mejor dicho, en aquella sociedad que dejamos atrás para dar un paso adelante con principios absolutamente diferentes: respeto a la ley, derechos humanos, respeto a las minorías, justicia social etc.]

¿Y cómo puede la sociedad primero prevenirse y posteriormente defenderse de tales sujetos y de tales actitudes? El mal que que provocan estas actitudes no es menor. Los viejos luchadores huelen el fascismo a muy lejana distancia, pero no así quienes han nacido y vivido siempre en democracia. Envalentonar a los jóvenes con proclamas violentas es socavar los principios en los que han sido educados. Este es un mal irreparable, y no podemos plegarnos de manos ante esta destrucción mental de los fundamentos de nuestra convivencia. Esperamos y deseamos que desde la educación más temprana hasta las facultades universitarias se realice un desbroce efectivo de esta ruina y mísera ideología del “gatillo y el paredón”. Por otra parte, a quienes atentan contra la democracia y sus principios deben ser llevados ante los tribunales porque las instituciones democráticas tienen el derecho y la obligación de defenderse ante tales actitudes que provocan un daño irreparable de no tomarse la cuestión con todo el arsenal jurídico que puede aplicarse.

Hemos visto, con disgusto, artistas condenados por expresar ideas; hemos despreciado condenas a mujeres por procesiones anti sexistas, han llevado al exilio a cantantes cuyas letras molestaban… ¿Se van a cruzar de brazos ahora cuando se nos amenaza de fusilarnos? ¿Van a pasar por alto la apología del asesinato?  El principio de igualdad ante la ley es un pilar fundamental de la democracia. En democracia no hay “intocables”. La democracia, desprovista de odios y de rencores, aplica la ley cuando se han demostrado vulneraciones, y la que estamos exponiendo se ha hecho pública, ha abierto telediarios, ha llenado páginas de periódicos, ha sido motivo de tertulias radiofónicas y, esto es mucho más importante, se ha comentado en paseos, jardines, mercados, ferias y rellanos de viviendas, en bares y terrazas.

Es un clamor la indignación que estas opiniones han provocado en la población en general y en los mayores, luchadores antifranquistas, y defensores de la dignidad y de la justicia social. El anacronismo social y político debe ser reflexionado a fondo. ¿De verdad nuestra transición política dejó atrás el modo de ser y de pensar? Sinceramente creo que no, porque de los escombros sociales del franquismo, de su estructura de estado, de su administración, de sus favoritismos se construyó. Con esos materiales de derribo una mal llamada nueva situación. Nadie, en su sano juicio,  se atrevería a construir una casa para que durara con materiales adquiridos en los vertederos. Y eso fue la época del franquismo, aunque algunos disfrutaran de los privilegios ofrecidos a la obediencia ciega y al atolondramiento intelectual.

No hay que dejar pasar página como si nada hubiera ocurrido. El diputado Odón Elorza se preguntaba si él mismo y su familia estaban contabilizados entre esos 26 millones. No sabemos la respuesta, pero para esos pocos militares y simpatizantes de lo absurdo debemos dispararles con la fuerza de la ley, de la honorabilidad del respeto a los derechos humanos.

Seguramente, el colectivo de jubilados reclamando pensiones dignas para hombres y mujeres, futuro para nuestros hijos y nietos y la finalización real de los privilegios de bancos y aseguradoras que pretenden apoderarse de la política para hacer valer sus derechos pervirtiéndola y corrompiéndola, seamos 9 millones a descontar de esas balas asesinas propuestas por esa indecencia. Ya nos lo hicieron y, de seguro que volverían a hacerlo. Ahora disponemos de la fuerza de la ley que nos hemos otorgado y esperamos de nuestras autoridades la actuación que la ley indica para estos casos.

No estaría de más que la apología del fascismo estuviera en el código de justicia!

Prudenci Vidal Marcos

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Tot pels pensionistes però sense els pensionistes

El futur, i en part el present, de les pensions s’està cuinant a l’esquena dels mateixos pensionistes o futurs pensionistes. Tot pels pensionistes però sense els pensionistes recorda massa la premissa del despotisme il·lustrat. Per un costat el Gobierno prepara els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Per un altre la Comissió del Pacto de Toledo, dins del seu secretisme habitual, treballa per a definir les recomanacions que haurien de condicionar el present i el futur de les pensions. Mentrestant van apareixent declaracions, opinions pe persones vinculades al Pacte, al Gobierno, la banca, als fons de pensions… No són altra cosa que globus sonda que cerquen mesurar la repercussió que tenen aquestes opinions en la opinió pública.  I les reaccions són mínimes, esmorteïdes pel covid. Però aquestes recomanacions, les que siguin, seran molt importants: les prestacions representen el 40% de les despeses dels comptes públics que prepara Hisenda.

La proposta de reforma del sistema de pensions que prepara el Pacte de Toledo afectarà directament les persones que els queden cinc anys per a jubilar-se: l’objectiu és arribar al 2025 sense dèficit a la Seguretat Social. Això significa noves reformes que hauran d’anar més enllà de fixar la jubilació als 67 anys (ara ja està fixat), canvis que s’hauran d’assumir a curt i mitjà terme. Per fer aquestes propostes diferents especialistes en economia han comparegut davant la Comissió del P de T, el darrer José Luís Escrivá, Ministre d’Inclusió i Seguretat Social, i persona íntimament relligada als plans de pensions privats. Quins economistes socials hi han comparegut? Els sindicats majoritaris aporten la seva opinió, però qui ha representat el punt de vista dels pensionistes? Algú ha plantejat la necessitat de fer una reforma fiscal que obri la porta a millorar els ingressos fent que persones que no paguen, o paguen molt per sota del que els pertoca, paguin d’una vegada? Ens referim a fer-ho seriosament, no fer un senzill maquillatge. Segurament és més fàcil i menys arriscat seguir collant els pensionistes: són més febles i no manen com ho fan els poders fàctics…

Quan hi haurà una proposta en ferm? No és fàcil saber-ho perquè el treball de la Comissió del P de T resta dins d’una nebulosa secreta.

Tot i així haurà de ser abans d’acabar l’any 2020 perquè el Mercat Comú (sí, la Unió Europea s’ha convertit en això) espera la decisió, i els préstecs Covid en depenen. Actualment la Seguretat Social  destina mensualment uns 10.000 M d’euros a pagar el conjunt de les pensions, i deu ja 55.000 M a l’Estat. Un incís: i si en lloc de prestar diners a la SS, l’Estat hagués fet transferències a la SS? Es podrien estalviar els interessos, perquè l’Estat és Estat i la SS és Estat. Quin sentit té el préstec si no és agreujar el dèficit de la SS? Es vol deixar la SS en mans de la iniciativa privada?

Legalment el sistema de pensions ha de fer front a les pensions però no altres despeses com són orfenesa, el SOVI (règim residual), sous de funcionaris, llogues de locals, cursos de capacitació laboral… Són despeses impròpies. S’haurien de comptabilitzar a una altra partida.

Si el món del treball únicament atengués les pensions dels actuals jubilats, seguint el criteri de solidaritat intergeneracional, hi hauria superàvit.

Dit en altres paraules, el que cotitzen els treballadors, tot i els quatre milions de parats actuals, permetria pagar les pensions i sobrarien diners. Però…, qui pagaria aquestes despeses impròpies? Qui les ha de pagar? Els PGE? Això significaria un augment d’impostos? Això demanaria un augment de recaptació per via impostos, però no vol dir pagar més, significa que pagui tothom i de forma justa, sense situacions de privilegi. I per fer-ho és indispensable una reforma fiscal de caire social.

Sovint sentim a dir que les pensions són massa altes, i certament n’hi ha que sí que ho són, però el 36% de les contributives queden per sota dels 700 euros al mes, i les no contributives sovint no arriben als 500 euros. Un diputat, pels dies que s’ha de quedar a menjar a Madrid, cobra cap els 900 euros extres. És imprescindible que les pensions mínimes s’apropin a paràmetres de dignitat, per sobre dels 900 euros.

Però si bé és important el que es pugui aprovar, més important és que realment s’acabi fent. Cal tenir present que únicament un 1% dels que han demanat l’Ingrés Mínim Vital el tenen concedit. Tant que el Gobierno va publicitar aquest IMV i que poc que s’ha explicat com l’han aplicat…

Ara com ara tot són rumors i filtracions de “fuentes cercanas al Pacto de Toledo”, perquè les deliberacions són secretes però les filtracions tenen sempre del mateix aspectes: sondejar la reacció de la gent abans d’anunciar una mesura.

Ara que ens tenen a casa, o al carrer però amb mascareta i distanciament social, deu ser bon moment per colar-nos el gol per sota les cames. Mascareta? Sí; distanciament? Sí. Però amb mascareta i distanciament hem de ser presents als mitjans, a les xarxes, al carrer, i defensar els drets presents i futurs dels treballadors i jubilats. I quan diem futurs ens referim també als joves, un col·lectiu que la dreta vol enfrontar als jubilats com si la pugna fos entre joves i vells i no entre persones que aporten al sistema de la SS i persones que se’n beneficien, que evadeixen del sistema.

Iai@flautes Garraf Unió Pensionista del Garraf

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INTERVENCIÓ A RÀDIO SANT POL del dia 12/11/2020
1.- El col·lectiu de Pensionistes, ens hem desvinculat d’una manera definitiva de la Marea Pensionista de Catalunya per no estar d’acord amb la intromissió de partits polítics i de sindicats majoritaris (Podem i CC.OO.) en la seva comissió d’organització i per tant en la seva manera de fer. Nosaltres vam decidir en l’assemblea de Sant Pol NO acceptar aquestes ingerències, i tal com tenim i vam establir des de bon començament de la nostra activitat a Sant Pol, ens mantenim en ser apartidistes i “asindicals”.
Si que hi pot haver gent de partits i afiliats a sindicats en la nostra associació, però per a defensar només les nostres reivindicacions, no per a manipular el nostre moviment. Ara ens constituïm com Associació, amb el nom d’Associació de Pensionistes i Gent Gran de Sant Pol (implementarem més activitats des d’aquest nou model de funcionament en benefici de totes i tots els pensionistes i gent gran del poble) i en pocs dies també ens incorporarem, juntament amb molts altres municipis i entitats de poble d’arreu de Catalunya, a una nova organització que s’anomena unitatpensionista.cat, en la que tots volem mantenir-nos independents de determinats interessos de partits polítics i de determinats sindicats majoritaris, que no fan res en pro ni en benefici dels pensionistes ni de la Gent Gran.
2.- Entrem en la matèria de les conclusions de l’informe del Pacte de Toledo i les seves conseqüències….

  • el primer a dir és que la mesa del Pacto de Toledo la formen una representació dels partits polítics, una representació dels poders econòmics (bancs i asseguradores), una representació dels empresaris i una representació dels sindicats majoritaris CC.OO. i UGT (els quals, suposadament, haurien de representar als treballadors en actiu)… i, curiosament, no hi ha cap representació dels 9 milions de pensionistes i jubilats que hi ha en el al país. I no ens hi volen ni veure.
  • el que fa aquesta Mesa del Pacto de Toledo és comentar, negociar intercanvi de cromos….. i després de cobrar unes dietes que ens costen molts diners als contribuents, redacten un informe… unes recomanacions….
    L’any passat, per interès del Partit Socialista, ja es va reunir aquesta Mesa del Pacte de Toledo, però després d’1 mes i mig de converses i negociacions, no van arribar a cap acord….possiblement per la pressió que vam fer el moviment pensionista muntant aquella gran concentració a la porta del Congreso, amb més de 100.000 persones mobilitzades d’arreu de tot l’estat.
    És cert que l’informe i recomanacions que fan… NO és vinculant per al gobierno de Espanya, però sí que el contingut de l’informe,a poc a poc en comptagotes i amb nocturnitat i traïdoria.. els diferents gobiernos que se’l troben van aplicant les mesures recomanades segons els hi convé en el moment polític, quan els interessa… i mica en mica… aquelles i aquells que són treballadors i treballadores actualment, els hi aniran aplicant i les aniran patint en el futur més pròxim… i els/ les que avui en dia ja som pensionistes i/o jubilats, algun serrell o alguna
    esquitxada segur que també ens afectarà.
    Bé… veiem quines han estat les recomanacions aquesta vegada….
    1
    Aquest passat 20 d’octubre de 2020, aquesta comissió va aprovar… quasi per unanimitat (només les abstencions d’ERC i BILDU i el vot contrari de Vox els hi van fotre la festa en l’aire), les 21
  • recomanacions que ja s’han elevat al Gobierno del PSOE-Podemos, per a que aquest ho reflecteixi
  • en allò que, ben segur, serà la 3a reforma del Sistema Público de Pensiones en els darrers 10 anys.
  • Son pràcticament les mateixes recomanacions que l’any passat,el febrer de 2019, no va ser possible
  • aprovar donada la ferma oposició d’ERC i del grup Unidas Podemos, ara cal dir que avui està
  • formant part del Gobierno de Espanya.
  • Seria bo preguntar-nos el per què…..Què ha passat per a que ara la postura hagi canviat, si les
  • recomanacions son les mateixes, seguint el mateix patró d’interessos econòmics i en contra de les
  • classes treballadores i dels pensionistes..?
  • Segur que seria llarg i feixuc d’explicar aquest canvi en el posicionament del grup polític d’Unides
  • Podem….. cal dir que els únics que s’han mantingut contraris a l’informe han sigut ERC, EH BILDU i
  • el BNGa
  • Bé, deixem de banda aquest entramat jurídic, polític i econòmic entre la gestió de la Seguridad
  • Social i l’Estado, i ens limitem a parlar de les 21 recomanacions i posarem alguns exemples per
  • ajudar-nos a separar el grà de la palla en aquestes explicacions.
  • 0- Defensa y mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones.
  • Aquesta recomanació només és una declaració d’intencions, que no te més que bones paraules i no
  • serveix per a res.

1- Separació i clarificació de les fonts de finançament.
Aquí, li donen una petita estirada d’orella a l’Estado… però a continuació diuen que:
“La Comisión considera inaplazable actualizar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que, sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas, se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado. La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la
Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse, –si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda-, permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia”
Què ens diu amb això la Comissió? Que la Seguridad Social té un deute amb l’Estado (la qual cosa no es veritat) sinó que, a més, està demanant que la Seguretat Social es desprengui del seu patrimoni immobiliari (la xarxa d’Hospitals de l’estat) per a poder saldar el presumpte deute. I,és clar, vendre-ho a empreses privades.
No nomès NO reconeix les enormes quantitats que l’Estat li deu a la Seguretat Social, que són més de 135.000 milions d’euros segons el Tribunal de Cuentas del mateix Estat, sinó que, ademés, a més a més, carrega tota la culpa a la mateixa Seguretat Social. De traca.
2- Manteniment del poder adquisitiu i millora de les pensions.
Aquí podem dir allò de“per escriure això no cal haver anat a la universitat”.
No només no fan cap gest ni proposta per a blindar el manteniment del poder adquisitiu a l’IPC real mitjançant Llei, o a través d’un Article fonamental a la Constitució, sinó que a més, suggereix la possibilitat d’incloure altres elements per a valorar les revaloritzacions del futur, com ara l’evolució dels salaris, l’evolució de l’economia interna, o el comportament de les pròpies cotitzacions/ingressos de la Seguridad Social.
Cal dir que porten anys provocant que els ingressos a la S.S. vagin disminuint amb les continuades reformes laborals que han portat quasi a l’esclavitud i a la pobresa instaurada a moltíssims treballadors i treballadores. Per això, amb reducció dels salaris es produeix una reducció de les aportacions a la S.S. I per això volen fer-lo constar com a paràmetre a considerar en futures modificacions.
Doncs bé, l’ Art. 50 de la C.E. i el Convenio 102 de la OIT, ja deixen meridianament clara la situació d’obligatorietat de la revalorització de les pensions. I no fan cap mena de recomanació de que les pensions mínimes s’igualin al Salari Mínim
Interprofessional de 950 euros en una primera tongada, ni tampoc la possibilitat d’igualar-les al 60% del salari mig del país, tal com indica la Carta Social Europea.

3- El Fondo de Reserva o “La Guardiola de les Pensions”
Aquí la Comissió fa un “brindis al sol”, i proposa que els remanents han d’anar sempre al Fons de Reserva, i no fa ni una sola referència al perquè es van esgotar els 68.000 milions de quals disposava a finals de 2.013, ni perquè es va dir res quan en M. Rajoy, va modificar la Llei que l’impedia fer ús de més d’un 3% d’aquest Fons de Reserva en un mateix exercici, ni tampoc demanen que es faci una auditoria sobre quina destinació se li van donar a aquests 68.000 milions.
Paga la pena comentar que aquest Fons de Reserva, tenia 3 comissions: “La Comisión de Gestión Técnica, La Comisión Asesora de Inversiones y la Comisión de Seguimiento”. Què feien aquestes comissions mentres tant? “Ahi lo dejo”… com diu l’amic Gonzalo Boye.
En la Comissió de seguiment hi havia representació sindical (CC.OOi UGT). Era i és preceptiu que el Gobierno presentés un informe anual sobre l’evolució i la composició d’aquest Fons al Congreso de los Diputados. No sé d’altres persones, però nosaltres els pensionistes MAI hem pogut llegir res del
que estava passant, cap informe emès per cap d’aquestes comissions.
La pregunta que ens queda és: Quins romanents pensen que pot tenir el sistema amb aquestes polítiques del mercat de treball i de rebaixa dels sous?

4- Cotització dels autònoms.
Aquesta recomanació demana que es vagi a DOS sistemes de pagament en UN mateix sistema de cotització a la Seguretat Social, un per als treballadors per compte aliè i un altre per als treballadors per compte propi, i aquí és on entren en escena els autònoms (molts d’ells que avui en dia són FALSOS autònoms treballant per un altre (repartidors d’Amazon, de Globo, etc).
Aquí la Comissió s’oblida i es contradiu amb una de les seves primeres recomanacions, la convergència dels diferents subsistemes de cotització en un sol sistema de Seguridad Social. A data d’avuí, 25 anys després de la creació d’aquesta Comissió del Pacto de Toledo, encara existeixen diversos sistemes NO integrats en el Règim General de la S.S. (col·lectius de funcionaris, col·lectius
de col·legiats, militars, polítics, etc.)
Tampoc la Comissió discrimina sobre quins autònoms, perquè no és el mateix un autònom que pot tenir un negoci, o una empresa amb treballadors, o que sigui un professional que treballi sol o que sigui un repartidor d’Amazon.


5- “Periodos de cotización”.
Aquí la Comissió recomana mantenir la nefasta Reforma de Pensiones de 2.011, la del Gobierno Zapatero,aprovada amb la signatura i beneplàcit de CC.OO i UGT, que està ja ve provocant des del 2.015 una pèrdua en les expectatives de pensió dels actuals treballadors, que es va perdre amb l’augment de l’edat legal de jubilació als 67 anys, més els 25 de base reguladora, que comportarà, en molts de casos, a una pèrdua d’entre un 20 i un 30% en la seva futura pensió.
La veritat, no sabem perquè serveix aquesta Comissió del PT que es constitueix per a fer sostenible el SPP i no posa la més mínima ressistència a tota aquesta pèrdua de DRETS. A la realitat, sembla ser un lobby, que es va constituir amb l’objectiu de finiquitar el Sistema Público de Pensiones.
En aquesta recomenació la Comisión es podria haver près la molèstia de tenir una visió més realista de la societat que l’envolta, o estudiar la possibilitat d’altres solucions que no passessin per allargar l’edad de jubilació (i encara menys quan tenim un ATUR juvenil del 40%). Les possibles vies de solució podríen ser: des de reduir la jornada laboral mantenint els salaris (com ja fan en altres països)…o posar impostos finalistes, augmentar un punt la cotització social empresarial, càrregues fiscals a la robotització de les empreses, etc., però no, és més fàcil tirar pel
dret i limitar-se a les mateixes errades de sempre, ni tan sols puntant (?) a la nova revolució digital 4.0 que està picant trucant a la porta.
No es tracta de retallar despeses, es tracta d’incrementar els ingressos.

6- “Incentivaciones al empleo”
Aquí els de la Comisión, es limiten a dir que s’ha de millorar “el empleo” però que no s’ha d’incentivar les noves contractacions contínuament, tal i com venen fent els darrers Gobiernos en els últims 15 anys. Sí que aconsellen protegir especialment als col·lectius més desafavorits. Quins, si tots estan pitjor any rere any..?
Tampoc perden ni un minut en fer aportacions en el sentit d’anar transformant el mercat de treball, amb increments en I+D+i, o tractar de crear llocs de treball d’alt valor afegit en els sectors de les energies renovables i netes, o en les noves tecnologies, de tal manera que s’anés a un canvi del sistema actual, que pivota únicament sobre el turisme i els serveis, que resulten unes activitats molt
inestables com estem veiem darrerament amb la situació que tenim i en casos com catàstrofes atmosfèriques, atentats o pandemies com l’actual, que a més, només aporten salaris i contratacions de molt baixa qualitat i retribucions, que redueixen dràsticament les aportaciones al Sistema Públic de la Seguretat Social i de retruc a les futures Pensions.
S’hauria de facilitar la participació en el món laboral de les dones (amb només un 52% de tasa d’activitat), l’empleo juvenil i l’empleament de l’Estat i CC.AA., que és de 3 a 9 punts per sota en comparació amb altres països de l’UE: sanitat, educació, escoles infantils, serveis socials, residències públiques per a gent dependent, etc.
En aquests camps es podrien crear prop d’UN milió de nous llocs de treball.

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Que plourà a Madrid?

IAI@FLAUTES GARRAF / UNITAT PENSIONISTA DEL GARRAF

VILANOVA I LA GELTRÚ 28-10-2020 08:03

Amb permís o no del Tomàs Molina, esperem que sí, i molt! Iai@flautes Garraf i Unitat Pensionista del Garraf hem organitzat una pluja sobre el Congrés de Diputats, amb núvols més negres damunt del Pacte de Toledo. Quan Rajoy va adoptar la decisió d’augmentar les pensions un 0,25% durant uns quants anys, molts pensionistes vam pensar que ja n’hi havia prou. Les reformes de 2011 i 2013 no havien fet altra cosa que convertir el treball en més precari, més atur, menys sou, més incertesa laboral…, i evidentment la recaptació de la Seguretat Social va anar baixat. Per altra costat els diners acumulats al Fons de Reserva s’anaven gastant amb despeses que, algunes, eren impròpies, que no corresponien a Pensions. I el 2018 molts milers de pensionistes i de no pensionistes vam sortir als carrers de diverses ciutats espanyoles a manifestar el nostre desacord més ferm vers aquestes mesures contra el món del treball. La pensió no és un regal que fa l’estat, és un sou diferit que no es va cobrar en el seu moment i que es cobra quan ja s’ha sortit de l’entorn laboral. I finalment Rajoy va haver d’admetre que les pensions augmentessin segons l’Índex de Preus al Consum, l’IPC.

Ara, 2020, ens trobem que Espanya ha d’establir compromisos amb una Unió Europea que li demana retallades de la despesa pública per poder rebre l’ajuda necessària per mirar de pal·liar les conseqüències del Covid. Els pressupostos que el Gobierno està acabant de cuinar han de respondre a aquesta filosofia econòmica. Per un altre costat, o pel mateix, el Pacto de Toledo, ha acabat la redacció de les seves recomanacions que han de condicionar el futur de les pensions durant uns quants anys. Fins ara han arribat rumors, opinions de fonts “ben informades”, notícies aïllades que més que informar busquen temptejar les reaccions abans de fer un enunciat taxatiu, lleis, que regulin les pensions dels propers anys. Ara acaba de sortir el redactat de les recomanacions. Els mitjans, en general, remarquen els avenços però camuflen les mancances. Però no és únicament això, si no es deroguen les reformes de 2011 i 2013, si no es desmunta la darrera reforma laboral és tot el món del treball el que pot quedar tocat, encara més tocat, especialment els joves.

Però ara, 2020, no podem tornar a sortir al carrer com aquell 2018. Tant la Llei Mordassa com la pandèmia del Covid ho compliquen. És per això que vam pensar que si la gent no pot omplir els carrer com el 2018, i Madrid el 2019, sí que podem organitzar que les nostres reivindicacions omplin les bústies del diputats i membres del Pacto de Toledo. És per això que convidem tothom que vulgui donar recolzament a les demandes a l’entorn del futur de les pensions, que es posi en contacte amb nosaltres al correu iaioflautas.garraf@gmail.com. Farem arribar un text explicatiu de l’acció que proposem, el text que cal fer arribar als membres del Congrés i del Pacto de Toledo, amb les reivindicacions concretes, i les adreces electròniques de tots ells (menys la dels 43 que la mantenen oculta).

Es tracta que tothom que ho vulgui els faci arribar la carta i que reenvií tot el paquet (el text explicatiu de l’acció, el text que cal fer arribar als membres del Congrés i del Pacto de Toledo, amb les reivindicacions concretes, i les adreces electròniques dels diputats) a tots els seus contactes. Si ens ajudeu no cauran quatre gotes sobre el Congrés de Diputats, serà una veritable pluja. I ja sabeu, l’aigua, quan agafa empenta, obre camins fins i tot a la roca. El que ara s’acabi aprovant tindrà rang de llei durant un grapat d’anys.

El que és inútil és rondinar i no fer res més. Ens ajudeu? Us ajudeu? Els ajudeu?

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No els donis armes

  •  Iai@flautes Garraf / Unió Pensionista del Garraf
  •  Vilanova i la Geltrú
  •  09-11-2020 03:54

Pacte de Toledo. Eix

Pacte de Toledo. Eix

Els problemes reals de la Seguretat Social, són coneguts i no s’ha de cercar la seva solució en retallades de les despeses en pensions, sinó en les despeses impròpies i en els ingressos que es perden fraudulentament

Tots sabem que el Pacte de Toledo ha fet arribar les seves propostes al Govern, els mitjans de comunicació s’han preocupat de fer-ho saber, de subratllar-ne aspectes positius i camuflar els negatius. Després de llegir tot el text seguim pensant que queda molt treball per fer. No hi ha res de positiu? Sí, però una cosa és dir-ho i una altra l’aplicació. S’han fet millores però són millores més estètiques que reals, canvis que ajudin a empassar-se l’objectiu final: seguir avançant cap a la privatització. No és que siguem desconfiats, però sí que tenim certa experiència en afirmacions, veritats a mitges i incompliments.

Els problemes, els problemes reals de la Seguretat Social, són coneguts i no s’ha de cercar la seva solució en retallades de les despeses en pensions, sinó en les despeses impròpies i en els ingressos que es perden fraudulentament. S’atacarà tímidament els costos impropis, deixant-los pel 2023. Sobre ingressos, sense rebaixar significativament l’atur i augmentar els sous baixos, difícilment poden millorar les cotitzacions. Millorar el mercat de treball és imprescindible.

Quan derogaran les recents reformes laborals i quan es faran el mateix amb la llei de pensions? Amb aquestes lleis que permeten el treball escombraria, els sous misèrrims i la inestabilitat laboral, l’espai de millora és quasi nul i es deixa un  gran espai a l’acumulació de grans fortunes.

Les recomanacions del Pacte de Toledo proposen certes aparents  millores:

– es fixa l’increment de les pensions segons l’IPC, però sense que aquesta proposta es converteixi en llei i es blindi a la Constitució, ni el dret a la pensió, ni la seva actualització segons l’IPC estarà garantit. Legalment encara segueix vigent l’actualització de Rajoy i l’índex de sostenibilitat;

– es recupera la “guardiola de les pensiones” però no se estableix clarament com es pensa dotar econòmicament, és,únicament un desig;

– l’estat feia arribar diners a la SS mitjançant préstecs, i ara proposa que es facin transferències, és dir, sense interessos;

– les cotitzacions s’han de destinar únicament a pensions contributives, eliminant per tant les pensions que han de rebre la dotació d’altres partides dels P G de l’E;

– es vol actualitzar les pensions més baixes amb un increment del 1,18% en lloc del 0,9%. Això queda molt per sota dels 1.084 euros que Europa recomana  per sortir de la situació de pobresa. I el sou mínim interprofessional encara queda més per sota;

– proposen lluitar contra la bretxa de gènere però no s’ indica cap mecanisme per a fer-ho efectiu.

Però hi ha altres recomanacions que semblen clarament regressives per als treballadors.

– Per eliminar el “deute” de la SS, es proposa traspassar les seves instal·lacions a l’Estat i Comunitats Autònomes. El Tribunal de Comptes ha demostrat que aquest deute no existeix, i si es fes, la SS quedaria sense un patrimoni que la recolzés.

– No cal modificar cap llei perquè l’estat assumeixi les despeses  impròpies de la SS, la llei actual ja estableix que els Pressupostos Generals de l’Estat han de fer les aportacions que necessiti el Sistema Públic de Pensions. Això l’estat ho ha incomplert durant anys fent préstecs en lloc de transferències.

– L’any 2022 es demanaran 25 anys com període de càlcul per accedir a una pensió, i es contempla fer una ampliació progressiva del període cotitzat per accedir a la pensió màxima.

– Es proposa fomentar la prolongació de la vida laboral i penalitzar fins un 28% la prejubilació, tret d’algunes excepcions.

Tenint presents el percentatge de joves en atur, allargar la vida laboral i penar les prejubilacions sembla un contrasentit, i més encara si sovint responen a la voluntat de les empreses de prescindir de treballadors d’edat per a rejovenir les seves plantilles, deixant-los com a parats sense possibilitats de trobar feina.

– Establir la recomanació de fomentar la previsió social complementària, és a dir, els plans de pensions d’empresa, traslladant part dels beneficiaris fiscals de les pensions privades.

Per implementar-les es farà mitjançant Convenis Col·lectius. Això beneficiarà als treballadors de les grans empreses, a les mateixes empreses perquè permetria rebaixes d’impostos, i als  gestors: sindicats majoritaris, bancs i mútues.

També significaria obrir més la porta a l’ entrada progressiva de les pensiones privades en el terreny de les públiques en convertir-se en un complement que fàcilment podria anar creixent, i obriria pas als plantejaments  de la motxilla austríaca que tant agrada al president del Banc d’Espanya.

Les actuals propostes del Pacte de Toledo mantenen i endureixen els perjudicis per als treballadors en actiu, que van començar a la reforma de pensions del 2011 amb el president Zapatero, recolzat per CCOO i UGT. L’augment d’anys de cotització dels 15 als 25,  juntament amb el fet de retardar l’edat de jubilació fins els 67 anys ja suposen, per sí sols, una rebaixa de les futures pensions de jubilació al voltant del 20-25%. En cas d’ampliar els anys de cotització a tota la vida laboral, la caiguda de pensions podria arribar al 35%, segons els casos.

No ens sembla acceptable partir d’aquestes premisses per a establir un nou marc per a les pensions públiques. Seria un error de cara al present i una hipoteca intolerable pensant en el futur. És urgent una reforma fiscal social que recapti més sense augmentar la tributació, elimini el frau, l’evasió i la corrupció, fent que tota persona individual o jurídica pagui el que ha de pagar.

És urgent una reforma fiscal social que recapti més sense augmentar la tributació dels de sempre. Cal eliminar el frau, l’evasió i la corrupció, fent que tota persona individual o jurídica pagui el que ha de pagar.

La nostra resignació o indiferència és la seva arma més potent, però les hi podem prendre amb el teu ajut!!! Escriu-nos i t’informarem: iaioflautas.garraf@gmail.com

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El pacte de Toledo: la privatització de les pensions i els còmplices necessaris

Comunicat IAC 3a ronda del Pacte de Toledo

Còmplices de la privatització de pensions?

El 19 de novembre es van aprovar al Congreso les recomanacions de la tercera ronda del Pacte de Toledo (PT) amb les abstencions d’ERC i EH-Bildu) i els vots en contra de les CUP; el moviment pensionista s’ha posicionat en contra del nou PT.

Les recomanacions a la llei son fruit de la negociació entre la patronal de la CEOE i CEPYME i els sindicats institucionals CCOO i UGT. El contingut de les recomanacions te com a objectiu contenir la despesa (en pensions), la externalització de la redistribució i la promoció de les pensions privades.

El PT aposta per uns “sistemes complementaris” signifiquen la privatització de les pensions; convertint els sindicats en els “gestors” de la privatització, i en les entitats financeres internacionals en els beneficiaris de l’explotació d’aquesta part de la massa salarial. Els sindicats es converteixen així en còmplices de la gestió especulativa: mentrestant els beneficis d’aquesta especulació seran de les entitats financeres i, els riscs, a l’esquena de les persones treballadores.

Comunicat en .pdf

COMUNICAT: El pacte de Toledo: la privatització de les pensions i els còmplices necessaris

Còmplice necessari: Quan l’executor material d’un fet punible rep la cooperació imprescindible o útil d’un altre per a la perpetració del delicte.” Enciclopèdia Jurídica 

Aquest mes d’octubre el Pacte de Toledo va emetre un informe de “recomanacions”  per reformar l’actual sistema públic de pensions i que de ben segur (si no ho evitem) es convertiran en llei a través del congrés dels diputats.

En aquest informe es pot detectar un canvi d’estratègia, per part dels poders econòmics i polítics, per fer digerible un canvi de paradigma vers les pensions públiques, d’una magnitud que supera els somnis més humits i retorçats de la patronal i els bancs: si s’aproven aquestes recomanacions veurem com de la mà del govern “més progressista de la història” els sindicats podran esdevenir els “còmplices necessaris” per laminar les pensions públiques (un dret bàsic conquerit per les lluites de la classe treballadora)  posant-les en un procés de degradació permanent que camina cap a l’oblit de les almoines assistencials.

Però aquesta complicitat no es tractaria, com tantes altres vegades, de que els sindicats de concertació accepten retallades vergonyants, reformes laborals i de pensions a canvi de prebendes, poder institucional i recursos pels seus aparells; és tracta d’un canvi radical on aquests mateixos sindicats i qualsevol altre sindicat que ho accepti (i la pressió no serà poca) esdevindrien estructuralment un dels principals agents actius (i còmplices necessaris)  d’aquesta privatització. Però anem per parts.

Com dèiem, aquestes recomanacions apareixen en un context molt concret: la crisis de la pandèmia de la Covid-19 on la capacitat de mobilització i reacció popular es veu molt condicionada i limitada per la situació real d’emergència sanitària, però també limitada per l’oportunisme dels aparells d’estat que aprofiten aquesta crisi per intensificar i assajar elements de control i repressió selectius vers les classes treballadores. L’exemple del Madrid d’Ayuso i els seus barris populars és el més cridaner, però trobem tristos exemples en tota la geografia de l’estat començant per Catalunya tal com no s’ha cansat de denunciar la Plataforma 3 d’Octubre.

No obstant, les recomanacions del pacte recullen algunes reivindicacions històriques del moviment pensionista, que en el darrer període ha estat capaç d’ocupar els carrers i aixecar una mobilització sostinguda en el temps que ha condicionat tota l’agenda política i social d’aquest país. Els pocs elements positius que incorporen aquestes recomanacions del Pacte de Toledo son fruit d’aquesta lluita i a l’hora s’utilitzen com a coartada per fer passar sense soroll mediàtic els elements més lesius de les recomanacions tal com el mateix moviment pensionista (que no ha deixat de mobilitzar-se) està denunciant.

Així, entre les recomanacions positives de l’informe podem trobar la revaloritació de les pensions segons l’IPC i no lligat al factor de sostenibilitat i la ridícula pujada del 0,25% de la reforma del PP del 2013. Però el factor de sostenibilitat no és deroga i la lletra petita de l’informe diu que caldrà “actualitzar” els indicadors de l’IPC o utilitzar altres indicadors (lo qual pot deixar en no res la cosa).

També és positiu el fet de que les pensions mínimes es revaloritzin però molt lluny encara del necessari i amb data de caducitat.

O que es permeti computar els millors anys de cotització. Tot i que sense derogar les darreres reformes laborals i el desert de precarietat, temporalitat, falsos autònoms etc., que han deixat al seu pas aquestes reformes serà difícil ( si no impossible) per la majoria de jovent d’aquest país arribar als anys necessaris de cotització per poder gaudir d’aquest dret i si a més, tenim en compte que es vol ampliar el període de càlcul a 35 anys, tot plegat acaba sent un contra sentit.

És reconeix implícitament, per primer cop, que el marc de discussió neoliberal, que planteja la impossibilitat de sostenir les pensions a mig termini, malgrat que no existeixi cap proba empírica, és fals. No obstant, la Seguretat Social segueix desconnectada del tipus de polítiques econòmiques que es realitzen. Per tant es segueix analitzant els sistema de pensions sense relacionar-lo amb les condicions laborals o les polítiques impositives. Per exemple: quina és la raó metafísica per la qual les rentes del capital no poden contribuir al manteniment del sistema de pensions? No hi ha resposta. Perquè no es poden també amb impostos si és precís, com a dret universal i inalienable que són? No hi ha resposta. Com accediran a aquest dret els milions de dones que realitzen treballs de cures no remunerats, o els milions de joves que tenen treballs precaris i temporal sinó s’articula de forma radical el principi redistributiu del salari socialitzat? No hi ha resposta. Fins aquí, doncs, lo “positiu” d’aquestes recomanacions….

No es planteja derogar les reformes laborals de 2010 i 2012,  ni les reformes de pensions del 2011 y 2013 ni establir un SMI de 1.200 euros, com preveu la Carta Social Europea. Tampoc preveu cap reforma fiscal perquè realment paguin més els que més tenen i ingressen. Sí que planteja, no obstant, consolidar la reforma del 2011: allargar edat de jubilació “voluntàriament” als 67 anys i allargar el còmput de cotització.

1985, vaga general en defensa de les pensions

Res de mesures per acabar amb el 37% de la bretxa de gènere en salaris i pensions, com l’augment fins al 100% de la base reguladora de la pensió de viduïtat com a única font d’ingressos o l’equiparació de les empleades de la llar.

Per contra, tal com assenyala el moviment pensionista: amb aquesta reforma es trenca la solidaritat intergeneracional del sistema; les pensions es distribueixen en tres grans blocs; pensions mínimes miserables més pensió de viduïtat cada vegada mes reduïda, deslligades del seu caràcter contributiu; noves generacions que accedeixen a pensions cada vegada mes baixes i plans privats de pensions amb fons públics per a aquelles persones treballadores que els puguin pagar.

I és en aquest darrer punt on entren els sindicats com a “còmplices necessaris”.  Vist el fracàs de rentabilitat que ha tingut el pla del Banc Mundial i la Unió Europea de privatitzar les pensions via pensions individuals privades (amb tot de desgravacions per part del l’Estat) ara ho faran “a lo grande”: les pensions públiques es privatitzaran a través de plans d’empreses aprovats per conveni i els fons seran gestionats per bancs i asseguradores.

Aquest fons “complementaris” per els treballadors dins les mateixes empreses representa una autèntica “motxilla austríaca” envers les pensions. I pot representar que en moltes grans i mitjanes empreses així com administracions públiques privatitzin de facto el sistema de pensions.

Per posar un exemple: l’any 2003 CCOO i UGT van signar un acord per introduir un pla de pensions privats amb la Caixa  per el conjunt d’empleats públics de la Generalitat. Des de la IAC ens hi vam mostrar radicalment en contra, vam recollir més de 10.000 signatures de les treballadores i treballadors demanant una consulta al respecte. CCOO i UGT s’hi van negar…

Ara, aquest model es vol institucionalitzar i generalitzar. Ja sigui a través d’acords amb l’administració o entre empreses i sindicats. A la IAC ens trobaran al davant denunciant-ho, no serem còmplices d’aquest saqueig de les pensions públiques que són fruit de la lluita sindical de la classe treballadora. Ens seguirem mobilitzant com a part del moviment pensionista per unes pensions públiques i universals que garanteixen el dret a una vida digna per totes i tots. No serem còmplices i denunciarem a tots aquells que contribueixin per activa o per passiva a desmantellar un dels drets més fonamentals de la classe treballadora.

IAC
30 de novembre de 2020

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Mirar que noticias

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa.inclusion@inclusion.gob.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Paseo de la Castellana, 63

28071 – MADRID

a 1 de 4 Nota de prensa

Ejecución presupuestaria a 31 de octubre de 2020

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 5.544,35 millones de euros

 Este dato equivale a un 0,5% del PIB

 Las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 129.605,49 millones de euros, un 8,2% más

Viernes, 27 de noviembre de 2020.- Las cuentas de la Seguridad Social

presentan un saldo negativo de 5.544,35 millones de euros a 31 de

octubre de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos

reconocidos por operaciones no financieras de 135.473,55 millones de

euros, que registran un incremento del 11,44%, y unas obligaciones

reconocidas de 141.017,90 millones, que crecen en un 10,34%

interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 89,5% corresponde a las

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el

10,5% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En

cuanto a las obligaciones, el 88,47% ha sido reconocido por las entidades

gestoras y servicios comunes y el 11,53% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los

131.869,67 millones de euros, con un incremento del 11,04% respecto al

ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del

10,36%, hasta alcanzar los 140.933,68 millones de euros.

Ingresos no financieros

En lo que va de año, los ingresos por cotizaciones sociales han

ascendido a 99.089,69 millones de euros, lo que supone 4.112,99

millones de euros menos que en el mismo periodo de 2019 (-3,99%).

Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de

ocupados de un 6,47% (6.298,75 millones de euros menos), mientras que

la cotización de desempleados se eleva un 37,34% (2.185,76 millones de

euros más).

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El descenso en los ingresos por cotizaciones tiene su origen en las

distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la

pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para

aquellos autónomos perceptores de las ayudas, medidas que hasta

septiembre de 2020 han supuesto ingresar 3.630,81 millones de euros

menos. A ello se une, la concesión de moratorias en el pago de las

cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los

trabajadores por cuenta propia.

Además, hay que tener en cuenta el efecto que han tenido las

devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de la

prestación por COVID-19 sobre los ingresos, siendo las cuotas

reintegradas hasta 31 de octubre de 503,98 millones de euros.

Las transferencias corrientes ascienden a 35.462,22 millones, lo que

representa un incremento del 109,41% interanual. La partida más

significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y

Organismos Autónomos que suma un total de 28.707,61 millones (un

110,53% más).

Este incremento se debe, fundamentalmente, a la transferencia de

14.002,59 millones que el Estado concedió a la Seguridad Social para

equilibrar el impacto de la pandemia en las cuentas.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron

129.605,50 millones, un 8,20% más que en el mismo periodo de 2019.

Esta cifra representa un 91,91% del gasto total realizado en el sistema de

Seguridad Social. La mayor partida, 120.338,70 millones, corresponde a

pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8,69%

(9.617,06 millones de euros más).

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez,

jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un

2,97% hasta los 103.575,36 millones de euros. Este incremento tiene su

origen en el aumento del número de pensionistas (0,05%), en la

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elevación de la pensión media (2,21%), así como en la revalorización de

las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,90%).

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor,

corresponsabilidad en el cuidado del lactanteriesgo durante el

embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por

cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 2.461,65 millones, con

un incremento interanual del 13,26%, debido al aumento del permiso por

paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal ha aumentado un 26,30%, hasta

los 9.560,76 millones de euros. En concreto, el gasto en incapacidad

temporal por contingencias profesionales registra un incremento del

16,55% respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en 1.007,52 millones

de euros. El gasto de incapacidad temporal por procesos derivados del

COVID-19 alcanza los 750,17 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en incapacidad temporal derivado de

contingencias comunes ha sido de 7.802,22 millones de euros, un

17,06% más que un año antes.

Merecen especial atención las prestaciones para autónomos, cuya

nómina hasta el 31 de octubre, ascienden a 4.290,38 millones de euros.

A sufragar la prestación extraordinaria por COVID-19 se destinaron

3.701,71 millones de euros; y 588,67 millones de euros, al cese de

actividad ordinario previsto en el Real Decreto Legislativo 8/2015 y Real

Decreto ley 24/2020.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los

complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los

9.266,80 millones de euros, un 2,31% más que en el mismo periodo del

ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no

contributivas y complementos por mínimos 7.420,62 millones, y a

subsidios y otras prestaciones 1.846,18 millones, de los cuales 1.787,51

millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.

Específicamente, a prestaciones familiares corresponden 1.612,38

millones, con un incremento de un 9,50% respecto al mismo periodo del

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año anterior, y que viene motivado por la mejora en la cuantía de las

mismas que ha pasado de un importe de 291 euros por hijo a cargo a

341, o 588 euros en los casos de muy bajos ingresos.

Los gastos de gestión, por su parte, marcan un retroceso del 1,09%

interanual. En concreto, los gastos de personal han aumentado un

4,29%, mientras que los gastos corrientes de bienes y servicios

disminuyen el 9,61% y los gastos dedicados a inversiones merman el

5,08%.

El aumento de los gastos de personal se debe principalmente al cambio

de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en

diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al

ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los

restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por

tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el

reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

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¿Qué pensionistas verán recortada su paga extra por Hacienda?

En algunos casos, la reducción ha sido de hasta 400 euros

La noticia pillaba por sorpresa este miércoles a miles de pensionistas, que han visto recortada su paga extra en hasta 400 euros. Aunque ráidamente han saltado las alarmas para muchas personas mayores y otros beneficiarios de prestaciones, la gran mayoría de ellos no tienen nada que temer, ya que únicamente afecta a los que tienen embargos con Hacienda, es decir, a pensionistas morosos.

Los pensionistas a los que Hacienda les está embargando parte de su pensión por sus deudas tributarias tendrán este mes un mayor descuento del habitual en la nómina de la paga extra en cumplimiento de la normativa tributaria, que hasta ahora no se estaba aplicando correctamente en estos casos.

Según han explicado a 65Ymás fuentes de la Seguridad Social, esta situación afectará a unos 75.000 pensionistas a los que Hacienda les está embargando parte de su pensión. No afecta, en cambio, a los que perciben una pensión inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), dado que es inembargable.

Fuentes de Hacienda explican que diversas consultas emitidas por la Dirección General de Tributos en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 establecen que los límites de embargabilidad recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplican sobre la totalidad de las percepciones salariales, incluyendo también la paga extraordinaria de la pensión, criterio que, según afirman, fue refrendado por la propia Seguridad Social en 2018.

Así, sostienen las mismas fuentes, lo que se ha hecho este mes es aplicar de manera estricta el criterio mantenido en diversas consultas tributarias desde 2016 y por la propia Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 2018. De este modo, insisten en que no se ha modificado ningún criterio, sino que lo que se ha hecho es cumplir con la normativa y aplicar el criterio adoptado en legislaturas anteriores.

La Seguridad Social, por su parte, ha explicado que este mes se ha aumentado el importe a descontar de la pensión debido a que en los meses de paga extra se estaba deduciendo menos importe del que correspondía a cierto grupo de pensionistas con embargos con Hacienda.

Este mes a los pensionistas les toca recibir lo que se conoce como la paga extraordinaria de Navidad, además de la nómina ordinaria. Aunque la Seguridad Social ordena el pago a los pensionistas en los primeros días de diciembre, es frecuente que los bancos lo adelanten al 25 de noviembre o, algunas entidades, incluso algún día antes.

Esta mayor retención, por tanto, ha afectado a la nómina de noviembre por ser mes de paga extra (el otro es en junio), por lo que el mes próximo no se aplicará, y siempre sólo para aquellos pensionistas que tienen embargos con Hacienda.

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INTERVENCIÓ A RADIO SANT POL del dia 12/11/2020

1.- El col.lectiu de Pensionistes, ens hem desvinculat d’una manera definitiva de la Marea Pensionista de catalunya per no estar d’acord amb la intromisió de partits polítics i de sindicats majoritaris ( Podem i cc.oo.) en la seva comisió d’organització i per tant en la seva manera de fer. Nosaltres vam decidir en assemblea de Sant Pol NO acceptar aquestes injerències, i tal i com tenim i vam establir des de bon començament de la nostra activitat a Sant Pol, ens mantenim en ser apartidistes i asindicals. Si que pot haver gent de partits i afiliats a sindicats en la nostra associació, però per a defensar nomès les nostres reivindicacions, no a manipular el nostre moviment. Ara ens constituïm com Associació, amb el nom de Associació de Pensionistes i Gent Gran de Sant Pol (implementarem més activitats des d’aquest nou model de funcionament en benefici de totes i tots els pensionistes i gent gran del poble) i en pocs dies també ens incorporarem juntament amb molts altres pobles i entitats de poble d’arreu de Catalunya a una nova organització que s’anomena unitatpensionista.cat , i que tots volem mantenir-nos independents de determinats interessos de partits polítics i de determinats sindicats majoritaris, que no fan res en pro ni en benefici dels pensionistes ni de la Gent Gran.

2.- Entrem en la matèria de les conclusions de l’informe del Pacte de Toledo i les seves consequències….

– el primer a dir és que la mesa del Pacto de Toledo el formen una representació dels partits politics, una representació dels poders econòmics (bancs i asseguradores), una representació dels empresaris i una representació dels sindicats majoritaris CC.OO. i UGT (que suposadament haurien de representar als treballadors en actiu)… i curiosament no hi ha cap representació dels 9 milions de pensionistes i jubilats que hi ha en el país. I no ens volen ni veure.

el que fa a aquesta Mesa del Pacto de Toledo es comentar, negociar intercanvi de cromos….. i desprès de cobrar unes dietes que ens costen molts diners als contribuents, redacten un informe… unes recomanacions….

l’any passat, per interès del Partit Socialista ja es va reunir aquesta Mesa del Pacte de Toledo, però desprès de 1 mes i mig de converses i negociacions, no van arribar a cap acord….possiblement per la presió que vam fer el moviment pensionista muntant aquella gran concentració a la porta del Congreso amb més de 100.000 persones mobilitzades d’arreu de tot l’estat.

És cert que l’informe i recomanacions que fan… NO és vinculant per al gobierno de espanya, però si que el contingut de l’informe poc a poc en comptagotes i amb nocturnitat i alevosia.. els diferents gobiernos que se’l troben van aplicant les mesures recomanades segons els hi convè en el moment polític quan els interessa… i poc a poc… tots aquelles i aquells que son treballadors i treballadores actualment, els hi aniràn aplicant i les aniràn patin en el futur més pròxim… i els que avuí en dia ja som pensionistes i jubilats, algún serrell o alguna esquitxada segur que també ens afectarà.

Bé… veièm quines han estat les recomanacions aquesta vegada….

1.- Aquest passat 20 de octubre de 2020 aquesta comisió va aprobar… quasi per unanimitat (nomès les abstencions de ERC i BILDU i el vot contrari de Vox els hi van fotre la festa en l’aire), les 21 recomenacions que ja s’han elevat al Gobierno del PSOE-Podemos, per a que aquest ho reflecteixi en allò que a ben segur serà la 3a reforma del Sistema Público de Pensiones en els darrers 10 anys.

Son prácticament les mateixes recomanacions que l’any passa al febrero de 2019 no va ser possible aprovar donada la ferma oposició de ERC i del grup Unidas Podemos, ara cal dir que avui està formant part del Gobierno de espanya.

Sería bo preguntar-nos el per què…..¿Qué ha pasat per a que ara la postura hagi canviat, si les recomanacions son les mateixes seguint el mateix patrò de interessos econòmics i en contra de les clases treballadora i dels pensioniestes..? Segur que seria llarg i feixuc d’explicar aquest canvi en el posicionament del grup polític d’Unides Podem….. cal dir que els únics que s’han mantingut contraris a l’informe han sigut ER, EH BILDU i el BNGa

Bé, deixem de banda aquest entramat jurídic, polític i económic entre la gestió de la Seguridad Social i l’Estat, i ens limitem a parlar de les 21 recomanacions i posarem alguns exemples per ajudar-nos a separar el grà de la palla en aquestes explicacions.

0- Defensa y mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones.

Aquesta recomenació nomès és una declaració d’intencions, que no te més que bones paraules i no serveix per a res més.

1- Separació i clarificació de les fonts de financiació.

Aquí, li donen una petita estirada d’orella a l’Estat … però a continuació diuen que :

La Comisión considera inaplazable actualizar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que, sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas, se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado. La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse, –si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda-, permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia.

¿Que ens diu amb això la Comisió? Que la Seguridad Social te un deute amb l’Estat ( la qual cosa no es veritat) sino que a més està demanant que la Seguretat Social es desprengui del seu patrimoni inmobiliari (la xarxa de Hospitals de l’estat) per a poder saldar el pressumpte deute. I es clar, vedre-ho a empreses privades.

No nomès NO reconeix les enormes quantitats que l’Estat li deu a la Seguretat Social que son més de 135.000 millones d’euros segons el Tribunal de Cuentas del mateix Estat, sino que ademés carrega tota la culpa a la mateixa Seguretat Social. De traca.

2.- Manteniment del poder adquisitiu i millora de les pensions.

Aquí podem dir alló de que “per escriure aixó no cal haber anat a la universitat”.

No nomès no fan cap gest ni proposta per a blindar el manteniment del poder adquisitiu a l’IPC real mitjançant Llei, o a través d’un Article fonamental a la Constitució, si no que a més, suggereix la possibilitat de incloure altres elements per a valorar les revaloritzacions

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del futur, com ara l’evolució dels salaris, l’evolució de la economía interna, o el comportament de les propies cotitzacions/ingressos de la Seguridad Social.

Cal dir que porten anys provocant que els ingressos a la S.S. vagin disminuint amb les continuades reformes laborals que han portat quasi a l’esclavitut i a la pobresa instaurada a moltisims treballadors i treballadores. Per aixó, amb reducció dels salaris es produeix una reducció de les aportacions a la S.S. I per aixó volen fer-lo constar com a paràmetre a considerar en futures modificacions.

Doncs bé, l’ Art. 50 de la C.E. i el Convenio 102 de la OIT, ja deixen meridianament clar la situació d’obligatorietat de la revalorització de les pensions.

I no fan cap mena de recomenació de que las pensions mínimes s’igualin al Salari Minim Interprofessional de 950 euros en una primera tongada, ni tampoc la possibilitat de igualar-les al 60% del salari mig del país, tal com indica la Carta Social Europea.

3- El Fondo de Reserva o “La Guardiola de les Pensions”

Aquí la Comisió fa un “brindis al sol”, y proposa que els remanents han d’anar sempre al Fons de Reserva, i no fa ni una sola referència al perquè es van esgotar els 68.000 milions de que disposava a finals de 2.013, ni perquè es va dir res quan en M. Rajoy, va modificar la Lley que l’impedía fer ús de més de un 3% d’aquest Fons de Reserva en un mateix exercici, ni tampoc demanen que es faci una auditoria sobre quina destinació se li van donar a aquests 68.000 milions.

Paga la pena comentar que aquest Fons de Reserva, tenía 3 comisions: La Comisión de Gestión Técnica, La Comisión Asesora de Inversiones y la Comisión de Seguimiento. ¿Qué feien aquestes comisions mentre tant? Ahi lo dejo… com diu l’amic Gonzalo Boye.

En la Comisió de seguiment hi había representació sindical (cc.oo. I UGT) i era i és preceptiu que el Gobierno presentès un informe anual sobre l’evolución i la composición d’aquest Fons al Congreso de los Diputados. No sé d’altres persones, però nosaltres els pensionistes MAI em pogut llegir res del que estava passant, cap informe emès per cap d’aquestes comisions.

La pregunta que ens queda es: ¿Quins remanents pensen que pot tenir el sistema amb aquestes polítiques del mercat de treball i de rebaixa dels sous?

4- Cotitzación dels autónoms.

Aquesta recomenació demana que es vagi a DOS sistemas de pagament en UN mateix sistema de cotització a la Seguretat Social, un per als treballadors per compte aliè i un altre per als treballadors per compte propi, i aquí és on entren en escena els autònoms (molts d’ells que avuí en dia son FALSOS autónoms treballant per un altre (repartidors d’Amazon, de Globo, etc).

Aquí la Comisió s’oblida i es contradiu amb una de les seves primeres recomenacions, la convergència dels diferents subsistemas de cotització en un sol sistema de Seguridad Social. A data d’avuí, 25 anys desprès de la creació d’aquesta Comisió del Pacto de Toledo, encara existeixen diversos sistemes NO integrats en el Règim General de la S.S. (col.lectius de funcionaris, col.lectius de colegiats, militars, polítics, etc.)

Tampoc la Comisió discrimina sobre quins autónoms, perque no és el mateix un autónom que pot tenir un negoci, o una empresa amb treballadors, o que sigui un professional que treballi sol o que sigui un repartidor d’Amazon.

5- Periodos de cotización.

Aquí la Comisió recomana mantenir la nefasta Reforma de Pensiones de 2.011, la del Gobierno Zapatero aprobada amb la signatura i beneplàcit de CC.OO y UGT, que ja ve provocant desde el 2.015 una perdua en les expectatives de pensió dels actuals treballadors, que es va perdre amb l’augment de la edad legal de jubilació als 67 anys, més els 25 de base reguladora, que comportarà en molts de casos a una pèrdua d’entre un 20 y un 30% en la seva futura pensió.

La veritat, no sabem per a que serveix aquesta Comisió del PT que es constitueix per a fer sostenible el SPP i no posa la més minima resisténcia a tota aquesta pèrdua de DRETS. A la realitat, sembla ser un lobby, que es va constituir amb l’objectiu de finiquitar el Sistema Público de Pensiones.

En aquesta recomenació la Comisión es podria haber pres la molestia de tenir una visió més realista de la societat que l’envolta, o estudiar la posibilitat d’altres solucions que no passessin per allargar l’edad de jubilació (i encara meny quan tenim un ATUR juvenil del 40%).

Les possibles víes de solució podríe ser, des de reduir la jornada laboral mantenint els salaris (com ja fan en altres paisos)…o posar impostos finalistes, augmentar un punt la cotització social empresarial, carregues fiscals a la robotització de las empresas, etc., pero no, es més fàcil tirar pel dret i limitar-se a les mateixes errades de sempre, ni tant sols apuntant a la nova revolució digital 4.0 que está picant a la porta.

No es tracta de retallar despeses, es tracta d’incrementar els ingressos.

6- Incentivacions a l’empleo.

Aquí els de la Comisión, es limiten a dir que s’ha de millorar “el empleo” però que no s’ha d’incentivar les noves contractacions continuament, tal i com venen fent els darrers Gobiernos en els últims 15 anys. Sí que aconsellen protegir especialment als col.lectius més desafavorits. Quins, si tots estan pitjor any rere any..?

Tampoc perden ni un minut en fer aportacions en el sentit d’anar transformant el mercat de treball, amb increments en I+D+i, o tractar de crear llocs de treball d’alt valor afegit en els sectors de les energías renovables i netes, o en les noves tecnologíes, de tal manera que s’anès a un canvi del sistema actual, que pivota únicament sobre el turisme i els serveis, que resulten unes activitats molt inestables com estem veiem darrerament amb la situació que tenim i en casos com catastrofes atmosfériques, atentats o pandemies com la actual, que a més, nomès aporten salaris i contratacions de molt baixa qualitat i retribucións, que redueixen drásticament les aportaciones al Sistema Públic de la Seguretat Social i de retruc a les futures Pensions.

S’hauria de facilitar la participació en el mon laboral de les dones (amb nomès un 52% de tasa d’activitat), l’empleo juvenil i l’empleament de l’Estat i CC.AA., que es de 3 a 9 punts per sota en comparació amb altres paisos de la UE: sanidad, educación, escuelas infantiles, serveis sociales, residencies públiques per a gent dependent, etc.

En aquests camps es podrien crear prop d’UN milió de nous llocs de treball.

7- Modernización e información al ciudadano.

En esta recomendación, la Comisión entra a valorar el trabajo que se ha hecho en cuanto a los nuevos sistemas de información al ciudadano, resalta lo avanzado que está actualmente el sistema. Insta al Gobierno a que cumpla con las obligaciones de información al ciudadano, que fija el Art.17 de la Ley General de la Seguridad Social, para que el ciudadano pueda estar informado de sus expectativas futuras de pensión.

El Partido Popular ya decía hace años que pondría los medios, para que los ciudadanos pudieran saber en cualquier momento que posible pensión tendrían en el futuro. Pero eso no se puso en práctica, quizás para no alarmar a los futuros/as pensionistas, dado que la disminución, ya se empezaba a notar como consecuencia de la reforma de 2.011.

8- Gestión del sistema.

Aquí, después de hablar de la necesidad de mejorar la gestión del sistema, tanto por parte de la Seguridad Social, como de las entidades gestoras y colaboradoras, la Comisión recomienda la creación de una Agencia de la propia Seguridad Social, con la finalidad de que garantice, la simplificación, racionalización de economía de costes.

No entendemos para que duplicar más aun la burocracia, en un momento en que las nuevas tecnologías permiten agilizar los procesos entre administrados y Administración.

También pide que se cubran los puestos de trabajo del personal que se ha ido jubilando, y que se rejuvenezca la plantilla administrativa.

9- Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

En esta recomendación, la Comisión plantea la necesidad de que dichas mutuas, mejoren la paridad en sus órganos de gobierno.

Quiero recordar que la Seguridad Social, ha salvado a muchas de estas mutuas y entidades, lo que no concuerda mucho con la necesidad de seguir duplicando la burocracia.

Vale la pena recordar, que las mutuas llevan años asumiendo cada vez más competencias, incluida el control de las bajas comunes de los trabajadores en muchos casos. Y, aunque dicen que son sin ánimo de lucro, no son más que organizaciones empresariales, que chupan del sistema de la Seguridad Social.

Esto ha perjudicado a los trabajadores, ya que las mutuas ejerciendo el control de las bajas comunes en muchos caos, lo que mejor saben hacer es presionar para que esos trabajadores se incorporen al trabajo aunque no estén completamente curados.

10- La lucha contra el fraude

En esta recomendación, se menciona lo negativo del fraude para el sistema (eso sí, en primer lugar se menciona a los ciudadanos/as defraudadores), parece que para la Comisión esto es lo más negativo. Hace la petición de que se pongan en común los diferentes sistemas informáticos, de todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude, como son: La Tesorería General de la Seguridad Social; el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Los Servicios Públicos de Empleo; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las Instituciones Tributarias Forales, y el Ministerio del Interior.

En esta recomendación también se pide, una estrecha colaboración con las CCAA para una mejor utilización de los recursos. Esta es la teoría. En la práctica la inspección de trabajo carece de los medios humanos suficientes para ser eficaces en la lucha contra el fraude. Veremos si se contrata más personal para este fin.

11- Contributividad

Esta recomendación no ha variado en la práctica desde el año 2.011, y básicamente recomienda que se ha de mantener la relación entre el esfuerzo que hace el trabajador en sus aportaciones al sistema, y la posterior remuneración de su pensión.

Todo y así, recomienda que se han de tener en cuanta determinadas excepciones, de cara a los trabajadores/as que se ven obligados a jubilarse antes, como con los que tienen largas carreras de cotización.

No hace por eso, ni una mención al movimiento AJUVI, un colectivo que tiene 40 años o más cotizados, y que lleva años pidiendo que no se les penalice de por vida, sino que esa penalización de los coeficientes reductores, deje de aplicarse a partir de que cumplen la edad ordinaria de jubilación, 65 años.

12- Edad de jubilación.

Aquesta recomenació, en línia amb el que pensa el Gobierno, mantè que jubilació ha de ser a l’edad ordinària, es a dir, als 67 años fixats desde la reforma de 2.011 de Zapatero, i corroborada i signada aquesta també per CC.OO y UGT.

No s’entèn que aquesta Comisió del PT, desconegui i obvii que actualment tenim un atur juvenil del 40%, que més de 300.000 jóves, en els que em invertit molts diners i recursos públics per a formar-los, hagin tingut que sortir d’Espanya, atès les poques o nul.les expectatives laborals que aquí se’ls hi oferia.

Sembla que tampoc els importi els milers i milers de jóvens que surten de les universitats per a treballar com a becaris a empreses durant anys i panys, sense cobrar res o una miseria i sense cotitzacions a la Seguretat Social, perque resulta que estan bonificats o exempts.

No es pot entendre tampoc que la Comisió del PT desconegui l’entorn Europeo que ens envolta, i en el que ja fa anys que funcionen les reduccions de jornada, les jornades a temps parcial ( però amb salarios estables i dignes), i amb altres mesures laborals tendents a paliar aquests problemes.

Perllongar l’edad de jubilació perjudica doblement als que tenen professions més dures i salaris baixos, perque l’esperança de vida i el temps de vida saludable son menors que en aquells que disposen de rendes molt altes i treballs amb poc esforç físic.

13- Prestaciones de viudedad y orfandad.

Esta recomendación, a pesar de que en su segundo apartado se pronuncia por mantener las dos prestaciones como contributivas, y se manifiesta en contra de la utilización de otros parámetros como (edad, renta, hijos o compatibilidades) al asignarlas, lo cierto es que toda su argumentación posterior, va encaminada a su modificación en unos años, para pasar a considerarse una mera aportación económica de subsistencia, excepto a personas viudas con más de 65 años sin otras rentas.

14- Esta recomendación ha sido suprimida.

15- Solidaridad y criterios de suficiencia.

Más de lo mismo, en esta recomendación plantean al Gobierno que sería conveniente tener fijado una pensión mínima, como tenemos establecido un Salario Mínimo Interprofesional, y evitar los casos de pobreza severa que se están produciendo, en nuestro sistema público de pensiones.

Pero casualidad o no, se olvida de que decenas de miles de pensionistas del Estado, llevamos años reclamando una pensión mínima igual al salario mínimo y que, a su vez, habría de ser el 60% del salario medio de cada Estado miembro. En España (tal y como dice la Carta Social Europea), es de 1.084 euros al mes y 14 pagas al año.

16- Sistemas complementarios

Aquesta recomenació es pot considerar com el “rovell de l’ou” de la questió de les futures pensions.

Utilitcen FRAUDULENTAMENT l’Art. 41 de la Constitució per argumentar que aquest obre la posibilitat a d’altres sistemes de pensions de caràcter voluntari. Però no fan servir l’Art. 50 de la mateixa Constitució o el Convenio 102 de la OIT, per dir-li a M. Rajoy que no podía congelar les pensions. Aixó son els polítics que tenim i que gobernen.

Sota d’aquest paraigues volen introduir (copiant el model de les EPSV de Euskadi i el model británic) els PLAN DE PENSIONS DE EMPRESA.

¿En qué consisteix aquest contrasentit que proposa la Comisión? L’objectiu final es el de disminuir i aprimar la part correponent destinada a les pensions públiques, i derivar una gran part d’aquestes cap aquelles pensions privades. A més, a les empreses, en total paguen menys en cotitzacions i fan encara més benefici.

Evidentement, en aquest joc hi participen els sindicats majoritaris CC.OO y UGT, que fan negoci amb la seva gestió, a més de tenir-les com un punt més a tractar en la negociació colectiva. A més a més, ells, aquests sindicats ja tenen els seus propis sistemes i empresesque els hi generen gran quantitat d’ingressos.

També es pretèn donar recolzament un cop més a les entitats bancàries, per a que mitjançant aquesta capitalització dels fons, puguin disposar de liquiditat i poder constituir un fons de inversió que pugui arribar a competir en el mercat globalitzat actual.

¿I les treballadores i treballadors que aconsegueixen amb aixó?

Primer, a mig i llarg termini, que les seves pensions públiques de inmediat futur siguin molt més baixes i a llag futur que siguin de misèria.

Segon, acabar amb la solidaritat intergeneracional i interterritorial que es produeix amb el Sistema Públic de Pensions.

Tercer, que es crearán dos o més classes diferenciades de treballadors: els que tenen treball fix i ben remunerat que quan es jubilin tindràn una bona pensió PUBLICA acompanyada d’una complementària de l’empresa o d’una privada, i aquells altres que tindràn una pensió pública ASSISTENCIAL. La Renta Bàsica Universal.

Quart, molta inseguretat, ja que en la situació económica actual d’una volatilitat extrema, genera molta més confiança posar aquest diners a la caixa comú de la Seguridad Social, que no pas en una entitat privada. Recordem que els darrers 10 anys, tots els Plans Privats han donat resultat negatiu als qui en ells van confiar.

Cinquè, que aquest sembla ser el primer pas cap a la Motxila Austriaca, que acabarà de manera definnitiva amb els pocs DRETS que encara avuí disposen les treballadores i treballadors.

La pregunta que s’haurien de fer totes les treballadores i treballadors seria aquesta:

¿Per què pretenen i volen que es posi tots aquests diners per a que es gestionin

desde entitats privades, i no es vol que es pugui posar a la caixa única de la Seguretat Social?

Si fem allò que ells pretenen i volen, estarem incrementant la inestabilitat del Sistema Públic de Pensions i de la Seguretat Social ( hospitals, metges, sanitaris, etc.) i a més estarem eliminant les pensions públiques dels nostres fills i nets.

És aixó el que les treballadores i treballadors actuals vole permetre..?

Nosaltres els pensionistes actuals, no tenim perill de les nostres pensions, però si que estan en joc la dels nostres fills i filles, i per aixó lluitem contra aquestes imposicions, per GARANTIR pensions públiques i de qualitat per els nostres fills i nets.

17- Mujeres y Seguridad Social

Si esta Comisión ha abandonado su trabajo en la práctica totalidad de sus campos de actuación, ha sido en este precisamente, el referente a la brecha de género, donde se puede considerar totalmente nulo.

En esta recomendación, la comisión hace una serie de apuntes, en relación con las políticas laborales nefastas en relación con la igualdad de género, los trabajos peor remunerados, los contratos más cortos, los trabajos del hogar… que han dado lugar a que esa diferencia de género en materia de pensiones este hoy en día situada en un diferencial del 37% en contra de las mujeres.

La propia Comisión considera que aunque se hayan desarrollado algunas políticas en ese sentido, no se ha avanzado prácticamente nada.

También reconoce la necesidad de actuar en cuanto a la cobertura de lagunas para hacerlas eficaces, y en la contratación a tiempo parcial, con un porcentaje muy alto de mujeres, haciendo mención a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 8 de mayo de 2.019, por la que condena al Reino de España en el caso Villar Láiz, por trato discriminatorio en cuanto a pensión otorgada por la Seguridad Social, Sentencia confirmada también por el Tribunal Constitucional.

No entendemos, como puede ser que esta Comisión no acierte a detectar, todas las injusticias que se producen día tras día en materia de pensiones, y tenga que ser el Tribunal Europeo quien nos enmiende la plana.

En nuestra opinión, nuestro Sistema Público de pensiones tiene tantas carencias y tantos parches, en la parte baja de su tabla, que no vemos más que una solución. Que el Estado haga una apuesta seria por regularizar la situación y que el Gobierno tenga la valentía, de fijar la pensión mínima en los 950 euros actuales del SMI, con la perspectiva de llegar a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea al finalizar esta legislatura, y así mismo, subir el SMI a los 1200 euros en esta legislatura.

17 bis – Juventud y Seguridad Social

La comisión es consciente de la dificultad de nuestros jóvenes para encontrar un empleo, y pide al Gobierno, políticas que faciliten el paso de los estudios al mercado de trabajo.

Pero una vez más, no recomienda al Gobierno que no alargue la edad de jubilación, o que reduzca la jornada laboral, para tratar de integrar a los jóvenes en la sociedad.

Así mismo está preocupada por el descrédito, que sufre la Seguridad Social entre los jóvenes, pero recomienda planes de pensiones ajenos al Sistema, como los planes de empresa, sabiendo que eso debilitara el sistema, y hará efectivos esos temores de los jóvenes, de no tener pensión publica mañana.

La Comisión considera que el colectivo de becarios necesita más protección, y que se ha de profundizar en ella mediante la adopción de medidas legislativas, pero no señala cuales podrían llevarse a cabo.

Hay una de muy sencilla: que todos cobren como mínimo el SMI, estén dados de alta en la Seguridad Social, y en un año, que las empresas estén obligadas por Ley a contratarles como un trabajador/a más.

18- Personas con discapacidad

En esta recomendación la Comisión hace todo un decálogo de buenas intenciones, y nos remite a la recomendación de 2.011, y a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, y su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2.013).

Mientras que toda la recomendación está llena de buenas palabras y peticiones, la situación que tenemos en los centros concesionarios encargados de las cuidados de diversidad funcional, o de los grados de dependencia son un verdadero caos, de tal manera que no te hacen caso ni aunque vayas arrastrándote, por no hablar de las bajas laborales de larga duración, donde exigen a los trabajadores/as su incorporación al trabajo, en muchas ocasiones en situaciones lamentables.

Ejemplo: Mi compañera solicita grado de revisión de su grado de discapacidad. El médico y la asistente social que la visitan, nos dicen que pasaran por casa a ver qué grado de dependencia, la correspondería, ya que para ellos supera el 75%, a partir del cual ellos harán la solicitud, ya que han de hacerlo de oficio al llegar a ese 75%. Pasados unos meses, otra persona hace la visita a casa, y nos comunican después de unos meses más, que no tiene derecho a ningún grado de dependencia, la dan un 74% de discapacidad, con lo que eluden el cumplimiento de la Ley, y tienen una persona menos entre las miles que esperan su grado de dependencia, y que mueren esperando; 80 personas al día mueren sin recibir la prestación de dependencia a la que hubieran tenido derecho.

La sociedad necesita menos buenas palabras y promesas, y más cumplimiento de las leyes, y de los programas con los que se presentan los partidos a las elecciones.

19- Trabajadores migrantes

En esta recomendación, la Comisión vuelve a aconsejar con más o menos fortuna, lo que se ha de hacer, para que dichos trabajadores/as, se integren en la sociedad, y no se produzcan situaciones de exclusión social, para conseguir que la migración sea un fenómeno beneficioso, y sea percibido como tal, por la sociedad de acogida.

19bis- Seguridad Social y Economía Digitalizada

Aquí la Comisión, ve serios problemas de que solo con las contribuciones sociales, se pueda mantener el sistema a medio plazo, dada la nueva revolución tecnológica que tenemos a la puerta. Ahora bien, en recomendaciones anteriores donde se pronuncia por mantener la edad de jubilación, u otras medidas restrictivas semejantes, parece que eso no le importe mucho.

Dice textualmente: El compromiso de esta Comisión con el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional nos lleva a alertar, en línea con recomendaciones anteriores, sobre la necesidad de corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX. Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen los ingresos de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

20- Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo

En esta recomendación, la Comisión trata simplemente de asegurar su propio futuro, convirtiéndose en una comisión permanente, pues no en vano es una comisión obscurantista y se mantiene a lo largo de todas las legislaturas. El siguiente párrafo lo deja bien claro:

“se valora positivamente que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tenga naturaleza de comisión permanente”

CONCLUSIONES

La primera conclusión que podemos sacar de todo

el Toledo, ni se creó con el objetivo de salvaguardar el Sistema Público de Pensiones, ni trabaja para ello, más bien se ha convertido una firme aliada, de todos esos intereses económicos que compiten por privatizar ese sistema público.

La segunda conclusión sería, que la Comisión procura no meterse demasiado con los actuales pensionistas, aunque no aborda, los duros problemas que afectan a más de 4 millones de ellos, como la disminución de la brecha de género, o igualar las pensiones mínimas al SMI.

Pero sí que les prepara un futuro muy negro a los FUTUROS pensionistas, si estos no reaccionan.

La tercera conclusión sería, que las medidas que se prevé poner en práctica, de los temas de autónomos, de horas extras, la revalorización al IPC, de pasar los gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado, reconocer que la Seguridad Social no tiene déficit… son propuestas, que todas ellas han salido de nuestras reclamaciones. Si no hubiera habido movilización, nada de esto se hubiera hecho, ni tan solo estaríamos hablando de ello.

La división del antiguo Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, de la que siempre nos hemos quejado, ha sido el primer gol que este Gobierno nos ha metido.

Como consecuencia de esta conclusión, haríamos bien en reconocer todos/as, que nuestra lucha no ha sido en vano, que ninguna lucha es en vano. No hemos cubierto ni de lejos los objetivos que teníamos, pero hemos avanzado algo.

TRES PREGUNTAS QUE ENTIENDO NOS HEMOS DE HACER.

1.- ¿Porque quieren que los trabajadores hagan aportaciones a los planes de empresa, o privados, cuando esas aportaciones podrían hacerse a la Seguridad Social y reforzar el sistema público?

2.- Ahora que Unidas Podemos está en el Gobierno… ¿Por qué no se habla de la Proposición de Ley, que dicho partido presento en 2018, y que el PP y Ciudadanos rechazaron? Cuando era una propuesta que recogía el 90% de nuestras demandas.

3.- ¿Qué ha cambiado para que con las mismas recomendaciones que ahora, no hubiera acuerdo de la Comisión en febrero de 2.019, y ahora sí haya sido posible?

UNA SOSPECHA

Tengo la sospecha, de que esta reforma que se avecina (la tercera en una década), será la puerta de entrada a la futura Mochila Austriaca.

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Condenan a la mujer juzgada por ‘el chumino rebelde’ por un delito contra los sentimientos religiosos

Público

La sentencia le absuelve del delito de provocación a la discriminación, al odio y la violencia del que también estaba acusada. Deberá pagar durante nueve meses una multa con una cuota diaria de 10 euros.

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha condenado a la mujer acusada de participar en la llamada Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde a una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por un delito contra los sentimientos religiosos y a pagar las costas del procedimiento judicial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe este lunes, le absuelve del delito de provocación a la discriminación, al odio y la violencia del que también estaba acusada; una resolución que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La Asociación de Abogados Cristianos ejerció la acusación particular, y su presidenta, Polonia Castellanos, ha celebrado la sentencia y ha asegurado que “las ofensas gratuitas, innecesarias y deliberadas contra los católicos no pueden quedar impunes si queremos vivir en un estado democrático”.

La Asociación de Abogados Cristianos ejerció la acusación particular

La resolución considera probado que la condenada participó el 8 de marzo de 2013, durante la manifestación por el Día de la Mujer, en una “especie de procesión” ataviada con una peineta y con una vela grande en la mano y portaba, junto a otras personas con túnicas, mantillas o peinetas, “lo que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa, cuya imagen es una vagina de grandes dimensiones”.

Desfilaron por céntricas calles y se detuvieron ante la Catedral y el Palacio Episcopal, y ella, en compañía de los otros, emitía proclamas como “vamos a quemar, vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “Viva el Santo Chumino” o “Ni en el nombre del Padre, ni del Hijo, sino en el de Nuestro Santísimo Coño”.

A viva voz leyó —según los hechos probados— textos como en el que señalaba: “Creo en mi coño todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en mi orgasmo, mi única norma, nuestro placer, que fue concebido por obra y gracia de mis pulsiones sexuales, nació de mi decisión libre, padeció bajo el terrorismo machista, fue condenado, quemado e insensibilizado, descendió a los infiernos…”.

La condenada se declaró inocente en el juicio y afirmó que no pensó que pudiera ofender a los católicos, mientras la acusación particular reclamó un año de prisión y multa de 24 meses por provocación a la discriminación, al odio y a la violencia y por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.

“Lo que quieren hacer, evidentemente, es callarnos la boca y criminalizar las protestas”, afirmó la acusada en una entrevista con Público. Durante el juicio reivindicó la protesta por la contrarreforma de la ley del aborto que propuso el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

NUESTRO COMPAÑERO DOMICIANO EN RADIO RUBI

NO NOS GUSTA EL NUEVO PACTO DE TOLEDO

El Pacto de Toledo dará tres meses a Escrivá para fijar excepciones a la penalización por jubilación anticipada

La Comisión reserva el 27 de octubre para votar sus recomendaciones, que ya tiene listas y que revisará en una última reunión el viernes

EUROPA PRESS

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Efe

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización. 

Según han informado a Europa Press distintas fuentes parlamentarias, las recomendaciones que aprobará la Comisión que preside la exministra socialista Magdalena Valerio reclama al Gobierno evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización.

En un primer momento, los grupos contemplaban recomendar un estudio para analizar posibles excepciones pero finalmente el texto incluido en las recomendaciones, ya prácticamente cerradas a falta de un último visto bueno la próxima semana, pone fecha a ese análisis y le llama a determinar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones a estas penalizaciones.

Una reunión más tras la moción de censura

Esta será una de las recomendaciones que verán la luz en los próximos días, pues según han reconocido varias fuentes a Europa Press, el texto definitivo está prácticamente atado, a falta de tan solo una reunión, fechada para el próximo viernes 23 de octubre, con la previsión de votarlas ya en Comisión cuatro días después, el martes 27.

Tras celebrar esta semana dos reuniones, los grupos concluyeron la última revisión de las recomendaciones, y quedaron en celebrar un último encuentro más para comprobar en papel el redactado final de los letrados con los últimos cambios.

Esta reunión estaba prevista para el pasado viernes cuando, según varias fuentes de la Comisión, Vox solicitó postergar los trabajos a la moción de censura que defenderá a partir del próximo miércoles, una solicitud aceptada por Valerio. Otras fuentes señalan que no fue el único grupo que solicitó más margen.

En todo caso, todas las fuentes consultadas por Europa Press coinciden que, a partir del próximo viernes, los grupos están emplazados a trabajar en sus posiciones finales que defenderán, ya sí en público, primero en Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.

Subidas del IPC

Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

Cálculo en 25 años

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022– pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respaldar medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, emplazando al Gobierno a identificar en tres meses qué excepciones podrían darse para esas penalizaciones, especialmente cuando la jubilación hubiera sido forzosa por la crisis.

Rechazo a un cambio radical

El nuevo texto, además, incluye una recomendación ‘cero’ con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una “transformación radical” del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o incluso eventuales reformas que afecten a los mismos.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como “fuente básica” de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

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